La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que falta interés del gobierno de Enrique Peña Nieto en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
El informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
Instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso. “Es importante determinar el grado de participación de la Policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, auspiciado por la propia CIDH, que presentó sus conclusiones y recomendaciones en julio de 2016), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
El organismo autónomo de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de 31 páginas de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, en el que concluye que a pesar de avances en el análisis de telefonía, el uso de nueva tecnología y algunas detenciones, el paradero de los estudiantes es aún desconocido.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, apunta el informe tras casi 2 años de evaluación.
El informe de la CIDH llega sólo unos días después que un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la creación de un Comisión de la Verdad con participación de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
En especial, la CIDH se unió y saludo el fallo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, dijo Vargas Silva.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abr?o, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes, indicó Abr?o.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el ex funcionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.