Tres jueces –de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla– decretaron anoche la libertad absolutoria para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que pasó dos años y siete meses en prision.
Se espera que este viernes a las 9:30 la dirigente comunitaria salga de la prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida luego de haber sido trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Los jueces de Tlapa y de Ayutla consideraron que no se acreditó el cuerpo de delito en la acusación de secuestro, ni el de privación de la libertad y robo específico que se atribuyeron a Nestora Salgado García, porque actuó como autoridad de la Policía Comunitaria, al amparo de la Ley 701.
Tampoco se acreditó la probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado de Huamuxtitlán, porque se presentaron pruebas de que cuando ocurrieron los hechos ella se encontraba a kilómetros de distancia del lugar.
Ayer a las 9 de noche, el juzgado 67 del reclusorio de Santa Martha Acatitla, le notificó los auto de libertad en las tres causas penales que la mantenían en prisión.
Este viernes, entre 9 y 10 de la mañana, la luchadora social saldrá de la torre médica del penal de Tepepan al sur de la Ciudad de México, donde la esperan representantes de organizaciones nacionales y de Guerrero, para trasladarse al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde habrá una conferencia de prensa conjunta.
Seguida de una comida con los policías comunitarios de Guerrero y representantes de distintas Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Confirmó su asistencia, el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, que también fue preso político, Bertoldo Martínez Cruz, y se mencionaba entre los asistentes al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, también preso con motivo de la lucha en defensa de sus tierras, y a las esposas de los presos de la CRAC de Ayutla y Chilpancingo.
Salgado García aclaró que ella solicitó que acudieran todos los que pudieran acompañarla, sin distinción.
En el lugar, la menor de sus hijas, Grisela Rodríguez Salgado, adelantó que con sus hermanas van a llevarse a su mamá a Estados Unidos, para atender su salud, deteriorada por las condiciones de reclusión. Consideró que ha empeorado mucho por el encierro.
En tanto, la luchadora social habló de las iniciativas que desea emprender en esta nueva etapa de su vida, y dejar atrás dos años y medio en prisión, de los cuales, un año ocho meses fue en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Mientras esperaban la resolución final de los jueces que se esperaba a favor, habló de las cartas que recibió de todo el país donde le contaron de las injusticias que padecen los más pobres en las prisiones de México, y su anhelo de trabajar por los presos políticos.
Pero Grisel se negaba a echar las campañas al vuelo, hasta que su mamá tuviera  las constancias de libertad en las manos, aún tenía desconfianza, “sabemos que es inocente, pero nos han jugado tan chueco tantas veces, hasta que la vea (libre), han sido casi tres años y de cierta manera como que te preparas mentalmente para lo peor”.
Una, tras la rejilla de los acusados, la otra viéndola desde afuera del edificio,  a través de un cristal, estallaron en risa cuando se confirmó la noticia.
El abogado Leonel Rivero Rodríguez, explicó que los jueces de Guerrero determinaron que en la acusación de secuestro no se acreditó el cuerpo del delito, porque Nestora Salgado estaba en funciones en la Policía Comunitaria de Olinalá cuando sometió a un proceso de reeducación a la presunta víctima.
Tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de privación de la libertad de policías municipales, y robo específico, porque es una autoridad comunitaria y se devolvió el equipo retenido a la autoridad civil.
Nestora Salgado destacó en este largo proceso,  el reconocimiento pleno a la Policía Comunitaria de Olinalá como autoridad, porque inicialmente, el gobierno de Guerrero y los juzgados cuestionaron su integración a la CRAC, ya que entonces eran de los grupos de más reciente creación.