El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) difunda la investigación al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como de nueve peritos y ministerios públicos señalados por irregularidades en la integración del expediente del caso Ayotzinapa.
En un comunicado de la Oficina de ONU-México, el organismo manifestó su preocupación por el viraje en las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la PGR, que estableció sólo faltas administrativas para los implicados en el proceso, “sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal”.
No obstante que en el inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso, subraya.
Se refiere así a que la PGR entregó su investigación interna a la Secretaría de la Función Pública para que determine sólo responsabilidades administrativas contra Zerón de Lucio, y otros funcionarios que diseñaron la primera versión oficial de los hechos, que el exprocurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”.
Aquella tesis oficial descartada científicamente dice que policías municipales entregaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos al cártel de Guerreros Unidos, ellos los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.
Los responsables de la investigación presentaron restos humanos, presuntamente hallados en bolsas negras en al rivera del río San Juan que permitieron la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los desaparecidos. Todavía se desconoce el origen real de las muestras.
Ayer la ONU-DH señaló que Ayotzinapa es un caso emblemático, y que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein se manifestó recientemente por la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las recomendaciones del Grupo se encuentra precisamente la investigación de las irregularidades en la integración del expediente de la PGR.
Señala que el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab pidió que “debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”.
Se explicó que de acuerdo con la información con la que cuenta la ONU-DH México, “la investigación conducida por la Visitaduría General habría identificado únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal. Las faltas administrativas habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR, en su mayoría mandos medios (peritos y ministerios públicos), así como por el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio”.
Sin embargo y desde el inicio del caso Ayotzinapa la ONU-DH ha documentado graves violaciones a los derechos humanos, y patrones en la comisión de las mismas ligadas a la integración del caso.
En este sentido, dice que en la Oficina tienen elementos de convicción para señalar que se cometieron actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas entre otros, por funcionarios de la PGR.
Estos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de la PGR desde el año pasado, y con el Mecanismo de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“A pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, aseveró Jan Jarab.
Ayer destacó la necesidad de contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales, capaces de investigar con perspectiva de derechos humanos.
Expresó su disposición para seguir colaborando con las autoridades y con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.