Lenin Ocampo Torres y Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a siete policías estatales y a dos policías municipales de Iguala, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó la detención de nueve servidores públicos por el caso Ayotzinapa, sin especificar la hora y el lugar de la aprehensión.
Según la agencia Reforma, a dos agentes estatales detenidos se les acusa de los delitos de tortura y asesinato de Julio César Mondragón Fontes, el normalista que apareció con el rostro desollado. Un testimonio que tiene la FGR identificado como “Karla”, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, asegura que presenció la tortura y asesinato del estudiante a manos de tres policías estatales conocidos como El Gallo, El Comandante Pérez y La Minsa.
Ayer fuentes policiacas informaron en un primer momento que un grupo de policías estatales fueron citados a las instalaciones de la Universidad Policial del estado de Guerrero (Unipol), al norte de Chilpancingo, y una vez que llegaron al lugar fueron detenidos por la Marina seis agentes, y trasladados a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) por estar presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa.
En la tarde en un comunicado, el gobierno del estado confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, “coadyuvó con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo de la Secretaría de Marina, en la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014”.
Expuso que la “Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentó dicha orden” en contra de siete agentes de la Policía Estatal y dos policías preventivos del municipio de Iguala.
Añadió que la “autoridad de la FGR y la AIC será quien otorgue más información sobre dicha detención. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal refrenda su compromiso de coordinación institucional con autoridades civiles y militares”.
Trascendió que los detenidos son los policías estatales Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sanchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jimenez Morales, Alberto Chávez Álvarez, aprehendidos este miércoles en Chilpancingo.
Mientras que el martes detuvieron en Iguala a los policías municipales y hermanos Navis Mayo Zúñiga e Imer Mayo Zúñiga.
De acuerdo con lo publicado por El Sur, el 19 de agosto de 2022 el juez segundo de distrito en Proceso Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó 84 órdenes de aprehensión, entre las que había en contra de policías municipales, así como funcionarios como la del ex procurador general de justicia Iñaky Blanco Cabrera, del ex secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez –detenido el 27 de octubre pasado en Tepic, Nayarit–.
También se liberó una orden de captura contra la ex presidenta del Tribunal Superior de justicia de Guerrero (TSJG), Lambertina Galeana Marín, por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, así como contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del tribunal.
Entre los mandos policiacos que se sabía había orden de detención era contra el ex jefe de la Policía de Cocula, César Nava González, y el ex subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo por delincuencia organizada.
Parte de las investigaciones se hicieron por las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gilberto López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, quien afirmó que enviaba 50 mil dólares mensuales a Blanco Cabrera y a Vázquez Pérez.
Gildardo López también declaró que entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal, y 15 mil pesos a los agentes que patrullaban Iguala.
Sin embargo, el 27 de septiembre pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa porque los presuntos involucrados no estaban en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj).
La cancelación de esas órdenes de aprehensión tuvo como consecuencia, que el entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, renunciara porque aseguró que un área ajena a su unidad fue la que se desistió sin su autorización de esas 20 órdenes de arresto de implicados en el caso.
Ayotzinapa.