Alejandro Guerrero

Iguala

Un día después de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 28 de septiembre de 2014, el comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, señalado de ordenar el homicidio de seis de los jóvenes y a quien este miércoles se le dictó auto de formal prisión por su presunta implicación con el grupo criminal Guerreros Unidos, recibió en la entrada del cuartel militar de Iguala a una comisión de madres y padres de los jóvenes desaparecidos, a quienes afirmó que ellos no tenían a ninguno de los normalistas y que soldados bajo su mando no habían participado en los hechos del 26 y 27, aunque reconoció que sí se enteró de lo que estaba pasando.
Este miércoles se informó el auto de formal prisión contra el general brigadier, José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala en septiembre de 2014.
El juez segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, Enrique Beltrán Santés inició el juicio contra el general del Ejército por el delito de delincuencia organizada, pero no por la desaparición de los normalistas.
Mientras que a sus subalternos, capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel por delincuencia organizada relacionada con el grupo Guerreros Unidos, así como por desaparición forzada de los 43 normalistas.
De acuerdo con el informe del 18 de agosto de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el ex comandante del 27 Batallón de Iguala, habría ordenado la ejecución de 6 normalistas, quienes según las investigaciones fueron mantenidos con vida tres días después en una bodega techada en inmediaciones de la colonia Pueblo Viejo, al poniente de la ciudad, propiedad que se adjudica el líder criminal de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil.
“El 30 de septiembre el coronel comenta que ellos se encargarían de limpiar todo, y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos”, se lee en parte del informe de la Covaj.
La acusación contra el general Rodríguez Pérez proviene del testigo protegido bajo el nombre Juan, que es Gildardo López, que ha declarado que sobornó a militares, funcionarios y policías federales, estatales y municipales para dar protección a Guerreros Unidos.
El 28 de septiembre de 2014 El Sur dio cobertura a las acciones de búsqueda que emprendieron de inmediato padres y madres de los muchachos desaparecidos, así como normalistas que sobrevivieron a los brutales ataques de la noche y madrugada anterior.
Uno de los lugares a los que primero llegaron, luego de visitar la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte donde ocurrieron dos de los ataques de esa noche, fue a las instalaciones militares del 27 Batallón de Infantería, donde fueron recibidos en la entrada principal del cuartel por el comandante, el entonces coronel José Rodríguez Pérez.
Registros de El Sur indican que el encuentro ocurrió minutos después de las 2 de la tarde, y la comisión de padres y estudiantes era resguardada por la Policía Estatal encabezados por el entonces coordinador regional José Adame Bautista, acompañados por el entonces presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el estado, Ramón Navarrete Magdaleno.
En el mismo lugar en el que en estos ocho años ha sido escenario de distintas protestas de los padres, madres y estudiantes, el coronel José Rodríguez atendió a la comisión y de frente les dijo que ellos no tenían detenidos a los muchachos.
Entre esta comisión iban la señora Hilda Legideño Vargas, mamá de  Jorge Antonio Tizapa Legideño y Margarito Guerrero, papá de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los tres jóvenes que han sido identificados a partir del hallazgo de fragmentos óseos en la Universidad de Innsbruck, Austria.
Los padres preguntaron al coronel de infantería si ellos tenían detenidos a sus hijos, “porque hasta ahorita no sabemos nada de ellos”.
El mando militar respondió que no tenían a ninguno de los jóvenes desaparecidos y que los soldados no habían participado en los ataques y la detención de los normalistas, “tampoco nosotros hemos dicho que los municipales sean los que dispararon”, deslindó en ese momento.
Confirmó a los padres que al momento del ataque en contra de los jóvenes, “teníamos conocimiento de lo que estaba sucediendo, al último cuando el Ejército salió fue porque nos habían manifestado que había gente civil en el área”, indicó.
“No sabemos si la Policía Municipal disparó, y tampoco participamos en la detención de los policías ni de sus compañeros”, expuso el coronel Rodríguez Pérez.
Los padres de familia pidieron la colaboración de la institución militar para coadyuvar en la búsqueda de sus hijos, y el comandante pidió que le entregara la relación de los muchachos que estaban desaparecidos, que hasta ese momento se hablaba de 58, posteriormente se depuró y quedó en 43.
“Nosotros tenemos gente en diferentes partes del estado y pudiéramos buscarlos y ayudarles”, ofreció Rodríguez Pérez a la comisión de padres y luego de unos 10 minutos abandonaron el cuartel para continuar su búsqueda.