Afirma el director del Centro Minerva Bello que este hecho deja claro que la estrategia contra la violencia no está funcionando y que en lugares como Acapulco los militares “son simplemente testigos de los crímenes que pasan”
Enero 28, 2023
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director de Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velázquez Florencio, declaró ayer que el caso de los ochos comunitarios; seis de Heliodoro Castillo y dos de Apaxtla que posiblemente fueron asesinados después de obtener su libertad del penal de Coyuca de Catalán, “es el síntoma de impunidad” que impera en la entidad.
Dijo, asimismo, que estos casos tienen que ver con los vínculos que hay entre los grupos delictivos y algunas autoridades de los tres órdenes de gobierno y una muestra de que la estrategia de seguridad de los gobiernos federal y estatal no ha funcionado.
“Estamos en un estado muy complicado, y sabemos que el crimen organizado ha permeado todas las áreas de Gobierno; el Congreso local, los municipios, y a las propias corporaciones”, declaró el sacerdote ayer, con respecto a la versión de que los ocho comunitarios que salieron libres del penal de Coyuca de Catalán se encuentran desaparecidos desde el lunes y que podrían haber sido asesinados por un grupo delictivo contrario.
“Estos son los síntomas de la impunidad que ha imperado en el estado y cualquier administración va a sufrir estos flagelos si no tiene una estrategia adecuada y que vaya más allá de la presencia de la fuerza pública”, criticó el defensor de derechos humanos.
Opinó que debe aplicarse una estrategia en la que no solamente se demuestre que hay presencia de militares, Guardia Nacional y Policía Estatal, sino que realmente se vea que hay voluntad y coordinación entre las fuerzas de los tres poderes.
Sin embargo, dijo que “es más de lo mismo, y lo que se cuestiona es que se tenga un discurso en el que se habla como si no pasara nada, pero ahí tenemos el problema y lo sufre la población, lo sufrimos todos, de alguna u otra manera”.
Según el director del Centro Minerva Bello lo que pasa “es parte de la vinculación de algunas autoridades con la delincuencia organizada, es el resultado de la impunidad y de la colusión que existe, así como por los compromisos políticos”.
Agregó que las autoridades de Guerrero no están exentas de su vinculación con los grupos delictivos que dominan el estado; “si tuvimos un secretario de Seguridad Pública (federal) en administraciones anteriores coludido con un cartel transnacional, qué se puede esperar de los funcionarios en estados como Guerrero donde es evidente que siguen ese tipo de acuerdos y de negocios entre los grupos criminales y las autoridades”, criticó Velázquez Florencio.
Opinó que es claro que la estrategia en contra de la violencia no está funcionando, y que se ha visto que por más que llegan militares y agentes de la Guardia Nacional la violencia sigue campante en lugares como Acapulco, Iguala, Zihuatanejo y Chilpancingo.
“Simplemente es una manera de decir que hay presencia del gobierno, pero es una presencia que atiende solamente los lugares turísticos, pareciera que es lo que únicamente les importara en el estado; blindar Zihuatanejo y Acapulco, y fuera de ahí, hay ausencia de la fuerza pública federal y del estado”, criticó.
Pero dijo que aun en los lugares más vigilados como Acapulco y Zihuatanejo, siguen las ejecuciones, las balaceras y los enfrentamientos, porque los militares no tienen una estrategia de seguridad pública, “ellos simplemente están ahí porque los mandan, y fuera de esa orden no pueden realizar una investigación o acciones de prevención, sólo llegan y están ahí como espectadores, por eso aunque vemos que hay muchos militares, son simplemente testigos de los crímenes que pasan, como otros más de nosotros”, agregó.
Pero aclaró que no es culpa de ellos (de los militares), “porque así es su función, esa esa no es su labor y por eso no se deben utilizar para actividades contra la inseguridad y la prevención del delito”.
El prelado opinó que se debe implementar una estrategia en la que se vaya directamente contra los cabecillas del crimen organizado; “saben (las autoridades) donde viven, donde se mueven, pero pareciera que no quieren agarrarlos”.
Anunció que la iglesia está organizando un conversatorio por la paz y va a pedir la presencia de las autoridades para que escuchen las propuestas de la iglesia, “para poder abonar a la solución del problema y no solamente se nos vea como críticos, sino como parte de la solución”.