Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * En lo que va del proceso de entrega en la administración priísta de Zihuatanejo,  se han encontrado irregularidades como la falta de vehículos, armas y muebles que la administración anterior no entregó físicamente.

En el proceso de entrega del ayuntamiento azuetense encontraron que hay más facturas que vehículos, lo cual se atribuye a la venta de 73 vehículos efectuada en el trienio pasado que encabezó Eric Fernández Gómez gracias a una autorización otorgada por el Congreso del Estado para la venta de chatarra.

De acuerdo a la información que se ha recabado, las facturas sobrantes se deben a que el comprador calentano de los vehículos no las recogió confiando en que podía acreditar la procedencia legal de éstos con la autorización publicada por el Congreso local.

El síndico Juvencio Valenzo Romero informó que en la búsqueda de estos vehículos detuvieron algunos en la zona de Tierra Caliente, y ante la Policía Judicial del Estado el comprador acreditó la adquisición con una relación de los automóviles avalada por el Congreso.

Aunque tanto él como el secretario general del ayuntamiento, Raúl Garcia Urióstegi niegan que falten vehículos propiedad del municipio en estos momentos, ambos informaron que tuvieron que darse de baja unos 15 carros de distintas dependencias como la de Comunicación Social, Seguridad Pública, Fiscalización y Reglamentos y Espectáculos, debido a que estaban descompuestos y en pésimas condiciones para dar servicio, por lo que se les envió al corralón municipal.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio inicio procedimientos para recuperar algunos vehículos que físicamente estaban extraviados, en manos de otras personas o descompuestos y en lugares distintos al ayuntamiento, por lo que Valenzo Romero consideró que debe hacerse una comparación de los carros que tiene registrados la Contraloría Mayor del Glosa del Congreso y lo que físicamente existe en el municipio.

En cuanto a los muebles que se están inventariando, hay algunos que empezaron a ser devueltos por funcionarios de la administración de Fernández Gómez, entre ellos escritorios y computadoras que fueron requeridos por el síndico Valenzo Romero quien declinó dar nombres “para evitar problemas”.

En cuanto a las armas, el ayuntamiento actual recibió un déficit de 63 que estaban asignadas a funcionarios de Reglamentos y Espectáculos y hasta a regidores en el trienio pasado según información de Valenzo Romero.

Tanto él, como el secretario general y el director de Asuntos Jurídicos, Lucas Nava Brito reconocen sólo que en esta administración se extraviaron cuatro armas, de las cuáles se levantaron actas ministeriales y una tuvo que ser pagada por el director de Seguridad Pública, Arturo Barrera Moreno porque no la entregó a resguardo.

Sobre la pérdida de 63 armas, Valenzo Romero dijo que “fueron un déficit de la anterior administración porque los regidores de aquella época se las apropiaron y nunca las devolvieron, y nosotros nos querellamos contra ellos porque las armas son para garantizar la seguridad pública del municipio y no la individual, porque esto es una muestra de arbitrariedad y de abuso de autoridad”

Esas armas dijo que no se recuperaron a pesar de que se inició un procedimiento legal “largo que ya tardó tres años”.