* Obligan a la gente a firmar en blanco: Alvarez

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena exigieron ayer a la Procuraduría Agraria que frene “los abusos y atropellos” contra las comunidades indígenas, en su intento por aplicar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).

En conferencia de prensa, el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Guillermo Alvarez Nicanor, explicó que el gobierno federal, en su intento por desarticular los conflictos agrarios en el país y particularmente en Guerrero, creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, “pero esto no es más que un atentado contra los pueblos indígenas”.

Señaló que la Procuraduría Agraria “con engaños” busca aplicar el Procede, y citó el caso reciente de San Agustín Oxtotipan, municipio de Martíres de Cuilapan, donde apenas el sábado pasado acudieron dos representantes de esa dependencia, Adriana Quevedo Sánchez y Samuel Muñoz Flores, “supuestamente para ayudarlos a actualizar el padrón de comuneros”.

Pero la actitud de los funcionarios se vio “sospechosa” –dijo Alvarez Nicanor– cuando “pidieron a los campesinos que firmaran unas hojas en blanco, y a quienes se negaban a firmar los amenazaron con sacarlos del Procampo”.

El fondo de esas hojas que fueron firmadas por 307 campesinos y que “rescatamos hoy de la Procuraduría”, según el dirigente indígena, son para “decir que los campesinos están de acuerdo con el Procede, pero no es así porque las tierras son nuestras”. Por lo que llamó al delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, para que “frene los abusos, atropellos” en contra de las comunidades.

Hay casos en el Alto Balsas –indicó– como en las comunidades de San Juan Telelcingo, San Agustín Huapan y San Francisco Oxtomatlan, donde ya “engañaron” a la gente con el Procede, y con ello la Procuraduría Agraria “pretende mostrar que no hay conflictos agrarios entre las comunidades, pero sí hay 14 focos rojos en la entidad”.

En su intervención, el también dirigente Marcelino Díaz de Jesús explicó que el Procede no puede aplicarse en las comunidades indígenas debido a que “las tierras son comunales, siempre hemos sido los dueños, sin embargo con el programa el gobierno federal aspira a la individualización para que así la tierra se pueda vender”.

Luego Díaz de Jesús calificó como “ruin y absurda” la manera en que la Procuraduría Agraria quiere emplear el Procede, por lo que advirtió que “si siguen engañando a las comunidades no nos hacemos responsables de lo que pueda sucederle a los empleados de esa dependencia”.