* Los alcaldes de Mártir de Cuilapan y de Xochistlahuaca se vieron obligados a solicitar licencia al cargo * Heliodoro Castillo, Acatepec, Tecpan de Galeana, Ayutla, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Zitlala, Chilapa, Mochitlán y Chilpancingo, los otros municipios con discordias * Siete palacios municipales fueron tomados, y algunos así continúan

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Este año que está por concluir se significó por los constantes conflictos que se vivieron en cuando menos 12 municipios, donde los alcaldes fueron reiteradamente señalados de desviar los recursos públicos y, por ello, denunciados por corrupción y en algunos otros casos fueron acusados por tratar con prepotencia a los ciudadanos y de tomar decisiones sin consultar a la sociedad. La mayoría de esos conflictos persisten y trascenderán al próximo año.

En dos de esos municipios, el de Mártir de Cuilapan y el de Xochistlahuaca, a pesar de que no se llegó al juicio político, y, como consecuencia, a la revocación del mandato de los alcaldes, como lo demandaban los grupos inconformes, los ediles se vieron obligados a solicitar licencia a sus cargos. En el resto, a la fecha, las instituciones fiscalizadoras de los recursos han evidenciado complicidad, protección y solapamiento a los alcaldes impugnados, según ha denunciado el Frente Guerrerense Contra la Corrupción y la Impunidad (FGCCI).

De los 12 municipios que vivieron conflictos este año, en cuatro –Heliodoro Castillo, Acatepec, Tecpan de Galeana y Xochistlahuaca– los disidentes de los alcaldes integraron un bloque para efectuar acciones de manera conjunta. El bloque fue denominado Frente Guerrerense Contra la Corrupción y la Impunidad (FGCCI) y su origen fue precisamente la negligencia y la falta de respuesta de las autoridades del gobierno estatal y del Congreso local para dar respuesta a los problemas denunciados por los grupos de ciudadanos.

Las otras demarcaciones donde se generaron conflictos son Mártir de Cuilapan, Ayutla, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Zitlala, Chilapa, Mochitlán y Chilpancingo.

Los conflictos más graves se suscitaron en los municipios de Xochistlahuaca, Heliodoro Castillo, Mártir de Cuilapan, Acatepec, San Luis Acatlán, Ayutla y Tecpan de Galeana, ren los cuales incluso se llegó a la toma de los palacios municipales.

En el resto, las protestas fueron aisladas y a nivel de declaraciones de prensa. En algunos, como Chilpancingo y Zitlala, los regidores de oposición no acudieron al informe de labores de sus respectivos alcaldes, en tanto que en uno más, Mochitlán, se registraron conatos de violencia durante el informe del edil, y el evento tuvo que suspenderse por las protestas contra el alcalde.

Con respecto a estos conflictos, el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, Jesús Vargas Vargas, informó ayer que el Ejecutivo local les da tratamiento conforme a los procedimientos legales; se refirió concretamente a los ayuntamientos de Tecpan, Heliodoro Castillo, San Luis Acatlán y Xochistlahuaca, “que son los más importantes”.

Agregó que los conflictos que aún persisten se ventilan en el Congreso local y en la Contraloría General del estado, “pero en estos procedimientos se establecen tiempos para contestar observaciones, señalamientos, y en lo que respecta al ejercicio del 2001 tienen hasta el último día del mes de diciembre para cerrar cuentas, e independientemente de eso en enero iniciarían las auditorías correspondientes”.

Aseguró que, sin embargo, estos municipios “políticamente se mantienen estables porque hemos hecho hincapié tanto con las partes que acusan a los presidentes como a los que apoyan a los alcaldes, en el sentido de que estos conflictos tienen que dirimirse en el marco de la ley y asumiendo una madurez política que permita estabilidad política y social en esos municipios”.

El funcionario dijo que a pesar de que en algunos casos “son problemas muy fuertes, hemos logrado que haya estabilidad política; es decir, que sigan funcionando los programas normales tanto de los gobiernos municipales como del gobierno del estado y del gobierno federal”.

Dijo que para el gobierno es una situación difícil, porque por una parte se le acusa de proteger a los presidentes municipales acusados, mientras que los grupos que apoyan a los ediles denuncian que son presiones para perjudicarlos.

