El Estado defraudó a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y a la comunidad internacional al reactivar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña legalmente a los familiares de las víctimas.
En el cierre del periodo de sesiones de la CIDH en Washington los comisionados se refirieron al caso Ayotzinapa que se abordó en la sesión del 17 de marzo, y confirmaron que hubo una ruptura entre los familiares de las víctimas y el Estado mexicano, a la que siguió una reunión de trabajo “bastante difícil” donde hubo diálogo, dijo la comisionada Esmeralda Arosamena Troitiño.
Ayer en consulta telefónica, Barrera Hernández informó que en este momento no se van a reunir con las autoridades porque “será improductivo”, los padres van a esperar la mesa de trabajo con los comisionados de la CIDH en México, prevista para abril.
Denunció que la postura del Estado, que dio el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián de considerar válida la tesis del basurero de Cocula, “fue abiertamente a la defensiva” y desconcertó a las mismas instancias internacionales que, en la sede de la Comisión, se haya desacreditado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con pruebas científicas descartó la tesis oficial del Estado.
Barrera Hernández añadió que hay 130 detenidos, y de ellos no más de 16 están vinculados con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y no están acusadas de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada a pesar de que hay videos y testimonios de que estuvieron involucrados policías y militares.
Además de las irregularidades en el proceso de investigación, donde se presumen actos de tortura, detenciones que no están relacionadas con este caso, el gobierno sigue sosteniendo que es la versión más consolidada.
En el informe del Estado también se informó que se había atendido el 94 por ciento de las recomendaciones del GIEI, y el defensor aseguró que también es una falacia, porque no han entregado resultados.
Las autoridades “le apostaron a dar un informe, dieron datos vacuos para sobrellevar 20 minutos que le tocaban y el último minuto para reivindicar su postura dura del caso Ayotzinapa, para seguir administrando el caso políticamente, y es lo más perverso”.
Aclaró que lo que las víctimas pelean a las autoridades encargadas de la investigación de delitos, es que las actuaciones estuvieron viciadas para fabricar culpables.
“Hay una postura política que ha defraudado a los padres y ha defraudado a la comunidad internacional, cuando en la sesión pública vuelve reivindicar la hipótesis del basurero de Cocula como la más consolidada. Tiran todo el trabajo riguroso, científico, de alto profesionalismo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y desautorizan la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Para el gobierno, por encima de todo ese trabajo está su versión que construyó desde diferentes instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, denunció.
Ahora queda esperar la reunión con la CIDH y el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa en la Ciudad de México, con integrantes del equipo técnico.
De esta visita precisó que va más allá de que el gobierno declare que tiene disposición a seguir las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sino que exprese apertura y voluntad, en la vía de los hechos, con resultados.
Mencionó que en la CIDH los padres y representantes hicieron solicitudes concretas: saber en qué fechas van a proceder contra los policías de Huitzuco y los policías federales implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuándo van a enviar los citatorios a los militares, en qué tiempo van a tener los resultados del análisis de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y de los implicados, así como de la identificación de El Patrón y de El Caminante señalados en la investigación del GIEI, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los normalistas.
“Más allá de decir ‘sí queremos avanzar’, de manera concreta deben decir en qué tiempo habrá resultados en estos puntos”. Después, que se renueve el compromiso del gobierno de que hay una decisión firme del gobierno de llegar a la verdad.
Mientras tanto, dijo que los padres y madres están recibiendo información más completa de lo que significa la posición política que asumió el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para tener una valoración objetiva y al mismo tiempo puedan tener entrevistas y reuniones que serán en abril.
“El punto de la crisis está precisamente en que la PGR ha perdido credibilidad por estos manoseos, formas de investigar más centradas en el manejo faccioso de la escena de los hechos, creo que ese es el punto de discusión de fondo, y la importancia de que este mecanismo internacional ayude a desmantelar estos vicios de las investigaciones”, agregó.
“La ayuda internacional radica en que se obligue a las autoridades a corregir las inconsistencias, la falta de voluntad, porque sigue anclado a su verdad histórica, porque es la que más le acomoda a un gobierno que no quiere desarraigar la corrupción y los vicios de proteger a los responsables”, explicó.