Ramón Gracida Gómez

En el cuarto y último capítulo del documental de la BBC sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el ex fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, afirma que hay pruebas de que militares trabajaron “de la mano” con Guerreros Unidos para exportar drogas a Estados Unidos.
La violencia “brutal” del 26 de septiembre de 2014 se debe a que el quinto autobús “posiblemente” iba cargado con heroína, y había una disputa por el control de Iguala entre Guerreros Unidos y Los Rojos, declara en el capítulo Ayotzinapa: quiénes saben qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos, que fue subido este sábado al canal de Youtube.
El periodista y autor del libro Los ataques a los normalistas de Ayotzinapa; Una historia oral de la infamia, John Gibler, indica que “la brutalidad contra ellos esa noche fue en parte un mensaje a la escuela y al mundo de la lucha de izquierda rural: esto es lo que les espera si siguen organizándose”.
Dice que “es increíblemente importante recordar que el Ejército mexicano odia a Ayotzinapa. Durante años habían sido calumniados como violentos, matones y criminales; desde el principio, estas escuelas normales rurales se convirtieron en un emblema de una parte de México de la que quiere deshacerse la élite política y económica”.
Asegura que cuando la fiscalía especial estaba “muy cerca de documentar completamente los hechos de esa noche, que incluía la participación militar, dinamitaron el caso. Creo que lo volaron desde adentro porque no querían tocar al Ejército”, afirma el también autor del reportaje La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa, publicado en el aniversario del año pasado y que desató las críticas de Andrés Manuel López Obrador contra Gómez Trejo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el senador Emilio Álvarez Icaza y las organizaciones que acompañan a los padres de los 43.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, dice que no entiende por qué no dejaron trabajar a Gómez Trejo y se pregunta: “¿entonces, cómo vamos a llegar a la verdad?”, y Luz María Telumbre, madre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, declara que a “los mero cabecillas no los agarran, son intocables. O sea, no se puede cambiar este sistema, no se puede. Y si te metes más allá, te matan”.
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago y Martín Beristain, afirman que no les entregaron toda la información que demandaron.
El ex agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mark Giuffre, lee algunas conversaciones telefónicas y dice que son la evidencia del contacto directo de líderes de Guerreros Unidos e integrantes del Ejército: “Primo, estoy en contacto con los militares para hacer un trabajo y estoy yendo para allá porque quiero que “M” me dé luz verde, ¿vale, primo?”, “Si no contesto es porque estaré almorzando con los militares, estoy aquí con la Marina y estoy yendo al batallón. Gracias”.

“No me siento seguro en México”, dice el ex fiscal especial del caso Ayotzinapa

El ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, señala que en la investigación “hay un claro entendimiento respecto del rol que los militares tienen en el desempeño de las actividades de seguridad”.
A partir de los documentos de la DEA que pudo leer en Chicago, afirma que “quedó claro de que había una conexión con el trasiego de drogas internacional entre México y Estados Unidos”.
Indica que las conversaciones muestran “los esquemas de corrupción que existen entre determinadas autoridades con un grupo de Guerreros Unidos que les pagan, o que hacen fiestas, o que trabajan juntos”.
“Entonces lo que tú tienes es como una participación de autoridades de nivel federal como el Ejército, trabajando de la mano con grupos delincuenciales. La prueba que teníamos era contundente, fuerte, y sobre todo contra elementos del Ejército mexicano”, resalta.
En agosto de 2022 fue detenido el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y la oficina de Gómez Trejo solicita otras 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 eran para soldados que estaban en servicio la noche del 26 de septiembre en Iguala.
Y luego se desistieron de 21 órdenes, de las cuales 16 corresponden a militares acusados de delincuencia organizada. En junio de 2023, se volvieron a emitir 16 órdenes de aprehensión contra militares.
Gómez Trejo cuenta que el fiscal Alejandro Gertz Manero le dijo que ya no podía realizar más acciones de investigación, entonces él decidió renunciar. Exclama: “México es mi casa, es el lugar en que yo nací, pero no me siento seguro en México, mejor es tomar distancia”, y decidió vivir en Washington, la capital de Estados Unidos. “Creo que ahorita no hay condiciones para regresar a México”.
El exfiscal especial está bajo investigación por su manejo del caso y revela que le dijeron: “oye, te excediste en el número de militares, ¿no?”.
Gómez Trejo cree que pudiera haber una investigación penal en su contra, pues percibe que el caso “tiene ese tufo a criminalizar, a menoscabar, a matar al mensajero”.
Una de las líneas de investigación que dejó apunta a que el médico legista tenía un vínculo con Guerreros Unidos, “conocimos que familiares o los operadores en el crematorio posiblemente formaban parte del grupo criminal” y algunos de sus integrantes dijeron en la investigación “que una forma de borrar toda evidencia era a través de los hornos crematorios”.
“¿Cómo corroboras que se utilizó un horno crematorio seis, siete años después y que ahí puedes encontrar evidencia de los estudiantes? Es imposible”, pero “hay una serie de factores ahí que pueden llevar a entender qué es lo que ocurrió en la noche de los hechos en Iguala, Guerrero”.
“Un monitoreo constante sobre las actividades de los estudiantes y del quinto autobús que, posiblemente ese autobús iba cargado con heroína”, señala y agrega que además había una lucha por el control de Iguala entre Guerreros Unidos y los Rojos.
“Y eso, creo yo, atiende a la lógica por la cual la violencia específicamente ese día, fue completamente brutal. De las investigaciones y de lo que ha sido dado a conocer públicamente, lo que se desprende ahí es que, pues no importa lo que tenía que pasar, salvo que las cosas ocurrieran y que la droga pudiese llegar a Estados Unidos. Por eso sirve la corrupción, para que las cosas transiten”.
“Entonces todo mundo, o sea, como toda la orquesta, pues iban a hacer todo lo posible con tal de que las cosas ocurrieran”, reitera Gómez Trejo.
El exnormalista y sobreviviente de los ataques, Marlboro, revela que la mañana del 26 de septiembre hubo “un choque entre Guerreros Unidos y Rojos, entonces se esperaba una revancha, una venganza, se esperaba otro ataque. Al ir en caravana de autobuses, pues levantó sospechas”.
Ulises Martínez Juárez, otro sobreviviente, sostiene que “nada pasa en Guerrero sin que el Ejército sepa, todo lo sabe el Ejército y si las cosas pasan es porque ellos lo permiten, y si las cosas no pasan, también es porque ellos lo impiden”.
Señala que los militares “son los únicos que están impidiendo la verdad por el caso, y ellos son los únicos que están impidiendo, es la distancia que está impidiendo saber qué pasó esa noche”.
Asegura que no sabían que Julio César Patolzin era un infiltrado del Ejército en Ayotzinapa, y el ex subsecretario Alejandro Encinas señala que Patolzin tenía la responsabilidad de dar cuenta de todas las actividades de los estudiantes “y por supuesto, pasaba reportes a los altos mandos”.
La integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti, dice que a partir de Ayotzinapa “se hizo mucho más evidente la crisis de derechos humanos que había en México debido al alto nivel de violencia del crimen organizado”.
El documental recuerda que hay más de 100 detenidos por el caso Ayotzinapa, entre ellos, dos generales del Ejército, pero no hay condenas, y destaca que López Obrador ha dicho que “si se ha avanzado es precisamente por la cooperación del Ejército y la Marina”. El Ejército asegura que ya entregó toda la información y Murillo Karam niega los cargos en su contra.