Xochistlahuaca

El conflicto en el municipio de Xochistlahuaca comenzó el año pasado, a raíz de lo que el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) y el Consejo de la Nación Amuzga denunciaron la imposición de comisarios en cuando menos cinco comunidades, donde las dos organizaciones indígenas demandaban el mecanismo de elección por consulta a la base, pero la alcaldesa, Aceadeth Rocha Ramírez, a quien acusaron de “prepotente y soberbia”, organizó los comicios sin tomar en cuenta esta modalidad.

Así, en noviembre del año pasado, los inconformes se apoderaron del Palacio Municipal, pero fue hasta el 9 de marzo de 2001 cuando Rocha Ramírez presentó su solicitud de licencia. Después de permanecer un mes el síndico procurador en sustitución de la alcaldesa, fue designada presidente municipal María Magdalena Guillén Cisneros, pero fue obligada a renunciar en julio, y en su lugar fue designado el dirigente del Comité Municipal del PRI, Isauro Marcial Cruz. A pesar de los cambios, el Palacio Municipal permaneció tomado durante casi todo el año y el conflicto está latente.

Los dirigentes del CG500ARI y del Consejo de la Nación Amuzga, Daniel y Marta Sánchez Néstor, Cecilio Antonio Nieves y Severiano Prócoro Jiménez, quienes encabezaron el Frente Cívico Indígena de  Xochistlahuaca (FCIX), demandan garantías del Congreso local de que Rocha Ramírez no va a regresar a presidir la comuna, pero además piden que se resuelva el conflicto educativo que ella generó al crear escuelas paralelas atendidas por maestros municipales. Exigen también que el Congreso local dé seguimiento a la demanda de juicio político contra Rocha Ramírez, con lo que se le revocaría el mandato definitivamente.

Heliodoro Castillo

En el municipio de Heliodoro Castillo, que tiene su cabecera municipal en Tlacotepec, la pugna entre los regidores y un grupo de ciudadanos, que a la postre integrarían el Frente Ciudadano de Heliodoro Castillo (FCHC), comenzó el 13 de marzo con la toma del Palacio Municipal en demanda de la destitución del alcalde José Concepción Hernández Solano, a quien acusaron de desviar más de 20 millones de pesos.

Al igual que en Xochistlahuaca, el FCHC presentó al Congreso una solicitud de juicio político contra el edil para la revocación de su mandato. En defensa del alcalde salió el Consejo Supremo del Pueblo del Filo Mayor (CSPFM), organización que encabeza Severo Oyorzábal Díaz, quien organizó una marcha y un plantón de tres días en esta capital que duró tres días en esta capital.

Oyorzábal Díaz demandó que el gobierno estatal resolviera la toma del Palacio Municipal, pues, de lo contrario, los integrantes de su organización desalojarían a los del FCHC.

Los primeros días de abril, los integrantes del FCHC también se trasladaron en marcha a esta capital para exigir la aplicación de una auditoría al alcalde, agilizar el proceso de juicio político en su contra y revocar su mandato. Sin embargo, policías antimotines y judiciales los esperaron en el entronque de Casa Verde, donde les bloquearon el paso, con saldo de dos campesinos golpeados y detenidos.

La toma del Palacio Municipal continúa, y el edil Hernández Solano despacha en una casa particular. El FCHC está en espera de los resultados de la auditoría que la semana pasada aplicaron la Contraloría del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, a pesar de que en una revisión preventiva de aquella dependencia  en julio arrojó como resultado que el alcalde no había solventado alrededor de 11 millones de pesos, según informó Adelaido Pita Pérez, uno de los dirigentes del FCHC.

Acatepec

Ciudadanos encabezados por el dirigente del CG500ARI, Eufemio Cesáreo Sánchez, se apoderaron del Palacio Municipal de Acatepec el 5 de febrero en demanda de la destitución del alcalde Jerónimo Godoy Avilés, a quien acusaron de desviar más de 15 millones de pesos. El inmueble permaneció tomado hasta los días últimos de mayo, cuando las partes en conflicto emprendieron reuniones con el secretario de Desarrollo Social, Carlos Sánchez Barrios, con quien acordaron respetar las coordinaciones municipales, la aplicación de recursos por más de 10 millones de pesos a las comunidades que reclamaban que el edil no había hecho obras, la instalación de coordinaciones de la policía municipal para garantizar la seguridad, y que no habría represión del alcalde contra sus detractores. Pero también hubo el compromiso de aplicar una auditoria al alcalde y de divulgar los resultados en breve.

