Alejandro Guerrero

Iguala

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió por primera vez una sentencia en contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de una mujer, la joven Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en Iguala el 24 de octubre de 2012.
El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios destacó que de los casos resueltos por los órganos de Naciones Unidas en materia de desaparición de personas, el de Ivette Melissa es el primero en el que la víctima desaparecida es una mujer, lo cual hace al caso representativo de la situación en la que están las mujeres en México, que de acuerdo con el registro nacional son más de 26 mil desaparecidas.
El director de la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), Juan Carlos Gutiérrez, que da acompañamiento al colectivo Madres Igualtecas y su presidenta, Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa, puntualizó que la CEDAW, el comité más importante que hay en el mundo que vigila la violencia contra la mujer, resolvió la primera sentencia en la historia de México en la que se condena al Estado mexicano por discriminar en el acceso a la justicia, por no aplicar perspectiva de género en la investigación.
El informe de la resolución a 10 años de la desaparición de Ivette Melissa de 19 años, se dio a conocer en conferencia de prensa virtual ofrecida este martes al mediodía en la Ciudad de México.
En su informe, el representante del Alto Comisionado de la ONU en México, Peña Palacios destacó que el caso de Melissa es representativo entre los más de 108 mil de desaparición en México, algunas de ellas por agentes del Estado.
Señaló que también es representativo de los más de 3 mil 900 personas reportadas desaparecidas en Guerrero, y más de 400 casos de Iguala ocurridos en los últimos 10 años, constituyéndose como una de las entidades más afectadas por este fenómeno a nivel nacional.
El de Melissa, dijo, es el quinto caso de desaparición de personas que resuelve un órgano de vigilancia de tratados de Naciones Unidas, cuatro son de desaparición forzada, es decir, de desapariciones cometidas por agentes del Estado, y el de Melissa es el segundo que ha resuelto el Comité para la Eliminación y la Discriminación contra la Mujer.
Dijo que considerando los casos de Radilla y Alvarado, que han sido resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México tiene ya siete determinaciones de organismos internacionales de derechos humanos en materia de desaparición de personas.
Destacó que de los casos resueltos por los órganos de Naciones Unidas en materia de Desaparición de Personas, el de Ivette Melissa es el primero en el que la víctima desaparecida es una mujer, lo cual lo hace representativo de la situación en la que están sometidas las mujeres en México, que de acuerdo con el registro nacional, son más de 26 mil casos de mujeres desaparecidas.
Indicó que el Comité CEDAW reitera que la desaparición de mujeres es una de las manifestaciones más brutales de violencia con motivo de género.
Se debe proceder con la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y enjuiciar las desapariciones de mujeres, hacer búsquedas inmediatas, sin dilación y con enfoque de género con personal capacitado que incluya personal femenino, expuso.
El comité consideró en este caso, que el Estado tiene parte de responsabilidad por la desaparición forzada de la joven.
El informe de CEDAW concluye en una serie de recomendaciones: que se garantice la búsqueda efectiva, la investigación, acceso a la información, protección de la madre y la familia, la reparación integral y las garantías de no repetición a través de la erradicación de la impunidad, la capacitación y la adopción de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
Manifestó que esperan desde la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que el Estado mexicano “se pronuncie positivamente de esta decisión que ha adoptado el Comité CEDAW y asuma el compromiso de implementar todas las medidas de reparación dictadas”.
Asimismo que las autoridades federales y locales “estén a la altura de señales afirmativas para caminar junto con la familia y los representantes para resolver el caso de Ivette Melissa y profundizar en las medidas estructurales que permitan combatir una de las principales y más dolorosas atrocidades que afligen a miles de personas en el país, como es la desaparición con un enfoque y perspectiva de género”.
Junto a la presidenta del colectivo de Madres Igualtecas, Sandra Luz Román Jaimes, reiteró desde la oficina en México el firme compromiso de seguir acompañando a la familia de Ivette Melissa en su lucha por la verdad y la justicia.
El director de Idheas, Juan Carlos Gutiérrez informó que un día antes la Secretaría de Gobernación se comunicó para informar que tiene la firme convicción de hacer un inmediato cumplimiento a la decisión, y denunció que de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ni del gobierno de Guerrero han tenido respuesta, como tampoco de la FGR ni de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Denunció que el caso sigue en la impunidad a 10 años de los hechos, y reclamó que recientemente recibieron un oficio de la Fiscalía estatal en el que les piden ampliar la declaración de los hechos, lo cual consideró algo “totalmente revictimizante” y “lacerante” para la víctima que denunció la desaparición de su hija.
Mencionó que enviaron una carta a la FGE y a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, pero hasta el momento de la conferencia no habían recibido respuesta.
Señaló que a Melissa se le discriminó en el acceso a la justicia, no se investigó de manera adecuada ni se garantizó una investigación rápida y efectiva, y a 10 años de los hechos, uno de los culpables (el ex comandante de la Policía Ministerial, Humberto Jiménez) ya falleció (asesinado a balazos), nunca fue citado a declarar y los otros culpables siguen “campantes” sin que sean llamados a declarar y sin que la investigación avance.
Denunció que en Iguala se han dado desapariciones sistemáticas y generalizadas de niñas y de jóvenes desde hace diez años, y al día de hoy se siguen dando esas desapariciones, como lo constataron recientemente con testimonios de las familias en un contexto en el que “existe ausencia absoluta de aplicar perspectiva de género en casos donde la delincuencia organizada se encuentra vinculada con agentes del Estado para cometer desapariciones”.
Llamó a que se apoye al colectivo de Madres Igualtecas que ha dado buenos resultados en la búsqueda y localización de personas en fosas clandestinas, situación por la que Sandra Luz Román ha recibido varias amenazas, y denunció que le retiraron la protección, la cual se le debe garantizar para seguir la búsqueda de su hija.
En su intervención, la activista Sandra Luz Román, dijo que a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido sigue buscando a su hija “porque a nadie más le interesa encontrar a Ivette Melissa”. Pidió seguridad suficiente para seguir la búsqueda de su hija y por los miles de desaparecidos que existen, así como justicia.
La asesora jurídica de la víctima, Isabel Suárez hizo el relato de la desaparición de Ivette Melisa, de 19 años, quien fue sustraída de su casa en Iguala con extrema violencia y privada de la libertad por un grupo de encapuchados armados junto a su cuñada el 24 de octubre de 2012. Días después su cuñada fue liberada pero no así Melissa, quien lleva diez años desaparecida.