El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, expuso el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero, y en particular, la detención del consejero Arturo Campos Herrera, en la consulta Criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos: propuestas de acción para la prevención y protección, de este lunes y martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.
En un boletín informó que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz convocó a Tlachinollan, entre otros actores de la sociedad civil, a representantes de pueblos indígenas y mecanismos internacionales de derechos humanos a participar en la consulta.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera habló de la formación de la CRAC-PC para brindar seguridad a las comunidades indígenas de la microrregión Costa Chica- Montaña, en el ejercicio de sus derechos a la libre determinación de los pueblos y de sus sistemas normativos.
En mesas de trabajo explicó cómo a través de los años, la CRAC-PC se convirtió en elemento de organización fundamental de varios procesos de la lucha indígena, como en San Miguel del Progreso, donde los pobladores emprendieron una lucha legal contra una concesión minera en sus tierras comunales, y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, ejidatarios opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota también se unieron por la seguridad.
Señaló que “la criminalización de los integrantes de la CRAC-PC por autoridades estatales y federales ha sido un claro mensaje en contra de las comunidades indígenas que han logrado organizarse contra la delincuencia, y que han encontrado formas de articulación que les permiten defender sus derechos”.
Barrera Hernández se refirió al encarcelamiento del consejero de la CRAC-PC y defensor comunitario del pueblo na’ savi, Arturo Campos Herrera, como un caso paradigmático de la criminalización en el estado.
Planteó que “su permanencia por más de cuatro años en prisión preventiva por un delito que no cometió, mostró la saña del gobierno en su contra y la prevalencia de un sistema de justicia incapaz de incorporar en su operación la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”.
Denunció los actos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en una operación de más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad en la comunidad de comunidad de La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que hay 25 personas en proceso judicial, 13 policías comunitarios del homicidio de seis personas armadas durante un enfrentamiento producto de la división intracomunitaria, que fomentaron los gobiernos estatal y federal para implementar el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.
Destacó que existen otras formas de prevención y protección de sus derechos, desarrolladas por las comunidades indígenas de Guerrero, como la reelaboración de sus estatutos comunales, la creación de un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CAADT), y la reactivación de las asambleas agrarias como la máxima autoridad de toma de decisiones por usos y costumbres que mantiene a las comunidades en diálogo y acuerdo para estar unificadas.
Opinó que en este contexto de organización es necesario que existan mecanismos de protección colectiva para las personas defensoras de origen indígena y sus comunidades, que no se incluyen en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Además se informó que en septiembre de este año la relatora Victoria Tauli-Corpuz presentará un informe temático en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que incluye el reporte sobre su visita a México de noviembre de 2017, que consideró La Montaña de Guerrero.
Reconoció que los informes de las y los relatores de la ONU hace años han contribuido al desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos.
Confió en que la participación de Tlachinollan “abonará al contenido de estos nuevos estándares, poniendo de relieve el impacto colectivo de la criminalización y la violencia en las comunidades indígenas y el respeto a medidas de que los propios pueblos indígenas han implementado para su prevención y protección”.