Jacob Morales Antonio

Organizaciones de defensoras de los derechos de las mujeres exigieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez que dé a conocer cuántas mujeres están presas bajo las causales de homicidio en razón del parentesco e infanticidio.
En conferencia de prensa en el restaurante Mar y Tierra en Acapulco, la abogada de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Gabriela Candela Garzón leyó un comunicado en el que habló de la liberación de la joven nahua Aurelia García Cruceño quiene estuvo presa tres años en el penal de Iguala acusada de aborto.
Sostuvo que Aurelia fue excarcelada luego de que el 17 de mayo se aprobó la despenalización del aborto en Guerrero y destacó que su caso sienta un precedente importante para que otras mujeres acusadas del mismo delito o similares puedan salir de las cárceles.
Recordó Candela Garzón que hace 3 años la Red Guerrerense solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, la cual fue decretada para Guerrero en julio de 2020 y hay 13 medidas que cumplir como la prevención, la seguridad, la justicia y la reparación del daño, con el objetivo de posicionar al aborto como un tema de salud pública y no penal.
Expresó que entre las activistas hay preocupación porque el gobierno del estado no tiene acciones concretas para cumplir las medidas y que ha sido insuficientes los esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia y que más bien las consecuencias persisten, violando los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes del estado.
Candela Garzón detalló que entre las medidas está la revisión de los casos judiciales de las mujeres encarceladas y acusadas por el delito de homicidio en razón de parentesco. Destacó que esta tarea es responsabilidad del TSJ porque los delitos de aborto y en razón de parentesco son jurídicamente distintos, y por eso se afirma que no hay mujeres encarceladas por el delito de aborto.
Sin embargo, resaltó que las organizaciones sociales han documentado que cuando las mujeres enfrentan procesos penales por embarazos o partos, llegan a ser acusadas por homicidio en razón de parentesco, “este hecho se utiliza para criminalizar a las mujeres aún cuando el aborto se produce de manera espontánea como fue el caso de Aurelia”.
Afirmó la activista que en la actualidad no hay datos precisos de cuántas mujeres hay encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco o infanticidio debido a que no se ha cumplido con esta medida.
Comentó que la Red ha documentado el caso de Mayra Onofre Gómez otra mujer presa también en la cárcel de Iguala acusada de aborto y para ella pidió “a las instituciones revisen con prontitud el caso pues merece ser liberada igual que Aurelia”.
Enfatizó que las medidas de reparación del daño son responsabilidad del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, y resaltó que es desde ahí donde se debe de establecer la compensación, la reparación y la satisfacción en búsqueda de reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas para garantizar las medidas de no repetición, “este es el siguiente paso para Aurelia”.
Remarcó que como solicitantes de la declaratoria de la AVG, la Red Guerrerense exige acelerar el cumplimiento de ésta, sobre todo la revisión de los expediente de la mujeres presas relacionadas con el delito de aborto y que además se publique y cumpla con el plan de reparación de daños para Aurelia y otras mujeres.
Candela Garzón indicó que también piden que los trabajadores del Poder Judicial sean capacitados con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, y que cese la criminalización de las víctimas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
En su participación Cecilia Garibe Gire del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) comentó que el caso de Aurelia evidencia cómo se criminaliza a la mujer desde un prejuicio, y que este delito debe de derogarse “hay una constante violación a los derechos humanos” además de la falta de acceso a los servicios de salud, y la denuncia del personal de salud antes de atender y proteger a la víctima.
Otra de las activistas de la Red Guerrerense, Renata Gonzalez sostuvo que es el presidente del TSJ es quien debe de aportar la información de las mujeres encarceladas por el delito de homicidio en razón del parentesco e infanticidio porque es una de las medidas decretadas en 2020 con el decreto de la AVG por agravio comparado “esta petición no se hace ahora, es una medida que se debió de cumplir años atrás”.
En la conferencia también estuvieron Elizabeth Plácido Río de Católicas por el Derecho de Decidir-México y Ninde Molre de AbortistasMx.