Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) emplazaron ayer a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que su gobierno contribuya con la investigación del caso Iguala.
En un mitin frente al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, en el cuarto día de su jornada de lucha, los padres de los 43, estudiantes de Ayotzinapa y Tlachinollan, reprocharon que a casi 8 años de los hechos ningún ex funcionario del gobierno estatal ha sido investigado ni detenido, a pesar de señalamientos en su contra.
Asimismo, en declaraciones al final de la protesta, el abogado Vidulfo Rosales Sierra y el vocero de los padres, Melitón Ortega, respondieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que “el pacto de silencio”, al que se refirió en su conferencia de prensa matutina de ayer, sigue todavía en este gobierno. Además, Melitón Ortega le pidió que no vaya a revelar información que ponga en riesgo la investigación, o al menos que no la dé a conocer antes que a los padres.
Entre los ex funcionarios estatales que consideran que están implicados reiteraron durante el mitin que son el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ex procurador de Justicia Iñaki Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública Leonardo Octavio Vázquez.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra denunció que tampoco se ha investigado a los funcionarios del Poder Judicial del Estado que tuvieron acceso a los videos que se tomaron en Ciudad Judicial de Iguala de donde se llevaron a un grupo de los estudiantes y que posteriormente desaparecieron el material videográfico.
Durante el mitin, desplegaron lonas con peticiones como: “Los militares deben ser investigados por desaparecer a 25 estudiantes de Ayotzinapa (Son 25 de los 43 que le atribuyen al Ejército)”; “Castigo a los militares y marinos que ocultaron información del caso Ayotzinapa”; “El Ejército mexicano y la Marina deben abrir sus archivos para conocer la verdad del caso Ayotzinapa”, y “Militares entreguen información del caso Ayotzinapa a las autoridades que investigan; el que nada debe nada teme”.
El abogado Rosales Sierra explicó que el emplazamiento a la gobernadora es porque si bien las investigaciones las realiza la Fiscalía General de la República (FGR), hay aspectos en los que debería contribuir el gobierno del estado, como la pérdida de los videos que se tomaron en Ciudad Judicial de Iguala de donde la noche del 26 de septiembre del 2014 se llevaron a un grupo de 17 a 20 estudiantes.
“Tenemos pruebas de que fueron bajados con violencia del autobús en ese lugar, pero nos faltan más elementos para saber la identidad de los policías responsables o para saber qué cuerpos de seguridad participaron”, dijo.
Añadió que el hecho debió quedar grabado en los videos de las cámaras de circuito cerrado que están en el Palacio de Justicia puesto que de acuerdo con un peritaje internacional, hay por lo menos 10 cámaras en ese edificio con un rango de acción de aproximadamente 300 metros a la redonda y se debió haber grabado hacia dónde y quiénes se los llevaron.
Se quejó de que han estado insistiendo año tras año que se investigue dónde están esos videos y quién es el responsable de la pérdida de los mismos.
Mencionó que hay datos de que personal del Tribunal ingresó a los dispositivos y que el sistema de circuito cerrado era controlado vía remota, que el Poder Judicial tiene pleno conocimiento de ello.
Después, en entrevista, informó que cuando se entregó el material ya los discos estaban vacíos, que habrían sido borrados “a petición de alguien”, recordó que en ese entonces la presidenta del TSJ era Lambertina Galeana Marín.
Mencionó que otro aspecto en el que debería contribuir el gobierno estatal es el relacionado con la responsabilidad directa de la Policía Estatal, pues dijo que hay tres testigos directos que ya declararon ante el Ministerio Público y que refieren que un grupo de seis a siete estudiantes, fueron detenidos por la Policía Estatal y llevados a una casa de seguridad en el centro de Iguala e interrogados y algunos de ellos asesinados ahí.
Insistió en que se abra una investigación contra la Policía Estatal para que se identifique quiénes son esos policías que se los llevaron.
Denunció que tampoco se ha investigado la participación del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera y el ahora ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, pues recordó que cuando menos este último, según algunos datos que están en el expediente, cobraba 50 mil dólares en la nómina de Guerreros Unidos, el grupo delictivo que operó los ataques y la desaparición de los estudiantes.
Informó que cuando iniciaba la campaña para gobernador, le plantearon estos puntos a la entonces candidata Evelyn Salgado Pineda para que se creara una Fiscalía especial en el estado e investigara estos señalamientos.
Añadió que la ahora gobernadora les dijo que sí, que cuando llegara al gobierno se volverían a reunir, “pero ahora se le ha olvidado, nunca ha recibido a los padres de familia”, reprochó.
“Dicen (los del gobierno) que están dispuestos al diálogo, que están abiertos para que cuando los padres quieran los busquen, pero ya hay un compromiso previo y atendiendo esos compromisos, sabe (la gobernadora) los canales de acercamiento para que tienda los puentes necesarios e iniciar el diálogo para ver cómo será la contribución del gobierno del estado”, dijo.
