Carmen González Benicio

Tlapa

En las audiencias del juicio oral que se desarrollan en el juzgado de Tlapa sobre la desaparición forzada y homicidio del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano, hay parcialidad en las actuaciones de las autoridades tendientes a beneficiar al presunto autor intelectual, Marco Antonio García Morales, conocido como Tony, señalaron asesores jurídicos.
El juicio 15/2020 que se desarrolla contra el autor intelectual es cerrado e inició el 3 y 4 de julio, en su primer segmento con la declaración de siete personas; el segundo este 12 y 13 de julio con la declaración de 10 testigos, y quedan las fechas pendientes del tercero o cuarto según el desahogo porque pueden ser diferidos como ya ocurrió una vez.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Cerón Soriano, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que hay actuaciones parciales en las audiencias por parte del juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa, Emmanuel Reyna Vélez, y los demás involucrados.
Rosales Sierra argumentó que en la primera audiencia el juez permitió que personas ajenas al juicio estuvieran en la sala sin acreditar su presencia, cuando la ley es clara.
Dijo que el abogado de García Morales llevó a dos personas más y al pedirle que dijera en calidad de qué, respondió que como personal de apoyo técnico en abogacía cuando él es el experto por lo que no deberían estar y tampoco dijeron sus nombres por lo que consideran que son personas con función pública en otro estado.
Y que eso se debatió con el juez por no acreditar su presencia pero éste falló a favor del imputado permitiendo que se quedaran en la audiencia, además de que, las objeciones e incidencias que siguieron en esos dos días también le beneficiaron.
Agregó que la asesora de la Comisión Estatal de Atención Víctimas (CEAV) favoreció con su batería de preguntas a García Morales y a eso se suma que de manera deliberada no se ha incorporado el acta constitutiva del Frente Popular para acreditarlo como defensor de derechos humanos, pese a que se le ha solicitado.
Dijo que sin ese documento el delito puede cambiar de desaparición forzada de personas a desaparición de particulares que es menos grave.
Agregó que esperará cómo termina el segundo segmento del juicio con las declaraciones y actuaciones del juez, pero todo se ve tendiente a beneficiar García Morales por su relación política y económica.
Repasó que hay indicio o incidentes de parcialidad en el caso de Arnulfo e iniciaron en el año 2021 cuando el juez Andrés de la Rosa de manera intempestiva intentó cambiar las medidas cautelares del inculpado de prisión preventiva a domiciliaria por la presentación de recetas médicas de particulares por hipertensión de García Morales y el Covid, cuando eso se da en excepciones como ser mayor de 70 años; enfermedad grave o a mujeres por embarazo o lactancia.
Agregó que eso no prosperó y el juez fue separado de su cargo luego de las investigaciones que se hicieron, de lo que ocurrió en el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores.
Sin embargo, eso no duró porque al pedir el imputado la revisión nuevamente de su medida cautelar, ésta cambió a libertad y garantía de 100 mil pesos, firmar cada semana y no salir de la ciudad, lo cual no está cumpliendo.
Porque cuando quiere informa a la Unidad de Medidas Cautelares de sus salidas a México o a Chilpancingo, y argumenta que es por atender su salud, sin mostrar recetas o documento que lo acredite.
“La unidad le concede los permisos sin condición alguna, cuando se sabe que anda en reuniones políticas y partidistas o en las comunidades poniendo en riesgo a los testigos, al proceso y a las víctimas”, explicó el defensor.
Consideró que otro hecho que muestra parcialidad es que en una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, para hablar del caso, éste les dijo que tenía entendido que García Morales ha demostrado su inocencia, por lo que consideraban que era un fallo adelantado cuando aún no se desarrollaban las audiencias. “Esa es una visión preocupante, aunque él no sea el juez que juzgue”, afirmó.
Rosales Sierra dijo que con esos hechos ocurridos durante el juicio parece que hay un acuerdo a otros niveles en el estado para demostrar la inocencia de García Morales y no a favor de la víctima ni sus familiares.
“Parece que han hecho causa común el Poder Ejecutivo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que en las reuniones con el Frente Popular les ha dicho que eso no es de su competencia; el Poder Judicial con el actuar de los jueces y las instituciones como la CEAV que dan señales de que el fallo será absolutorio”.
Pidió que no se aparte de la legalidad ni actúen con intereses contrarios a los de las víctimas, como se está percibiendo.