El delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que son 28 desarrollos habitacionales para damnificados que están detenidos, que en 13 de ellos pesan procesos judiciales contra constructoras que incumplieron el contrato y que otros 15 continúan con sellos de clausura impuestos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En declaraciones al concluir la presentación de un programa para el verano en el centro de convenciones Mundo Imperial, el funcionario federal aseguró que las multas no significarán pérdidas económicas para la Sedatu, a pesar de que, sólo las de Profepa, superan los 12 millones de pesos.
Aseguró que la Sedatu aplicará programas como el de recuperación de espacios y reforestaciones en las obras clausuradas por la Profepa, para evitar pérdida de mantos freáticos.
“Tenemos una multa impuesta que supera los 12 millones de pesos sólo para Guerrero contra Sedatu, pero se podría conmutar con nuestros programas como el de espacios públicos, otro de protección de asentamientos humanos y sumados, ofreciendo acciones de reforestación y obras que permitan la recarga de mantos acuíferos podremos hacer las mitigaciones. La Profepa aceptaría nuestras inversiones para que se conmute la deuda”, argumentó.
Armenta Tello se dijo preocupado por el tiempo que ha transcurrido y por el retraso en la entrega de las viviendas para los damnificados que dejaron los meteoros Manuel e Ingrid, que ocasionaron destrozos en septiembre de 2013 en la entidad.
“Detenidos los trabajos, son 13 fraccionamientos, porque las otras son acciones en las que no se está ejecutando obra, está suspendida por tener procesos administrativos o legales”; la mayoría fueron clausurados porque carecen de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y autorización de cambio de uso de suelo forestal
Descartó que exista algún desarrollo de vivienda detenido por amenazas de grupos de la delincuencia organizada y, en contraste, aseguró que existen omisiones de 15 empresas a las que se les ha pagado, de las cuales no proporcionó los nombres, pero que comenzaron procedimientos legales y administrativos ante tales incumplimientos.
Abundó que hay 41 fraccionamiento en desarrollo, de los cuales, en 13 obtuvieron de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una exención de la MIA, y “otros tantos” se quedaron con el pendiente de los trámites y las gestiones para cambios de uso de suelo o la MIA.
Armenta Tello comentó que el cambio de uso de suelo es factible en la mayoría de las obras, porque no están en algún Área Natural Protegida (ANP) o Unidad de Manejo Ambiental (UMA), sino que fueron zonas forestales.
Sobre cómo la delegación en Guerrero de la Sedatu pagará las multas a la Profepa, el funcionario federal dijo que, “hay una manifestación del procurador del Medio Ambiente (Guillermo Haro Bélchez) para que podamos responder con programas paralelos, como el programa de rescate de espacios públicos, para que estas multas no representen un desembolso adicional a la secretaría”.