Sin embargo, añadió que a siete meses del actual gobierno no ha enviado ninguna señal de acercamiento con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Reprochó que ni siquiera una postura en sus discursos ha hecho respecto a la desaparición de los 43 estudiantes, “que fue una de las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente del país”.
Denunció que, por el contrario, el actual gobierno estatal “que se dice progresista” ha venido soslayando la existencia de los 43 estudiantes desaparecidos “lo que vemos de este gobierno es una posición contraria, ha reprimido a los padres de los 43, a los estudiantes de Ayotzinapa y desde el Poder Ejecutivo se han desplegado campañas de odio contra la Normal y contra los padres de familia”, acusó.
Dijo que casi los responsabilizan del atraso del desarrollo del estado y que la convulsión política que vive el estado se la achacan a Ayotzinapa, “pero no se hace un análisis de cuántos bloqueos y protestas hay en Guerrero como producto de la incapacidad del gobierno estatal, por la falta de visión para resolver los graves problemas que hay en el estado lastimado, vilipendiado y afectado históricamente y que se debate en la miseria y en la pobreza”.

Sigue el pacto de silencio

Y en respuesta a lo que declaró el presidente de la República López Obrador respecto a que hubo un pacto de silencio en el caso Ayotzinapa pero que ya hay mucha información que se va a dar a conocer en una próxima reunión a los padres de los 43.
El abogado Rosales Sierra declaró al final del mitin que ese pacto de silencio y de impunidad no se ha podido desmontar, inclusive en el actual gobierno y que por ello las autoridades no han podido avanzar en las investigaciones.
Explicó que los “los puntos negros” están en la FGR y en el Ejército. Denunció que en la FGR se han estado poniendo obstáculos para que el caso no avance.
Explicó que en esa dependencia todavía hay enquistadas personas que tuvieron responsabilidad en los hechos y otros que participaron en la construcción de la verdad histórica; “están ahí en altos niveles y son los que están poniendo obstáculos a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa”.
Por ejemplo, declaró que a Juan Salgado Guzmán, el Indio o El Calderas, uno de los líderes de Guerreros Unidos, tenía orden de aprehensión y contaba con muchísima información y se montó un operativo para detenerlo pero fue asesinado en septiembre del 2021.
Aseguró que ya hay datos de prueba de que se trató de una “ejecución deliberada”.
“O sea, hay alguien interesado en la misma Fiscalía de romper estos hilos y evitar estos testimonios que pueden dar más indicios del caso”.
Además, dijo que cuando se pretenden realizar detenciones hay información que se filtra de la FGR para que los implicados evadan la acción de la justicia; “en lugar de que la institución se acuerpe en torno al caso, ahí mismo hay obstáculos y situaciones que impiden que se avance en las investigaciones.
También señaló que la dirección de Asuntos Internacionales de la FGR tardó más de dos años para enviar un expediente traducido al inglés a Israel para la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Agregó, asimismo, que de parte del Ejército mexicano está la traba para dar información, “El Ejército tiene información relevante de lo que ocurrió, tenían infiltrada la escuela, dieron seguimiento a los estudiantes hasta Iguala donde desplegaron agentes de inteligencia y a través del C-4 los estuvieron siguiendo, intervinieron comunicaciones telefónicas la noche del 26 de septiembre, “entonces es necesaria esa información”.
Agregó que por eso para los padres es fundamental el diálogo con el presidente porque quieren darle a conocer estos señalamientos de lo que ocurre en la Fiscalía y la Sedena.
También informó que hay un testimonio que menciona que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón “y todos estos datos apuntan al Ejército mexicano pero no hay disposición de abrir los archivos”, se quejó.
Respecto a la información que según el presidente López Obrador hay del caso y que se dará a conocer a los padres próximamente, el abogado informó que posiblemente se refiera a los resultados de estudios de cinco restos que se llevaron a Innsbruck, Austria, para su identificación. Informó que los restos fueron hallados en las búsquedas en Cocula, “seguramente por ahí habría salido uno positivo y posiblemente es lo que se va a dar a conocer”, declaró Rosales.
Por su parte, el vocero de los padres Melitón Ortega, declaró que el “pacto de silencio” sigue y reprochó que el presidente no les quiera recibir para que les informe de manera directa a los padres los avances que tiene la Fiscalía.
Respecto a la “mucha información” que dijo el presidente de la República que ya se tiene, declaró que la postura de los padres de los 43 es que no vaya a dar a conocer información que ponga en riesgo la investigación como ya lo ha hecho anteriormente o que, en todo caso, primero la haga del conocimiento de los padres.
El mitin duró una hora 20 minutos, aproximadamente, y después el contingente se retiró en cuatro autobuses. Antes en las rejas del Palacio de Gobierno que permanecieron cerradas pegaron calcomanías con la leyenda “Nos faltan 43”.