Francisco Magaña

Atoyac

Líderes de organizaciones sociales denunciaron que son objeto de represalias por haber reclamado un mejor servicio y atención en el hospital general regional de Atoyac y responsabilizaron al secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, “quien dijo que él se encargaría de meter a la cárcel a los líderes de las organizaciones sociales”, según dijo la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino.

Por su parte, Estela Arroyo, del Frente Ciudadano Atoyaquense, pidió que se respete la minuta de acuerdos firmada por la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, en la que se acordó retirar las órdenes de aprehensión contra líderes que participaron en un plantón en el hospital de Atoyac, para pedir mejoras en la infraestructura y en el servicio.

Mesino expuso que, no obstante, “ya se liberaron dos órdenes de aprehensión y están listas cuatro más para otros líderes”. Señaló que “el mayor (León Aponte) está actuando como militar y no como una persona que debe solucionar problemas”.

“El querer un hospital digno no se puede considerar como un delito”, dijo Rocío Mesino y comparó el hecho de que ahora los policías se encapuchen “para denunciar la incapacidad del Mayor Aponte; es muestra de que el gobierno del estado debe considerar el no tener a un funcionario así en su gabinete, déspota y prepotente”.

Exhortaron al gobernador a que atienda la situación personalmente, para evitar que por la negligencia de un funcionario se tengan que lamentar hechos de este tipo.

Dijo que la “por la cerrazón de una persona”, luego se justifica la existencia de grupos armados en el estado y el país, que “tienen razón de ser, porque a quienes trabajan por la vía de la legalidad, se les ataca”.

Por su parte, Estela Arroyo, a quien también le fue liberada una orden de aprehensión, dijo que no tienen miedo porque luchan contra las injusticias que dañan a los pobres.

Señaló que “los que deben estar tras las rejas son los que se dicen médicos competentes y han actuado dañando y abusando de los más indefensos” y que lo único que hicieron las autoridades fue mejorarlos y cambiarlos de puesto.

Al respecto, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Víctimas de las Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla, exhortó al gobierno del estado a que cese la represión y atienda las demandas populares.