El gobierno de México estaría dispuesto a ampliar la temporalidad del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas dijo ayer que la decisión final sobre el mecanismo se tomará durante la próxima sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se reunirá la próxima semana en Chile, y subrayó que “hay de ambas partes un sincero esfuerzo para llegar a un acuerdo que sea aceptable para todos”.
Primero la SRE propuso que el mecanismo tuviera una duración de seis meses, pero familiares de los normalistas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que este mecanismo no tuviera límite temporal hasta que concluya la investigación y se diera con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Como antecedente está el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, del cual el gobierno mexicano no quiso extender su mandato en el país, por lo que su labor como coadyuvantes de la investigación sobre la desaparición forzada terminó el 30 de abril.
Antes de salir de México, el GIEI emitió un informe en el que detallaron sus hallazgos y emitieron 20 recomendaciones que seguir para determinar lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y el paradero de los jóvenes normalistas.
Urgieron a las autoridades mexicanas a tomar las declaraciones de personajes claves, como militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala y funcionarios municipales, entre otros, incorporar al expediente la documentación militar, investigar el tráfico de estupefacientes en la región, determinar los casos de tortura y seguir la pista del llamado quinto autobús, que suponen estaba cargado de droga y fue ocupado por los estudiantes, sin saber de su carga.
El gobierno mexicano se comprometió ante la CIDH y los familiares de las víctimas a participar en el mecanismo de seguimiento de estas recomendaciones.