A la fecha, Cesáreo Sánchez ha denunciado que estos acuerdos no se han cumplido y que lo peor es que el alcalde Godoy Avilés ha agredido física y verbalmente de manera personal a algunos de quienes participaron en la movilización, por lo que dijo que el próximo año podría reiniciarse el movimiento porque el edil aún hace mal uso de los recursos.

Tecpan de Galeana

Encabezados por los perredistas Elfego Martínez González, Santo Angel Murga Rebolledo y Alejandro Martínez Bustos, ciudadanos del municipio de Tecpan de Galeana impugnaron a la alcaldesa Sandra Belkis Ocampo Hernández desde el mes de febrero. La presidente municipal es acusada de no hacer obra pública, de desviar los recursos correspondientes, de dejar obras inconclusas y de no invertir lo que informó en otras más.

A finales de febrero, los inconformes tomaron el Palacio Municipal en demanda de la destitución de la alcaldesa, movimiento que continúa debido a que el Congreso local y la Contraloría del estado no han entregado los resultados de la auditoría que presuntamente se aplicó a la edilesa de filiación priísta.

Al igual que los movimientos de Xochistlahuaca, Heliodoro Castillo y Acatepec, el caso de Tecpan de Galeana ha sido resuelto medianamente, pues presuntamente se han aplicado las auditorías que demandan los ciudadanos inconformes, pero los resultados no han sido informados y mucho menos han sido utilizados para determinar si los alcaldes son acreedores a una sanción.

Según han informado dirigentes del FGCCI, los resultados se divulgarán en enero próximo, porque las instancias fiscalizadoras han señalado que los ediles tienen hasta el último día de diciembre para presentar sus cuentas públicas.

Mártir de Cuilapan

Uno de los casos más polémicos durante este año y el anterior fue el de Mártir de Cuilapan. A tres meses de que tomó posesión el alcalde Francisco Javier Sebastián García, priístas y perredistas encabezados por sus dirigentes Crisóforo Nava García y Lino Hernández López, respectivamente, tomaron el Palacio Municipal en febrero del año pasado. La toma del inmueble duró hasta octubre, cuando el edil fue obligado a solicitar licencia al Congreso local y fue sustituido por Justiniano Hernández Parra. El alcalde fue acusado de hacer mal uso de los recursos públicos.

Hernández Parra, sin embargo, no corrió con mejor suerte. El dirigente del PRI municipal, Sergio Mota Sánchez, de quien se dice que es simpatizante del alcalde depuesto, Sebastián García, emprendió un movimiento contra el edil en mayo.

Mota Sánchez tomó el Palacio Municipal, en demanda de la destitución de Hernández Parra, a quien acusó también de hechos de corrupción.

Después de dos meses el inmueble fue desalojado, con el compromiso de que se practicaría una auditoría al alcalde y de que en caso de que se le comprobaran las irregularidades se aplicarían las sanciones correspondientes, según convinieron los inconformes con el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano.

Sin embargo, en octubre volvió a surgir el conflicto, ahora con el apoyo de los cinco regidores, el síndico y el secretario general del ayuntamiento. Un día antes de que el alcalde Justiniano Hernández Parra rindiera su informe –el 28 de noviembre– el Palacio volvió a ser tomado, el cabildo desconoció al edil Hernández Parra y pidió al Congreso la revocación de su mandato.

La semana pasada se aplicó una auditoría al alcalde, pero los resultados se darán a conocer en enero próximo, según los regidores y el síndico, quienes con el apoyo de las dirigencias del PRI y del PRD mantienen un plantón afuera del Palacio Municipal y no permiten a Hernández Parra entrar. La solución del conflicto sigue pendiente.

San Luis Acatlán

Desde octubre pasado, integrantes del Frente Plural Contra la Corrupción y el Desarrollo de San Luis Acatlán tomaron el Palacio Municipal en demanda de la destitución del alcalde Abdías Acevedo Rojas, a quien acusan de desviar más de 10 millones de pesos.

La toma del Palacio Municipal continúa debido a que la Contraloría del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local no han entregado los resultados de la auditoría que, aseguran, se aplicó a ese ayuntamiento.

