Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes del ejido Ciénaga de Puerto Alegre, municipio de San Miguel Totolapan, demandaron el sábado en un escrito al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, frenar la violencia que sufren de grupos del crimen organizado, empresarios madereros que están saqueando sus bosques, y caciques regionales.
Los representantes ejidales, pidieron la omisión de sus nombres por las amenazas y el temor a la violencia; el año pasado cinco de sus dirigentes, entre ellos el comisario municipal, fueron asesinados.
Anoche, después de las 10, representantes del ejido denunciaron mediante mensajes de WhatsApp que recibieron nuevas amenazas de muerte de parte de integrantes del grupo delictivo, a raíz de la denuncia publicada en los medios de comunicacion y urgieron la presencia de integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, “porque se puede salir de control esto”.
En su escrito piden la presencia de la Guardia Nacional y acusan al grupo delictivo que encabeza Onésimo Marquina Chapa, El Necho, así como a los empresarios madreros Martín López Jaimes y su hijo Kevin Martín López Valenzo, de Bajitos de la Laguna, municipio de Tecpan de Galeana.
También mencionan a integrantes de la familia Medina García encabezada por Jesús Medina García de Las Ventanas, y a la familia Ávila Oláis encabezada por Juventino Ávila Cortés de Puerto Alegre, así como a Bernardo Barona García, El Botas, de Agua Escondida, los tres pueblos anexos de su ejido.
Denuncian que en enero de 2019 fueron asesinados cinco ejidatarios, entre ellos el comisario municipal, quienes participaban en la constitución de una empresa para el procesamiento de la madera y aprovechar el bosque en beneficio del ejido. Indican que la emboscada ocurrió en Puerto Alegre.
Debido a que las amenazas continúan, advirtieron que, “si el Estado mexicano no interviene en esta zona de conflicto a la brevedad posible, la respuesta será el enfrentamiento inminente del grupo armado que protege a los empresarios contra los ejidatarios que protegen su territorio y sus recursos naturales”.
Se quejan: “la sierra de Guerrero, ha sido ignorada y abandonada por el Estado mexicano; en las comunidades serranas, los tres niveles de gobierno no tienen presencia, los servicios educativos y de salud, son deficientes o de plano no existen, las instituciones públicas no promueven la generación de empleos, no hay planes de desarrollo regional, ni seguridad pública y no se garantizan los derechos humanos de quienes ahí habitamos”.
Refieren que, en cambio, el crimen organizado ha promovido por décadas la economía local, centrada en el cultivo de la amapola, y actualmente en la tala ilegal de los bosques, que es la única generadora de ingresos “y en ello, los actores ilegales han utilizado la mano de obra campesina, por las buenas o por las malas”.
Sostienen que los grupos delictivos han diversificado sus fuentes de ingresos y financiamiento, basados ahora en la tala ilegal de madera de los bosques ejidales y comunales, debido al desplome del mercado de la goma de opio.
Denuncian que a través de los industriales, intermediarios locales, ejidatarios, y lugartenientes de los grupos organizados construyen una gran red de abasto ilegal de madera en rollo que proviene de los ejidos y comunidades de la región.
Explican que en el ejido de Ciénaga de Puerto Alegre los ejidatarios quisieron aprovechar sustentablemente esos recursos en su beneficio con un proyecto ejidal sustentado en el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales, alternativo a la siembra de la amapola.
Explican que ya contaban con la factibilidad para el aprovechamiento del bosque y el permiso de aprovechamiento, y adquirieron una industria de aserrío, “con mucho esfuerzo y recursos propios la instalamos en el punto conocido como Agua Escondida, e iniciamos operaciones a finales del año 2018, generando más de 120 empleos diarios y una derrama económica de 2.5 millones de pesos mensuales”.
Agregan: “Lamentablemente en la zona donde se encuentra nuestro ejido, está bajo la administración territorial del crimen organizado representado por Onésimo Marquina Chapa, El Necho, que se dedica a extorsionar, secuestrar, presionar y tienen sometida a la población que se niega a abandonar el lugar”.
Denuncian que en enero de 2019, en el punto conocido como Puerto Alegre, anexo del ejido, integrantes de ese grupo armado emboscaron a cinco de sus compañeros, “los bajaron de los vehículos, los golpearon, los torturaron y finalmente los asesinaron, entre ellos al gerente general de la empresa ejidal, el comisario municipal, y el resto eran ejidatarios que laboraban en la empresa”. Aseguran que los responsables directos fueron identificados como integrantes de la familia Medina García encabezada por Jesús Medina García, quien viven en la localidad Las Ventanas, y la familia Ávila Oláis encabezada por Juventino Ávila Cortés, quien viven en la localidad de Puerto Alegre y Bernardo Barona García, El Botas, quien vive en Agua Escondida.
Reprochan que con anterioridad habían solicitado mediante oficio al presidente de la República, López Obrador, la presencia de la Guardia Nacional pero que no tuvieron respuesta.
Cuentan que su ejido tiene como antecedente que ha sido sobreexplotado, despojado, robado, y hurtado por el empresario Bruno Serrano Martínez, dueño de la empresa Constructora y Pavimentos Guerrerense, quien tiene un aserradero en Aguas Blancas, municipio de Tecpan de Galeana, y que actualmente es el promotor del clandestinaje de madera en rollo en la zona de la sierra de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, “protegido por los administradores delictivos de la zona de la sierra de Costa Grande, Tierra Caliente y Centro”.
También denuncian al empresario Martín López Jaimes y a su hijo Kevin Martín López Valenzo, originario de Bajitos de la Laguna del municipio de Tecpan de Galeana, y dueño de la industria maderera Aserradero Los Coyotes, instalado en Atoyac; “por ser uno de los empresarios invasores de propiedades privadas, promotor del clandestinaje, y por la explotación ilegal de madera, también “protegido de los grupos delictivos que administran los territorios de Costa Grande y Tierra Caliente”.
Como representantes de los ejidatarios de Ciénaga de Puerto Alegre, advierten que ante la falta de la intervención de las autoridades, y debido a que el saqueo de la madera sigue en su ejido, determinaron detener e inmovilizar vehículos, equipo y maquinaria que esté involucrada en el saqueo de los recursos forestales maderables y en la invasión del territorio ejidal.
“También damos a conocer que si el Estado mexicano no interviene en esta zona de conflicto a la brevedad posible, la respuesta será el enfrentamiento inminente del grupo armado que protege a los empresarios delictivos contra los ejidatarios que protegen su territorio y sus recursos naturales”.
Llamaron a los gobiernos federal y estatal a continuar con las acciones del plan de paz, reconciliación, seguridad y desarrollo para las comunidades de la sierra, “iniciando y resolviendo los asuntos más urgentes y emergentes, tal como la tala ilegal del bosque de los núcleos agrarios pertenecientes a esta zona administrada por los grupos delictivos y protegidos por el Estado.