A siete años del asesinato de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, familiares y estudiantes normalistas demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que los hechos no vuelvan a repetirse, así como castigo para el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el comandante Ramón Arreola Ibarra, para que el caso no quede impune.
Más de 600 normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) e integrantes de organizaciones sociales, así como padres de los 43 normalistas desparecidos, participaron en la movilización que partió de la avenida Insurgentes y cruzó el centro de Chilpancingo, hasta llegar al entronque de la carretera federal México-Acapulco con la Autopista del Sol, donde bloquearon por dos horas, para celebrar una misa y realizar un mitin en memoria de los estudiantes.
A las 11:30, la movilización por los hechos del 12 de diciembre del 2011, donde también falleció el trabajador de la gasolinera, Gonzalo Miguel Rivas, avanzó vigilada por los observadores de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y apoyada por los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la coordinadora de egresados de la normal de Ayotzinapa.
Al frente, los normalistas portaron dos ataúdes de cartón y dos grandes coronas de flores blancas, además de dos monigotes de Aguirre Rivero y Arreola Ibarra, que luego del mitin fueron rociados de gasolina en un acto de “juicio político”, ante la falta de resultados de las instituciones que procuran justicia en el estado y el país.
A su paso por la avenida Alemán, donde se encuentra la sede estatal del PRD, los estudiantes lanzaron petardos y otros explosivos hacia el inmueble; además, escribieron consignas en las paredes de la fachada, donde se leía: “Asesinos y traidores”, “Ayotzinapa no se calla, CNDH di la verdad” y “bola de asesinos y ladrones”.
Durante la protesta, los estudiantes llevaron una lona que colocaron en la entrada del partido, donde se leía a un costado de la foto del ex gobernador: “Ángel Aguirre, asesino de estudiantes. Ni perdón, ni olvido”.
La movilización realizó una segunda parada, ahora en el anti-monumento de los 43, ubicado en la glorieta de Las Banderas, donde padres de los 43 estudiantes desaparecidos recordaron a los dos estudiantes asesinados con un minuto de silencio y a sus hijos, contando del 1 al 43. Ahí, el vocero de los padres, Melitón Ortega, recordó que para muchos el día era especial por la celebración religiosa; sin embargo, ellos no pueden olvidar que también era un día de crimen y de asesinatos contra los normalistas.
Sin mayores contratiempos y bajo un potente sol, la marcha continuó por los carriles laterales de la Autopista del Sol, para después incorporarse a los centrales, y finalmente, cerrar la vía en el cruce con la carretera federal, donde a las 2:30 se ofició una misa para pedir por el descanso de los estudiantes.

Una deuda pendiente

El hermano de Gabriel Echeverría de Jesús, Francisco Javier, señaló que a pesar de que el gobernador Ángel Aguirre quiso olvidar el caso, donde quiera que vaya sabrá que tiene una deuda pendiente, porque dejó a dos familias con un dolor muy fuerte.
Demandó justicia y reclamó la libertad de los dos policías ministeriales detenidos por las ejecuciones, y exigió al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador investigar a Aguirre Rivero y al comandante Arreola Ibarra. Recordó que en redes sociales el ex gobernador se confrontó con el ex presidente Felipe Calderón, quien lo responsabilizó de los hechos al no querer limpiar a la policía del estado.
El hermano del estudiante asesinado llamó al Congreso y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que continúen con las investigaciones contra el ex procurador Alberto López Rosas y otros involucrados.
Entre lágrimas, la mamá de Gabriel Echeverría reclamó al ex gobernador, quien ha dicho que está libre de las “manchas de sangre” de los sucesos, “no tiene ni vergüenza, (dice) que no es culpable. Yo como madre, el dolor que nos dejó a toda la familia, jamás olvido a mi hijo”. La señora señaló que Aguirre Rivero también fue responsable de la desaparición de los 43 normalistas, “qué cobarde, eso no se hace”. Recordó que a los estudiantes se les truncó una vida y su preparación académica.
En representación de los padres de los 43 desaparecidos habló la señora María de Jesús Tlatempa, quien reclamó que no se podían comparar las balas con la piedras que lanzaron los estudiantes “si es que las traían”. Señaló a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como gobierno asesinos y opresores de estudiantes. “Lo único que buscamos es la verdad, dónde están nuestros hijos. Justicia para los que murieron, no podemos permitir que pase este hecho, es triste y doloroso”.
Destacó “este sentir, y está preocupación que llevamos los padres, al dejar nuestra casa para venir a las movilizaciones obligados por Enrique Peña Nieto”, quien no esclareció el caso y por eso junto con sus funcionarios deben de “pagar por todo lo que nos hicieron”.
La madre del normalista desaparecido José Eduardo Bartolo dijo que “vamos a encontrar a nuestros hijos, porque eso nos imaginamos todos los días”.
Un representante de la normal de Ayotzinapa se sumó a la exigencia de justicia y castigo para Aguirre Rivero, involucrado en los dos hechos que han marcado a la normal, la del 12 de diciembre de 2011, y la noche de Iguala. Además, recriminó que el informe de la CNDH haya resaltado la verdad histórica que inventó la PGR, y que es falsa, “¿no se supone que tiene que estar de nuestra parte?”. El joven lamentó vivir en un país donde se persigue a los estudiantes.
En tanto tres representantes del FECSM manifestaron que los estudiantes normalistas no se van a dejar vencer y que van a seguir protestado, ante las injusticias contra los normalistas rurales, donde reconocieron que la normal de Ayotzinapa ha sido una de las normales más golpeadas en el país.

Las investigaciones cerradas y archivadas

El abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que las investigaciones por el asesinato de los dos estudiantes están “cerradas y archivadas. Aunque la Fiscalía dice lo contrario, pero desde hace cuatro años fueron liberados los dos únicos policías ministeriales detenidos, por un amparo”, al no existir pruebas suficientes que los incriminaran.
Consultado luego de la movilización, afirmó que la Fiscalía debió de seguir investigando, porque hay policías ministeriales y otros servidores públicos, como el ex gobernador Ángel Aguirre, además de una lista de 60 policías federales, que participaron en las agresiones y muchos de ellos dispararon sus armas, lo que se comprobó científicamente, “en consecuencia, se debió de abrir una investigación por parte de la PGR. Pero no hay ninguna investigación, ni siquiera un proceso administrativo”.
Indicó que hay otras dos averiguaciones previas por tortura, en agravio de nueve estudiantes, que tampoco avanzó y no hay una investigación, “paró su curso, si bien es cierto, lo ha dicho (el ex procurador) Alberto López Rosas, que muchos ministerios públicos fueron removidos de sus cargos, pero fue por el delito de evasiones de presos, porque soltaron a los estudiantes detenidos”, y no confirmaron si éstos tenían ordenes de aprehensión en lo federal.
Rosales Sierra recodó que a pesar de los señalamientos y pruebas, hay funcionarios como el director de la policía ministerial, Esteban Maldonado Palacios, que siguen trabajando y a quienes no se les abrió un proceso, “y así pueden estar otros funcionarios activos en el actual gobierno”.
Informó que desde hace dos años, el caso sobre los hechos del 12 de diciembre de 2011 fue enviado a la Comisión Interamericana, por la grave violación de los derechos humanos; sin embargo, el proceso es largo y planteó que sea el nuevo gobierno federal quien reabra el caso, que los hechos no queden impunes.