El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.