La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró este viernes la improcedencia de 322 demandas de controversia constitucional contra la reforma a la ley indígena es una agresión a los pueblos indígenas y muestra que el camino de la legalidad está agotado, afirman organizaciones no gobernamentales de todo el país, entre ellas las que conforman la Red Guerrerense de Derechos Humanos.

Plantean que “nadie tiene ya la autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos indígenas”.

Por medio de un boletín de prensa, las ONG, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el José María Morelos y Pavón, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Mahatma Gandhi, el Sembrador de la Esperanza, La Voz de los sin Voz, y el Miguel Agustín Pro, califican la resolución como “una burla” a quienes luchan por la justicia y la democracia.

Manifiestan: “Hoy a través de los medios de comunicación, nos enteramos de que la Corte en pleno decidió declarar la improcedencia de 322 controversias, bajo el argumento de que la Corte no tiene facultad de control sobre los actos del llamado órgano reformador de la Constitución. Con ello, deja a los legisladores una potestad ilimitada para desvirtuar a la Constitución misma si así lo deciden y pasar sobre los derechos fundamentales reconocidos en ella y en los convenios internacionales.

“Una resolución como la que hoy difundieron los medios de comunicación, sólo demuestra la falta de voluntad y capacidad de la Corte para ser verdadero garante de la Constitución, así como su carencia de autonomía frente a los demás poderes, dejando su actuación sin contrapeso alguno. No sería extraño que la prepotencia que prevalece en el Congreso de la Unión se vea reforzada para sacar adelante la reforma laboral y la de energía eléctrica.

“La noticia conocida el día de hoy representa una agresión a los pueblos indígenas de México. Constituye también una burla a quienes hemos apostado a la construcción de un México mas justo, democrático e incluyente. Así lo ha querido la Corte y con ello han reproducido la discriminación, el racismo y toda la actitud colonialista al cual han estado sometido los pueblos indígenas de México.

“Con la resolución de la Corte, la paz en México se ha alejado y el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas conforme a los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa, ha sido nuevamente pisoteado.

“El camino de la legalidad está agotado. Las puertas del Estado mexicano se han cerrado para los pueblos indígenas. Ninguno de los tres poderes del Estado ha tenido la capacidad, para responder en términos justos y dignos, a las demandas de los pueblos indígenas.

“En consecuencia nadie tiene ya la autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos indígenas para conseguir sus justos propósitos de autonomía y dignidad. Ellos sabrán, como históricamente lo han demostrado, cuál es ese camino y cuál es esa esperanza”.

También firman el documento el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos y la Coordinadora de Autoridades Comunitarias de la Costa Chica y Montaña de Guerrero.

Prevén en Guerrero más municipios autónomos y formas de autogobierno

De la corresponsalía, Chilpancingo n El Frente Estatal Anticorrupción y contra la Impunidad opinó que la resolución de la Suprema Corte “va originar que se radicalicen los grupos guerrilleros que operan en la entidad”.

Pablo Pérez Severiano, miembro de esta agrupación, señaló que aquí en Guerrero fueron los ayuntamientos de la oposición de Copalillo, Acapulco, Metlatónoc, Malinaltepec, Alcozauca, Tixtla y de Tierra Colorada, así como el de Chilapa donde gobierna el PRI, los que interpusieron ante la Corte el recurso de controversia constitucional.

Indicó que las organizaciones sociales y los ayuntamientos ya sabían que la SCJN iba a declarar improcedente las controversias, y por ello, en una reunión que hace unas semanas se realizó en la ciudad de México, el Congreso Nacional Indígena acordó realizar algunas acciones de protesta.

Entre esas medidas de resistencia civil está la de crear más municipios autonómos en Guerrero y asumir formas de autogobierno como la de seguir con las policías comunitarias en los municipios de Malinaltepec, Azoyú y San Luis Acatlán.

“Esa resolución que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo va ocasionar que los grupos armados que actúan en Guerrero se radicalicen, y eso va a ser muy malo para el pueblo”, señaló el integrante del Frente Estatal Anticorrupción y contra la Impunidad.