Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Ya habían dado las 6 de la mañana del 25 de abril de 2016 cuando se escucharon disparos en el barrio 20 de Noviembre, en Taxco. Dos balazos acabaron con la vida de Francisco Pacheco Beltrán. El cuerpo del periodista se derrumbó frente a su casa, a donde había regresado tras despedir a su hija Priscila en la terminal de autobuses. Tenía 49 años.
Dos semanas más tarde, su familia huía de la ciudad para siempre. La amenaza de dos sujetos fue concreta: si se quedan, los matamos a todos.
La Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR), comenzó la averiguación previa número 014/FEADLE/2016 un par de días después del asesinato.
La fiscalía de Guerrero también abrió una carpeta, pero no pasó de tomar declaraciones a una familia que trataba, sin lograrlo, procesar este hecho que cambiaría sus vidas. Estaban en shock Verónica, esposa de Francisco, y los tres hijos que tuvieron juntos: Priscila, Ali y Paloma.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación les llamó. “Es tarde, ya lo asesinaron”, respondió Ali, el mayor de los hermanos.
La Feadle y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les aseguraron que la ayuda llegaría pronto. Los entonces fiscal Ricardo Celso Nájera Herrera y el comisionado Julio Hernández Barros, rememora Priscila, acudieron al domicilio a tomarse la foto oficial.
Transcurridos nueve días, un sujeto armado ingresó a la casa. La familia lo escuchó cortar cartucho. Se refugiaron en el baño y llamaron a la policía. Nadie llegó. Luego de un día otro individuo intentó meterse a la vivienda.
El 6 de mayo por la noche, al negocio de la familia –una tienda de abarrotes– llegaron dos sujetos que pidieron cervezas. Traían un recado que Priscila recibió.
–Es un mensaje de los de arriba. Ya no investiguen. Cierren todo. Si no se van, la siguiente serán tú, tus hermanos o tu mamá.
La joven, entonces de 24 años, respondió:
–¿Y el periódico?
–Cierra todo y vete.
Corrió a contarle a Verónica. Se comunicaron con la FGR, el Mecanismo y la CEAV. Nadie acudió al llamado de auxilio. Contrataron una mudanza para rescatar algunas cosas. Tomaron lo que pudieron. El 11 de mayo de 2016, a las 5 de la mañana, se subieron a su Volkswagen y se marcharon. La Policía Federal las acompañó solamente por 20 kilómetros. El responsable dijo que no tenían para gasolina.
Mamá e hija manejaron sin retorno para refugiarse en el departamento de estudiante de Priscila, quien tomaba clases de derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca. Sus hermanos estaban en esa entidad porque Paloma había presentado su examen de admisión a la universidad. Les llamaron para pedirles que ahí se quedaran.
La familia estaba aterrada, sin dinero ni respaldo institucional. “Todos desplazados de Guerrero”, resume Priscila.

De ingeniero civil a dueño
de un medio local

Francisco Pacheco Beltrán era ingeniero civil, especializado en infraestructura pública, pero le agarró gusto a escribir notas periodísticas y a ser corresponsal en Taxco de una estación de radio estatal. Un día llegó y le anunció a su familia: “¡Vamos a hacer un periódico!”. Lo nombraron Foro 2000, porque nació a inicios de ese año.
Se imprimía cada dos o tres semanas. Con el tiempo se transformó en diario y cambió de nombre: El Foro de Taxco. Un periódico familiar. Todos los integrantes participaban de alguna manera. Se distribuía en los ayuntamientos de Iguala, de Chilpancingo y de otros municipios, en el Congreso, en la sede del gobierno estatal. También hicieron un portal web.
Pacheco estudiaba a distancia Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Buscaba especializarse en periodismo de investigación. Al tiempo que se intensificaba la violencia en el estado, cursaba diplomados. Colaboraba para El Sol de Acapulco con notas policiacas. Su fuerte era la política, aunque también abordaba seguridad, turismo, obra pública, el Ramo 33. Hacía solicitudes de información sobre estos temas.
Redactaba notas del día. La última, del 24 de abril y que ya no circuló impresa, trataba sobre la promoción de la imagen, con recursos públicos, del presidente municipal, Omar Jalil Flores Majul, en la parte trasera del transporte público de Acapulco. Se tituló “Omar Jalil va hasta ‘atrás’”.
Priscila cuenta que antes del asesinato hubo roces con la administración municipal por la línea editorial del periódico, cuya circulación fue impedida en más de una ocasión.
La familia no sabe si hubo amenazas contra Pacheco. Si fue así, él no las compartió.
Su último fin de semana estuvo en casa. El domingo tuiteó sobre balaceras en Acapulco. Al otro día, dos disparos retumbaron ante su puerta.

