Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

En la visita de tres días al Campo Militar Número 1A se encontraron indicios y probables sitios donde pudieron haberse cometido violaciones graves a derechos humanos y “crímenes de lesa humanidad”, informó este viernes la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990.
Los recorridos de reconocimiento en las instalaciones del Campo Militar, ubicado entre los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, fueron realizados los días 20, 21 y 22 de septiembre por integrantes de la comisión y 61 participantes más, entre familiares de personas desaparecidas y sobrevivientes de la guerra sucia, periodo que abarca las décadas de los sesenta a los noventa que investiga la comisión por decreto presidencial.
En conferencia de prensa, al presentar el balance de las primeras acciones de reconocimiento de las instalaciones, David Fernández Dávalos, integrante de la Comisión, afirmó que se encontraron “indicios creíbles de que el Campo Militar No. 1 fue un escenario de crímenes de lesa humanidad y de volaciones gravísimas a los derechos humanos”.
Estos crímenes se habrían llevado a cabo en al menos cuatro lugares de las instalaciones.
Los sobrevivientes que fueron detenidos de forma ilegal en aquella época hallaron los indicios en esos lugares específicos donde habrían sido torturados o encarcelados de forma arbitraria.
Especificó que las ubicaciones son en el área de la Policía Militar y la Prisión Militar, y detalló que se identificaron pisos, zoclos, ventanas y paisajes subterráneos. Estos hallazgos, comentó, ayudarán a iniciar un proceso de investigación más profundo dentro del Campo Militar, pero también en otras instalaciones castrenses.

Una actitud “pasiva” de militares

Fernández Dávalos dijo que los hallazgos se lograron a pesar de que los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que los acompañaron en las visitas mantuvieron una actitud “pasiva”.
La “colaboración pasiva del Ejército fue una dificultad. Abrieron sus puertas, nos dejaron entrar”, pero “no nos indicaron en ningún momento la historia de las edificaciones, los procedimientos que habían vivido. No pudimos tener una colaboración activa que facilitara las investigaciones”.
No obstante, el también ex rector de la Universidad Iberoamericana consideró que la visita al Campo Militar “ha sido exitosa para reivindicar el punto de vista de la víctimas” y “evidenciar que lo que han dicho ha sido verdad desde el primer momento en que lo han sostenido”.
No existe una fecha concreta para que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas vuelvan a las instalaciones del Campo Militar, pero se tiene prevista para fortalecer los resultados de los recorridos efectuados esta semana.
Se prevén, además, actividades de reconocimiento en instalaciones militares de Guerrero –en Pie de la Cuesta–, Oaxaca, Sinaloa y Chihuahua.

Huellas de lo que fue “terrorismo de Estado”

David Fernández anunció que será necesario que peritos expertos en criminalísticas e incluso arquitectura ingresen a la zona castrense para que se puedan recabar más pruebas para confirmar que en esos lugares específicos se cometieron actos de tortura, y detenciones arbitrarias.
Es necesario, dijo, “dejar de lado las narrativas de los dos demonios, porque lo que hubo no fue una guerra sucia, aunque así se identifique al periodo, sino un operativo de aniquilamiento de grupos de personas organizadas que luchaban por una sociedad mejor”.
“Lo que hubo fue terrorismo de Estado, fueron violencias sobre personas que se organizaron y no tenían la capacidad operativa de las instituciones del Estado”, agregó.
Aunque han pasado décadas, los participantes en los recorridos detectaron que edificios de aquella época aún existen, lo que da “esperanza” de que se encuentren los lugares donde personas habrían sido detenidas arbitrariamente, torturadas e inclusive desaparecidas.

“Dónde están las fosas clandestinas”

En su turno, Erasmo Cabañas Tavares, hermano del guerrillero Lucio Cabañas asesinado por el Ejército en 1974, lamentó que en los recorridos hechos durante esta semana no pudieron ingresar a espacios subterráneos donde, presuntamente, había cárceles clandestinas para dirigentes sociales, disidentes u opositores políticos de la época.
Cabañas estuvo preso en el Campo Militar No. 1 entre 1976 y 1977 y pidió a la Sedena, “mayor apertura y dar a conocer dónde están las fosas clandestinas” en esas instalaciones.
“Anduvimos recorriendo el Campo Militar los lugares asignados, pero en lo particular la logística a mí no me pareció muy bien porque me llevaban a los dormitorios, al comedor, a la cocina, a la enfermería y yo buscaba en lo particular un subterráneo porque ahí me tuvieron en 1976 y 1977”, expuso Cabañas.
Miembro del Partido de los Pobres y desplazado de la sierra de Atoyac de Álvarez, Erasmo compartió que lo que él buscaba en el Campo Militar era un nivel subterráneo.
“Ese era mi interés, a lo mejor para otros que andaban con nosotros su interés era ver una ventanita y por eso andaban en los dormitorios. Por eso pedimos a la Sedena que se abra más para apoyar este proceso, que en vez de ensuciarlos va a limpiar su imagen”, agregó.
Solicitó que se abran los archivos de las personas que eran encargadas del Campo Militar y “se revisen las bitácoras, porque ahí deben tener información de quién llegó, cuándo y qué fue de esa persona”.
Por su parte, Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de Gobernación y secretario técnico de la Comisión para la Verdad, dijo que “todos los espacios que constituyen el Campo Militar No. 1 y las instalaciones militares de otras entidades por instrucciones del comandante Andrés Manuel López Obrador se van a abrir a esta comisión”.
Añadió que en las instalaciones se efectuaron reconocimientos e investigaciones en la Brigada de Fusileros Paracaidistas, Caballerizas del Estado Mayor, Prisión Militar, primero y segundos batallones de Policía Militar, Cuartel General de la Policía Militar y Cuarto Batallón de la Policía Militar.
De acuerdo con Santana, los trabajos continuarán como parte de la encomienda de la Comverdad, se revisarán archivos y mapas, y a finales de año habrá una evaluación conjunta de todos los participantes de la comisión junto con personal de la Sedena.
Junto con Félix Santana, David Fernández y Erasmo Cabañas, en la conferencia de prensa estuvieron Abel Barrera Hernández, integrante del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, Armando Otto Gaytán, ex integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), y Josefina Martínez Rojas, quien estuvo exiliada tres años y medio y fue esposa del doctor Felipe Martínez Soriano, preso en el Campo Militar No. 1.

Hay 25 testimonios de sobrevivientes

En un balance difundido este viernes por la Secretaría de Gobernación, la Comverdad calificó como “hecho inédito” las primeras acciones de reconocimiento en instalaciones del Campo Militar No. 1.
Recordó que “pasaron alrededor de 50 años para que familiares de personas desaparecidas y víctimas regresaran a los cuarteles militares, pero ahora a identificar espacios en los que presuntamente se cometieron violaciones graves a los derechos”.
Resumió como principales “logros” de estas tres jornadas de trabajo el ingreso de la Comverdad con quienes vivieron tortura y desaparición forzada, así como de familiares de personas desaparecidas al Campo Militar No. 1., “es el primer resultado relevante y de carácter histórico”.
Asimismo, la identificación de “indicios y probables sitios en que pudieron haberse cometido violaciones graves a derechos humanos” entre 1960 y 1980, acompañada del levantamiento de información con expertos criminalistas y de arquitectura forense, con el apoyo de visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En su comunicado, la comisión informó que se documentaron 25 testimonios de personas que vivieron tortura y desaparición forzada en instalaciones del Campo Militar No. 1.
Finalmente, agradeció el apoyo y participación de la CNDH, la Sedena y del periodista José Reveles, especialista en temas de seguridad, justicia y derechos humanos.