Desde el pasado fin de semana, en Ciudad Altamirano la delincuencia organizada comenzó a cobrar la cuota anual de derecho de piso impuesta a los negocios en la Tierra Caliente durante los últimos cuatro años, sin que ninguna autoridad intervenga.
Jóvenes en moto, con una mochila al costado llegan a los negocios del centro de Ciudad Altamirano con un pedazo de papel en el que hay anotado un número telefónico al que les piden llamar para recibir indicaciones de lo que deben pagar, dijeron algunos locatarios vía telefónica.
El trato de los jóvenes que llegan a los negocios es amable. No dan más detalles de lo que piden, solamente que se comuniquen “de favor” al teléfono que les dan.
Los comerciantes de Ciudad Altamirano están acostumbrado a esta práctica. Durante los últimos cuatro años Los Caballeros Templarios impusieron una cuota a cada negocio, que varía de acuerdo al giro comercial, a su ubicación y a su tamaño.
En los últimos cuatro años, la Policía Federal y el Ejército han reportado por lo menos cinco detenciones relacionadas con los cobros de piso anuales. A los detenidos les han encontrado listados de nombres de negocios y cantidades. Los detenidos han sido procesados y más tarde liberados.
Aun así, no han impedido el pago de piso impuesto a los negocios por los delincuentes. En 2014, los comerciantes estimaron en una reunión de seguridad con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que el 95 por ciento de los negocios pagan cuota, desde un comercio ambulante hasta las grandes tiendas.
Este lunes se observó a policías federales recorriendo todos los negocios de la avenida principal Lázaro Cárdenas, para levantar un censo y conocer a quiénes les están cobrando, así como las cantidades que piden.
A locales de venta de celulares les piden 50 mil pesos. Algunas farmacias reportaron solicitudes parecidas.
A partir de que reciben el número telefónico al que deben llamar par saber el monto del pago de piso, les dan un plazo para cobrar. El barrido de cobros continúa durante diciembre y enero, y de Altamirano sigue a Coyuca de Catalán, donde hacen lo mismo incluso con negocios cercanos a la base de la Policía Federal.