Una comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa fue llamada este viernes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que les informaron que esa dependencia federal está a cargo de las investigaciones de 14 desaparecidos en mayo.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro expuso que fueron llamados a la SEIDO en la Ciudad de México este viernes, porque les proporcionarían información sobre sus desaparecidos.
El 23 de octubre, una comisión de familiares de desaparecidos acudió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.
Ahí se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos, Heber Omar Betanzos, y les informaron que ellos investigan 24 desaparecidos anteriores al 9 de mayo d 2015, cuando civiles armados incursionaron en la cabecera municipal.
En la Segob, les dijeron que las investigaciones sobre 14 desapariciones perpetradas durante la irrupción de los civiles armados, que se quedaron en Chilapa hasta el 14 de mayo, estaba en manos de la SEIDO, porque hay indicios de que estuvo involucrado el crimen organizado.
Para viajar a la Ciudad de México, los familiares de desaparecidos en Chilapa cubren sus propios gastos, pese a que la mayoría son de escasos recursos, y varios desaparecidos eran el sustento de sus hogares.
A tres días de cumplirse seis meses de que familiares comenzaron a exigir la aparición con vida de varios vecinos de Chilapa, las víctimas desconocen el paradero de sus parientes, y pese a que las familias se han reunido con autoridades federales, no les han dado información.
La lista de desaparecidos que los familiares tiene asciende a 55 personas, de las que tienen un registro con relatoría de hechos; de las 55 víctima, 38 cuentan con una denuncia ante el Ministerio Público (MP) federal.
Sin embargo, los familiares aseguran que la lista de desaparecidos es de unas cien personas, pero que algunas no quieren denunciar, por temor a sufrir represalias, o por desconfianza de que las autoridades no investiguen.