El vocero de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Procuraduría General de la República (PGR) están a cargo de la investigación de la desaparición forzada de los normalistas y ellos revisarán las versiones señaladas por los vecinos de Carrizalillo.
Los pobladores han insistido en que en las fosas de la banda criminal Guerreros Unidos, halladas en la zona, podrían estar enterrados los estudiantes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
De la Cruz ratificó que los padres no van a buscar a los normalistas en las fosas de Carrizalillo, porque los primeros días de búsqueda fueron a la región y no hubo información de su paradero.
Estimó que continuarán los hallazgos de fosas y muertos, pero corresponde a las instancias de justicia hacerse cargo de la investigación, es decir, la PGR y el GIEI. Por medio de ellos, los padres recibirán información de resultados científicos.
Dijo que la información de las fosas surgió de pronto, tras la detención de policías federales y un supuesto integrante de Guerreros unidos por vecinos de Carrizalillo, cuando pretendieron llevarse al presidente del Comisariado Ejidal, quien renta sus tierras a la minera Gold Corp.
En este sentido, señaló que tienen muchas dudas y desconfianza de la posibilidad de que en las fosas estén los desaparecidos de Ayotzinapa, ya que el gobierno está muy interesado en mantener la versión de que los normalistas están muertos y que la delincuencia organizada perpetró los crímenes.
Pero aclaró que los padres saben que los hechos de Iguala constituyen un crimen de Estado y de lesa humanidad, y si la delincuencia organizada participó fue en segundo término.
Demandó que el gobierno mexicano dé todas las facilidades a los expertos para que inicien a trabajar en su segundo periodo de mandato, que comenzó a su llegada al país, el 4 de noviembre.
Sin embargo, denunció que las autoridades están retrasando la entrega del expediente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, como se acordó con los expertos el 19 de octubre en Washington previo al informe del primer periodo de mandato en la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).
Aclaró que mientras el expediente siga en la SEIDO los expertos no pueden entregar su plan de trabajo, porque desconfían en los funcionarios de esa oficina.
En relación con Carrizalillo, puntualizó que los padres se reunieron con el GIEI el jueves en la Ciudad de México, y ellos les dijeron que iban a encargarse de toda la investigación, “porque para eso vienen a México, para decirnos la verdad, y nosotros confiamos en su trabajo”.
A las autoridades reiteró el llamado a que les den todas las facilidades para que realicen su labor, y que busquen vivos a los desaparecidos, ya que la nueva versión de que pueden estar en fosas de Carrizalillo, parece una forma de deslindarse de responsabilidades.