Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinguida Procuraduría General de la República (PGR), a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y a los cónyuges José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, en ese entonces presidente municipal y presidenta del DIF de Iguala y vinculados por las autoridades al grupo criminal Guerreros Unidos.
En el encuentro mensual de los padres con el jefe del Ejecutivo federal de este miércoles participó por primera vez Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con funcionarios que han estado en los encuentros anteriores: Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Pedimos que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda aportar la información para que se investigue a estas personas, hablamos de los Abarca, Tomás Zerón y Murillo Karam”, informó Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los familiares de los 43.

Los requerimientos para la investigación

Al término de la reunión los familiares de los 43 ofrecieron una rueda de prensa en la que dijeron que entregaron a López Obrador un documento con tres apartados que indican los requerimientos para que se investigue la desaparición de los estudiantes.
El primer apartado menciona las acciones competencia de la FGR, como las investigaciones –por el delito de desaparición forzada y de tortura– a los elementos de la Policía Federal, la Policía Municipal de Huitzuco y la de Tepecoacuilco, quienes participaron activamente en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El segundo apartado, según explicó el abogado Vidulfo Rosales, pide acciones penales contra los responsables de elaborar expedientes irregulares y de haber incurrido en el delito de tortura.
“Estamos haciendo esta solicitud para que se implementen nuevas acciones penales contra las personas que fueron liberadas, contra los que podrían estar próximos a ser liberados, y contra los prófugos de la justicia”, puntualizó.
El tercer apartado se refiere a la intervención de las cuentas bancarias de los exfuncionarios, que tendría que ejecutar la UIF.
El representante legal de los familiares de los 43 también explicó que en el documento se pide explorar mecanismos jurídicos adecuados para que se reúnan en un juzgado único las distintas causas penales que componen el caso Ayotzinapa.
La dispersión que de momento caracteriza los juicios, expuso, obstaculiza el acceso a la justicia, ya que retrasa la resolución de los mismos.
“Proponemos que, a través de un acuerdo con el Consejo de la Judicatura, sea un solo juzgado el que conozca todos los conflictos de competencia que están llegando, todas las averiguaciones previas que se están consignando y las carpetas de investigación que se están judicializando”.

Que el Ejército proporcione ya su información, reiteran

El abogado Vidulfo Rosales dijo que lo más destacado para los familiares fue que en la próxima reunión, dentro de 15 días, “vamos a definir a través de un cronograma las acciones concretas que le corresponden a cada uno de los poderes, y los tiempos muy concretos en que se deberían de estar resolviendo”.
El cronograma, informó, se extiende de marzo a septiembre. Para el último mes si todo sale como los familiares esperan se debería contar con un avance importante en los puntos expuestos en el documento que entregaron a López Obrador, quien lo firmó de recibido este jueves en el encuentro.
Otra solicitud que se hizo al presidente de la República, mencionó Rosales, es que el Ejército brinde la información que posea sobre el caso, ya que ello aún sigue pendiente.
De la participación del fiscal Gertz Manero, dijo que se mostró comprometido en el esclarecimiento del caso y que aseguró tener listas unas investigaciones.
“No se nos dan los avances concretos de estas investigaciones porque tienen que ver con algunas judicializaciones que ellos ya están haciendo, y por cuestión de sigilo no se nos dan”, declaró.
El abogado mencionó que el ministro presidente Arturo Zaldívar afirmó que desde la Corte se buscará desarrollar mecanismos jurídicos pertinentes para que el Poder Judicial aporte a la pronta resolución del caso, y enfatizó que se va a supervisar el trabajo de los jueces involucrados.

Búsqueda e identificación de personas, otra vez de camino a Austria

Vidulfo Rosales definió como “importante” la reunión porque la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa presentó el avance en materia de búsqueda.
Informó que en 2019 se impulsaron 18 búsquedas y este año se han hecho cinco más. Éstas últimas –en zonas aledañas a la ciudad de Iguala, aunque no especificó su ubicación exacta pero hace ya dos semanas que se excava en Cerro Gorro– produjeron hallazgos que fueron enviados a los laboratorios de Innsbruck, Austria, y se encuentran en proceso de análisis para identificar el ADN.
Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, dijo que los familiares aún tienen fe y esperanza de que se va a alcanzar la verdad sobre el paradero de sus hijos.
“Como madres y padres vemos que hay pocos avances, nos han escuchado nuestra petición y lo que exigimos es saber dónde estas nuestros hijos. No queremos llegar a otro año más sin resultados, vamos bien, paso por pasito pero ahí la llevamos”.
La siguiente reunión entre el presidente y los familiares de los jóvenes normalistas está prevista para el lunes 6 de abril.

Firman acuerdo de colaboración

Los representantes de los poderes Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, Judicial, Arturo Zaldívar, y de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, firmaron un acuerdo para colaborar en el caso Ayotzinapa.
Frente a los padres y las madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, los tres signaron el convenio durante una reunión en Palacio Nacional.
“(Se comprometen a) realizar y colaborar en todos los actos que resulten necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente”, indica el texto, en el primero de tres puntos.
“Dar seguimiento de manera puntual y permanente al Caso Ayotzinapa, para no dejar en el olvido los hechos derivados del mismo y, en su oportunidad, hacer del conocimiento de la sociedad la verdad”, se señala en el último rubro.
El segundo compromiso es para reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas a las víctimas, en concordancia a los principios de un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad.
López Obrador compartió en redes el acuerdo de una sola hoja con las rúbricas de los tres servidores públicos. “No sólo es razón de Estado, sino de nación”, indicó el mandatario.
Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, agregó que al Fiscal Gertz Manero le pidieron que inicie ya acciones penales en contra de ex funcionarios federales, estatales y municipales, al igual que otras personas implicadas.
Las personas señaladas fueron agrupadas en tres rubros, según el papel que desempeñaron, por la desaparición de los 43 normalistas, por actos de tortura y por irregularidades en las investigaciones.
María Elena Guerrero, madre de Giovanni, les aclaró a los funcionarios que no buscaban venganza, sino que pensaban que si no hay acciones penales no se romperán los pactos de silencio que existen.
Mario César González reconoció la relevancia del encuentro, pero le reclamó al presidente de la República que hay dependencias, como el Ejército mexicano, que no colaboran con el caso, pues no han dado toda la información que tienen.
El fiscal general Gertz Manero refrendó su confianza y respaldo al fiscal del caso, Omar Gómez, y el ministro Zaldívar sostuvo que aceptó la reunión como muestra de apoyo a los familiares.
De los nuevos hallazgos en fosas clandestinas, fueron enviados seis restos humanos a la Universidad de Innsbruck, informó Santiago Aguirre.