Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Comisariados y comisarios municipales de las comunidades de Huehuetepec, Pie de Tierra Blanca, Barrio de Guadalupe y Llano de Maguey, municipio de San Luis Acatlán, así como la dirigencia del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog-EZ), exigieron al alcalde Adair Hernández Martínez que sean esas comunidades las que ejerzan los recursos que fueron gestionados por ellos para un tramo carretero.
Las autoridades enviaron un escrito dirigido a la secretaria de Obras Públicas del gobierno, Irene Jiménez Montiel, al director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (CICAEG), Miguel Ángel Ríos Soberanis y al director general de la Comisión Nacional de Pueblo Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Refieren que la pavimentación de concreto hidráulico y ampliación en proceso de ejecución del crucero de Huehuetepec a Pie de Tierra Blanca, Barrio de Guadalupe y Llano de Maguey se logró gracias a las marchas, plantones, denuncias y a la mesa de diálogo de hace tres años con el director del INPI, Regino Montes.
Explican que derivado de esa larga lucha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas lograron recursos federales para esa obra, mismos que fueron transferidos a las autoridades locales pero que ya vienen etiquetados y tienen un fin preestablecido, “por lo que no pueden destinarse como los ingresos de libre disposición a otros destinos de gasto”.
Exigen al presidente de San Luis Acatlán, Hernández Martínez, que sean los comités de obra nombrados por las asambleas las que se encarguen de ejercer los recursos para su manejo en la obra del eje carretero artesanal, “como lo ha dicho nuestro presidente de la República, que los pueblos y comunidades sean quienes administren su propio recursos”.
Explican que estos recursos no son del programa federal Ramo 33, sino que son fondos autorizados de manera directa por el gobierno federal y destinados exclusivamente para la carretera artesanal.
Exigen que el alcalde se dedique a ejercer los recursos que le corresponden que son de ese programa preestablecido.
“Pero ahora resulta que el presidente municipal tiene en su poder los recursos económicos destinados a las comunidades”.
Mencionan que no están de acuerdo porque con ese recurso que fue logrado por la organización y acciones de protesta de las comunidades, ahora el alcalde se está promoviendo políticamente con su aplicación en esa carretera.
“Tenemos que decirlo, se preocupa más en cubrir su deuda de campaña que atender las verdaderas necesidades de las comunidades”. Denuncian que esto ocurre porque, como todos los alcaldes, “llegan comprando votos en tiempos electorales”.
Argumentan que les preocupa que ejerza los recursos el alcalde porque está manipulando a las comunidades “proyectando su imagen, con el afán escalar políticamente a un nuevo cargo después que culmine su encomienda municipal, haciendo creer a nuestras comunidades que él es el gestor”.
Además, temen que se haga uso indebido de los recursos, “ya que hemos tenido la experiencia con los gobiernos municipales anteriores que han tranzado los recursos económicos, es el caso de Vicario Portillo Martínez, quien en su administración desvío 30 millones de pesos destinada para la carretera con colocación de carpeta asfáltica, y no queremos que la historia se repita”.