Los dirigentes del Frente han denunciado que el alcalde es apoyado por el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, pues éste les ha dicho que en la auditoría no se hallaron desvíos, sino solamente algunas obras inconclusas que están en proceso de ser concluidas.

Ayutla

El conflicto del municipio de Ayutla fue uno de los que se resolvieron por medio de la negociación entre quienes mantuvieron tomado el Palacio Municipal de marzo a mayo en demanda de la destitución del alcalde Fortino Caballero Villalobos. El alcalde de filiación perredista era acusado por militantes de su partido y del PRI de desviar recursos y de no hacer la obra pública aprobada a principios de este año.

El conflicto se resolvió, más que por la intervención de las autoridades estatales o del Congreso local, por la mediación de la dirigencia estatal del PRD para que sus militantes desalojaran el Palacio Municipal y el alcalde pudiera laboral normalmente. Caballero Villalobos fue absuelto por el Congreso ante la demanda de juicio político promovida contra él.

Zapotitlán Tablas

El presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Nicéforo García Navarrete, es otro de los alcaldes que enfrentaron solicitud de juicio político ante el Congreso local. En su caso fue promovida por el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Marcial Dircio Ortega. García Navarrete también fue acusado de desviar de recursos, aunque en este caso sus detractores nunca hablaron de cantidades. También fue absuelto por el Congreso Local.

Chilapa

En Chilapa, el alcalde Gustavo Miranda González no fue acusado de desviar recursos o de hechos de corrupción, pero integrantes de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos, que lideran los hermanos Maclovio y Santos Ariza, tomaron el Palacio Municipal de marzo a mayo para presionarlo a resolver el problema del mercado nuevo, a donde eran siendo obligados a mudarse, a pesar de que –según los dirigentes– el inmueble tiene deficiencias que deben subsanarse antes de ser ocupado.

Los comerciantes se quejaban también de que funcionarios del ayuntamiento, con tal de ocupar las nuevas instalaciones, llevaron a gente que no era del gremio.

El Palacio Municipal fue desalojado luego de que autoridades estatalesn y municipales, y los dirigentes de las dos organizaciones de comerciantes en pugna, llegaron al acuerdo de elaborar un padrón de comerciantes con derecho para ser beneficiados con un local. El ayuntamiento se comprometió, por su parte, a construir las puertas de acceso de emergencia y un domo en la explanada para ubicar ahí a los comerciantes ambulantes, según demandaba la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos.

El ayuntamiento no ha cumplido con las demandas de los comerciantes del centro, por lo que el conflicto permanece sin resolverse, y sigue pendiente la elaboración del padrón.

Zitlala

En el municipio de Zitlala, el alcalde Jerónimo Velázquez Virginio también fue acusado por los regidores Zenaido Cuevas Esteban, del PRI, y Celerino Tlacotempa, del PRD, de desviar recursos del erario, por lo que pidieron al Congreso practicar una auditoria a los dos últimos años de su administración.

Durante la presentación de su informe, el 28 de noviembre, sólo acudieron dos de los seis regidores, por lo que el regidor priísta Cuevas Esteban dijo que las cifras que dio no son avaladas por el cabildo.

Mochitlán

El alcalde de Mochitlán, Félix Jiménez Cavaría, tuvo que suspender estrepitosamente su informe el 26 de noviembre pasado debido a que militantes del PRD irrumpieron durante el evento en el auditorio municipal y lo acusaron de manejar a su antojo los recursos del Procampo. Los perredistas exigían cuentas claras, cuando priístas que asistían al evento los enfrentaron a gritos y estuvo a punto de suscitarse un enfrentamiento.

Chilpancingo

El alcalde de Chilpancingo, José Luis Peralta Lobato, también fue acusado por los cuatro regidores del PRD de no haber dado cuentas claras durante su informe. En protesta por ello, no asistieron a la ceremonia, en la que sí estuvo el gobernador Rene Juárez.

Los cuatro regidores, Ricardo Castillo, María Luisa Méndez, Gumaro Tenorio y Marcos Hernández Díaz, en conferencia de prensa dijeron que están en espera de un desglose del informe del alcalde y que, si se comprueban las irregularidades, pedirán al Congreso que se le practique una auditoría.