Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Colectivos de víctimas que integran el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, reclamaron en una carta a los gobiernos federal y estatal la desatención a sus peticiones, la criminalización y la situación de riesgo en que desempeñan sus actividades, y pidieron de manera urgente una mesa de diálogo para tratar sus peticiones.
El documento va dirigido al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; al gobernador Héctor Astudillo Flores, y al fiscal general del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.
El escrito fue enviado el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, “y para expresarles la profundización de la grave problemática que vivimos como familiares de víctimas en el contexto de la pandemia, así como para reiterar nuestra exigencia que nuestras peticiones sean atendidas por sus instituciones como garantes de los derechos humanos”.
Se quejan de que la pandemia ha representado una agudización de las múltiples desigualdades e injusticias ya existentes, y que muchas familias se quedaron sin sustento, mientras otras tienen que arriesgar su integridad para mantener un ingreso que les permita comprar lo básico para sobrevivir.
Mientras tanto, dicen que “Frente a la violencia que sigue aquejando nuestro estado de Guerrero, las instituciones están más ausentes que nunca, dejándonos a la merced de los grupos del crimen organizado que buscan afianzar el control sobre nuestros territorios”.
Reprochan que en el pretexto de la emergencia sanitaria, las instituciones de procuración de justicia han dejado de realizar sus tareas de investigación e identificación de restos, y que muchas jornadas de búsqueda se han tenido que suspender, “obstaculizando todavía más nuestro acceso a la verdad y a la justicia”.
Recuerdan que aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que el Estado iba a otorgar todos los recursos necesarios en materia de lucha contra la crisis de desaparición, “en la práctica, el personal y los equipamientos materiales de la Comisión Nacional de Búsqueda no son suficientes para atender las necesidades de todos los colectivos, generando situaciones perversas en las cuales se pone a competir colectivos de víctimas por obtener jornadas de búsquedas”.
Agregan que en materia de identificación forense, “la situación es más grave aún porque en todo el país decenas de miles de cuerpos yacen en los Semefos sin ser identificados, o han sido sepultados en fosas comunes”.
Sostienen que los familiares de víctimas han participado en jornadas de búsqueda y han hecho hallazgos de cuerpos pero no les han informado de los resultados de las identificaciones de los restos.
En cuanto a la investigación de los casos de desaparición, “que son esenciales para que podamos acceder a la justicia y para combatir los graves niveles de impunidad, no existen avances y hay miles de personas desaparecidas en el estado, las cuales han sido denunciadas tanto en el fuero federal como en el fuero local”.
Reprochan que en diversas ocasiones, han exigido que se atienda la grave crisis de desaparición en el estado de Guerrero, tanto con autoridades federales como estatales, sin que hayan tenido respuesta.
En este contexto, demandan una reunión con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, como se había comprometido desde inicios del año 2020, con la finalidad de trazar un plan de búsquedas en el estado de Guerrero de acuerdo a las necesidades de los diversos colectivos.
Asimismo, que se dé puntual cumplimiento a los compromisos adquiridos durante la reunión con Alejandro Encinas Rodríguez el 16 de junio de 2020 en el marco de su plantón, “incluyendo que se nos informe sobre la continuidad de los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y se asegure su adecuado funcionamiento para agilizar los trámites ante el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y el otorgamiento de los apoyos.
Piden, además, una reunión con las autoridades competentes en materia de identificación forense para que les informen sobre los avances en la materia y tomen medidas de mayor coordinación para acelerar el proceso. También que les informen de manera periódica de la identificación de los restos encontrados durante las jornadas de búsquedas.
Piden que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado, reciban en tiempo y forma todas las denuncias, y que realicen y compartan planes de investigación para los casos que presentaron, a fin de programar acciones para la atención de los mismos incluso en esta etapa de contingencia.
Asimismo que la Fiscalía General de la República atraiga los casos competentes en materia de desaparición forzada.
Además los niveles garanticen la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos, y se garanticen los recursos necesarios al Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas para que opere, y en caso de agresiones cometidas por servidores públicos, sean condenadas de manera firme por las autoridades.