El MP quería que fuera
un “crimen pasional”

El asesinato de Francisco Pacheco Beltrán marcó un antes y un después para su familia. Priscila explica que se sintieron abandonados por todos los flancos: autoridades, parientes y sociedad. Sentían que se les juzgaba como si “algo habría hecho su padre” para que lo mataran.
Al principio pensaban que el desplazamiento era temporal, que volverían a su tierra, pero no han vuelto a pisar Guerrero desde que se vieron forzados a dejarlo todo.
Les ayudó a no sucumbir al miedo que, en junio de 2016, a distancia, reiniciaron la impresión del periódico. Ali tomó la dirección editorial. Las llamadas amenazantes regresaron, había personas extrañas rondando alrededor. Los hijos de Francisco optaron por no salir.
A fines de 2016, fueron visitados por representantes de Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión. Pidieron la intervención del Mecanismo de Protección, que evaluó el caso. Se otorgaron medidas cautelares a la familia: botón de pánico, cámaras en la casa de Taxco, un número de emergencia. Priscila cuenta que se les solicitó cambiar de casa.
Un año después, en diciembre de 2017, recibieron una llamada inesperada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Querían entrevistarlos. La familia denunció que la Feadle interrogaba a los vecinos de Taxco sobre si Francisco tenía otra familia, en vez de indagar sobre su trabajo periodístico.
La CNDH publicó la recomendación 072/2017, lo que llevó a que el agente del MP del caso fuera removido del cargo.
En enero de 2018, recuerda Priscila, fueron buscados por el Mecanismo, la Feadle y la CEAV, que les otorgó un apoyo económico y un asesor jurídico.
Ese año también dejaron de imprimir el periódico porque el impresor recibió amenazas y su carro fue dañado.
En 2020 Priscila viajó a España, respaldada por Reporteros sin Fronteras, para exponer su caso en el contexto de periodistas desplazados. Se comunicó con el MP, el segundo que tomó el caso y quien le dijo que el crimen podría haber sido de tipo pasional. Estaba impactada.
Ese funcionario se fue y vino otro. Llegó el cuarto, el actual, y por fin reconoció que existían elementos suficientes para determinar que el homicidio se debió a la línea periodística de Pacheco. Fue en julio de 2021, más de cinco años después del asesinato.

Las amenazas no
han parado

Con recursos propios, Priscila estudió una especialidad en derechos humanos. Tomó cursos en materia penal. Aunque desde 2015 es asesora jurídica sobre propiedad intelectual en la UAEM, quería tener elementos para confrontar a la fiscalía.
No ha logrado, asegura, reunirse con Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, actual titular de la Feadle, tras denunciar en las instalaciones del Mecanismo el hostigamiento de policías a sus vecinos de Taxco.
A casi seis años del hecho, la Fiscalía apenas inició el análisis de las notas periodísticas de Pacheco en diciembre. Jamás se revisó la sábana de llamadas del teléfono del periodista. El año pasado la familia se amparó ante un juzgado de distrito para solicitar copias de la averiguación previa. El fallo fue a su favor.
Los funcionarios de Guerrero citados a declarar no se presentan. El 1 de marzo pasado se efectuó un peritaje –solicitado por la familia– en la casa de Taxco para que el MP conociera el lugar de los hechos. Algo que debió haber ocurrido hace más de cinco años.
“Las diligencias son insuficientes”, se queja Priscila. La familia analiza llevar el caso a instancias internacionales: personas armadas se presentaron en su domicilio actual en junio de 2020. Ellos activaron las alarmas y nadie llegó.
Las condiciones físicas y psicológicas los han desgastado. A Priscila, por ejemplo, le han diagnosticado depresión, ansiedad y estrés postraumático. Todos los integrantes de la familia padecen o han padecido algún problema de salud mental. Ante los procesos de la CEAV, que Priscila califica de “lentos y deficientes”, prefirió tomar terapia por su cuenta.

El miedo de regresar
a Guerrero

En este sexenio, al menos 55 periodistas han sido asesinados, según reconoció el 7 de marzo el titular del Mecanismo de Protección, Enrique Irazoque. Los estados con más riesgo para la profesión son Sonora, Veracruz, Michoacán y Guerrero.
Por eso Priscila ve que las probabilidades de regresar a su tierra son nulas. Dan por perdida la casa de Taxco. La batalla es imparable. “Duele que las autoridades no garanticen seguir ejerciendo el periodismo”.
Con recursos propios ella y sus hermanos hacen funcionar el portal web de El Foro de Taxco. Han pensado en cerrarlo, pero se arrepienten cuando piensan en el legado de Francisco.
Priscila jamás imaginó que sería abogada para defender a su familia por el asesinato de su papá. Cada que se entera de un nuevo homicidio de periodista, se pone en los zapatos de la familia que deja.
“Uno pierde lo económico, la seguridad personal. Queremos salir a la calle sin pensar en que nos van a matar”, ruega. Pero pase lo que pase, no abandonarán el caso.
El 28 de febrero de este año se celebró de manera virtual una reunión entre ocho periodistas desplazados del estado, incluidos Priscila y Ali, con autoridades de Guerrero: un representante de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; la titular del Mecanismo de Protección local, María de Lourdes Martínez, y funcionarios de seguridad. Estuvo presente Bandy Esparza, representante del Mecanismo federal. Martínez pidió que explicaran sus planes de retorno al estado.
“Respondimos que expusieran sus acciones para generar las condiciones que nos permitan regresar y hacer periodismo”, menciona Priscila. “Querían abordar ese tema frente a figuras de seguridad. No es posible. Fue un desastre”.
En la reunión, los periodistas afirmaron que en el estado había al menos 14 colegas desplazados. Priscila fue clara con los presentes: “No voy a regresar a Guerrero. No existen las medidas de seguridad”.