* En un informe sobre la auditoría, la dependencia señala que se encotró un faltante de más de un millón 250 mil pesos por el cobro de boletos no reportados

De la corresponsalía, Chilpancingo * Entre hoy y mañana, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal podría presentar una demanda penal contra el administrador de las grutas de Cacahuamilpa, Gabriel Ortiz Bonal, a quien en una auditoría la semana pasada se le encontró un faltante de más de un millón de pesos.

El informe de la Secretaría de Finanzas dice que se descubrió doble boletaje del cobro de las entradas a las grutas que expedía el administrador, Gabriel Ortiz Bonal.

El monto de esos cobros que nunca fueron reportados a las arcas de la Secretaría de Finanzas asciende a un millón 250 mil pesos, por lo que se determinó separar del cargo al citado funcionario e incluso iniciarle una demanda penal en su contra por presuntos desvíos de recursos públicos.

La auditoría, dice el informe, la realizaron el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Gómez Santoyo; la directora general de Fiscalización, Lorena Salgado y el director general de Recaudación, David Fernández Parra.

Por lo pronto, informó una fuente confiable de la Secretaría de Finanzas, se determinó la destitución del citado funcionario que es cercano al senador priísta Héctor Vicario Castrejón, y con quien, aparece en fiestas en varias fotografías que fueron encontradas en sus oficinas en las grutas.

Por su parte, el dirigente del movimiento de protesta que exige la concesión del sitio turístico a cuatro comunidades, José Luis Hernández Rosas, señaló que van a seguir con su protesta hasta que el gobernador René Juárez Cisneros les dé una respuesta positiva respecto a su demanda.

Entrevistado vía telefónica, el líder dijo que el titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Rafael Acevedo Andrade, es el responsable de esta situación porque debió de haber atendido el acuerdo del Congreso local que le pidió que a las comunidades aledañas a las grutas se les entregara el 25 por ciento de las ganancias económicas de la explotación de las instalaciones.

Los pobladores mantienen tomadas las instalaciones desde el pasado primero de enero y se han hecho cargo de la administración.