Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Secretaría de Gobernación dio a conocer al público el informe que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El reporte, que consiste en un informe de López Obrador y un apartado de anexos, fue enviado desde el 8 de julio en diversas fechas a los padres, pero fue este martes cuando los padres, por medio de redes sociales, fijaron una postura respecto al mismo y señalaron que el presidente había fallado a la promesa de encontrar a sus hijos.
El mismo documento, que consta de una carta dirigida a los padres, y de 21 puntos, fue publicado íntegramente por un periódico de circulación nacional el sábado 20 de julio, y el lunes 22 se publicó en El Sur una nota de ese reporte y el texto íntegro en la edición digital, proporcionado a este diario por don Emiliano Navarrete Victoriano, papá de José Ángel Navarrete González, uno de los 43 normalistas desaparecidos.
“El Gobierno de México da a conocer el Primer Reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. También se difunden los anexos, en cumplimiento a los principios de transparencia y para que la sociedad conozca el contenido del documento”, publicó la Secretaría de Gobernación en X (antes Twitter).
El reporte cuenta en un primer apartado con el informe del presidente López Obrador, que en sus 21 puntos realiza diferentes planteamientos sobre la investigación de los 43 normalistas desaparecidos.
En ese informe, el presidente hace referencias a un anexo, del que este jueves se dio a conocer el contenido total. En el anexo en cuestión, que consta de 109 páginas, se tratan seis temas los cuales el presidente mencionó en su escrito.
El primero es la resolución 28/2014, con la medida cautelar 409-14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que data del 3 de octubre de 2014. En su informe, el presidente señaló que dicha resolución no involucra la participación del Ejército.

En un segundo punto, se adhiere el Acuerdo para la incorporación de Asistencia Técnica Internacional, en referencia a los dichos del presidente de que dicho acuerdo fue firmado por Mario Patrón, quien era entonces director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Emilio Álvarez Icaza que era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Lía Limón, que era subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Como tercer punto se muestra la comparecencia del testigo de identidad reservada señalado como Juan, identificado como Gildardo López Astudillo El Cabo Gil y quien supuestamente era líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos. En su reporte el presidente señaló que El Gil aceptó participar en la desaparición de los normalistas.
En el cuarto apéndice se recopilan comunicaciones escritas entre el presidente y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en las que López Obrador solicitó que se dieran las “condiciones necesarias” para permitir el acceso a la información solicitada y Sandoval brindaba actualizaciones sobre el estatus jurídico de militares involucrados.
El presidente en su informe recordó que se entregaron 121 mil fojas a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y afirmó que nunca se negó información militar.
En el quinto punto se presenta la traducción de la sentencia de la Corte de Arizona sobre el caso Ayotzinapa, en la que está involucrado el entonces juez de barandilla municipal de Iguala José Ulises Bernabé García y que el presidente citó ya que la autoridad estadunidense señaló que era más “plausible” que gobierno y la policía federales fueran los responsables de la desaparición.
El sexto y último punto corresponde a un informe entregado por la Defensa Nacional el 5 de julio de 2024, titulado “Actuación del personal Militar en los sucesos del ‘Caso Ayotzinapa’”, en el cual la dependencia castrense concluye que no hay prueba de que el Ejército participó en la desaparición.
“No existe prueba alguna de que personal militar haya participado en la detención y posterior desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, manifestó la Sedena.
Este jueves le informaron al presidente López Obrador que los padres de los normalistas ya habían fijado una postura tras el informe enviado, y el mandatario anunció entonces que se haría público.