Esta temporada alta de migración interna, jornaleras y jornaleros indígenas de la Montaña de Guerrero sufren extorsiones, hostigamiento y la falta de apoyo gubernamental, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tachinollan.
En un boletín el organismo señala que a pesar de que existe una comisión intersecretarial de atención a familias jornaleras, nada pueden hacer ante los abusos y problemas que padecen miles de personas que recorren cientos de kilómetros para trabajar largas jornadas en los campos agrícolas del país, ante la falta de trabajo en sus lugares de origen.
Informa que de septiembre a la fecha el flujo migratorio ha sido de 2 mil 500 jornaleras y jornaleros que en su diáspora hacia estados como Michoacán, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California y Nayarit entre otros, los atropellos en su contra no cesan.
“El Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña denuncia una ola de extorsiones cometidas por parte de Policías Ministeriales de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares que traen placas de otros estados, teniendo por ejemplo el de una familia de Lindavista a la que el viernes pasado, los ministeriales les cobraron una ‘multa’ de 5 mil pesos por dejarlos pasar en el crucero de Tlalixtaquilla”, agrega.
“Tlapa de Comonfort, Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Copanatoyac, Atlixtac, Xalpatlahuac, Atlamajalcingo del Monte y Alcozauca son los municipios con mayor expulsión de familias jornaleras. En la temporada alta de migración de septiembre de 2016 a enero de 2017 se registraron 12 mil jornaleras y jornaleros que migraron a 19 estados del país”, precisa.
El Consejo reclama nuevamente a la Comisión Intersecretarial integrada por dependencias estatales, federales y municipales, atención adecuada a los migrantes indígenas y sus familias, ya que se ha abordado el problema de las multas y extorsiones en pasadas reuniones y se acordó que el delegado del gobierno estatal, Arturo Bonilla, y el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano, hablarían con la Policía Ministerial para evitarles, pero los problemas continúan a pesar de que agentes han acudido de incógnito a las reuniones en la Unidad de Servicios Integrales (USI) y escuchado los reclamos de los jornaleros.
“Los problemas no terminan en los límites de Guerrero, otro testimonio dado al Consejo da cuenta de una revisión ejecutada por Policía Ministerial del Estado de México a dos familias de Agua Dulce anexo de Santa María Tonaya, cuando cruzaban rumbo a Yurécuaro, Michoacán, en la cual los policías les exigieron una mochada de 4 mil pesos bajo amenaza de ser turnados al Ministerio Público”.
En otros asuntos generales relativos a la USI, los camiones donde se trasladan los  jornaleros siguen estacionándose en una vía prohibida al estar inconclusos los trabajos prometidos por el Ayuntamiento de Tlapa, para acondicionar un área asignada como estacionamiento, tampoco hay  suministro de alimentos para familias jornaleras ni se ha instalado el Registro Civil prometido por la comisión, denuncia Tlachinollan.