Un año, un mes y nueve días después de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) interrogó durante casi siete horas a José Luis Hernández Rivera, director de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, quien fue cuestionado sólo de temas académicos, no por las imputaciones de narcotraficantes que lo vinculan con la organización criminal Los Rojos.
“Se me planteó como testigo, entonces lo que expuse fueron situaciones académicas y sobre eso fue lo que versó mi parte. Nada (de las imputaciones). Me preguntaron sobre la situación académica y de mi estancia en la escuela. Ninguna (acusación), nada de eso”, expuso.
“Ya expresé todo públicamente y hay pruebas y evidencias de los expertos que el narcotráfico y el crimen organizado no están relacionados con nosotros en la Normal”, dijo al salir de las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En la investigación del caso Iguala integrantes de la banda delictiva Guerreros Unidos, incluidos sus líderes Sidronio Casarrubias Salgado y Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, señalaron a Hernández Rivera de permitir la infiltración de Los Rojos entre los estudiantes que fueron masacrados la noche del 26 de septiembre de 2014. Incluso, lo acusan de recibir un soborno de 300 mil dólares del grupo criminal.
Ayer a las 10:30 de la mañana, Hernández Rivera se presentó a declarar en la Subprocuraduría con el subdirector administrativo de la Normal, Rigoberto Barrera Urióstegui, quienes fueron acompañados por el abogado José Luis González Meza y el presidente de la asociación civil Comisión Nacional de Derechos Humanos Lázaro Cárdenas del Río.
Comparecieron en la averiguación SEIDO/UEIDMS/001/2015, a cargo de los fiscales federales Jorge García Valentín y Lourdes López Iturbe, quien los atendió personalmente. Los funcionarios sólo les hicieron 10 preguntas a cada uno de los testigos, quienes salieron de la SEIDO a las 5:15 de la tarde.