El gobierno mexicano ha incumplido con el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra, Suiza, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición, tortura y ejecución del joven Jorge Cortés Carmona, denunció su tío el sobreviviente de la masacre de El Charco en Ayutla, Efrén Cortés Chávez.
Cortés Chávez informó que el gobierno mexicano se comprometió oficialmente ante el Comité contra la Desaparición Forzada a informar mes con mes a los familiares del joven sobre los avances de la investigación, mientras que a la CIDH no le ha contestado su petición sobre la situación del caso.
Jorge Cortés Carmona de 24 años era de Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, desapareció la noche del 28 de octubre en Cuajinicuilapa en donde cursaba su seminario de titulación y fue encontrado ejecutado con balazos y con huellas de tortura cerca de esa misma población el 7 de noviembre.
Su tío denunció que al cumplirse tres meses del asesinato los familiares no han recibido información de los avances de la investigación para detener a los responsables, por lo que suponen que el gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) encubren a alguien.
Agregó que el gobierno de México se comprometió ante el Comité contra la Desaparición a informar a los familiares del avance de las investigaciones, pero que han pasado tres meses y no han sido informados.
“Eso para nosotros es preocupante, se ha filtrado que ya hay órdenes de aprehensión, pero la fiscalía no ha informado directamente a los familiares”, se quejó Efrén Cortés.
“Por eso nosotros exigimos que la FGE informe de cómo va la investigación”, insistió.
También denunció que el Estado mexicano no ha contestado a la CIDH sobre este caso y que eso todavía es más grave porque es un organismo vinculante.
Según el reporte de la Policía Ministerial que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver su sobrino, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno en la carretera entre Cuajinicuilapa y San Nicolás.
Cortés Chávez declaró que la CIDH ha pedido información al gobierno mexicano sobre el caso pero no ha contestado, “y eso no es algo que el gobierno quiera, sino que es una obligación contestarle. No sabemos por qué el gobierno está siendo omiso con respecto a este caso, si tiene los instrumentos y es una obligación legal”.
Explicó que a los familiares les interesa conocer si la fiscalía tiene avances, y en caso contrario que ésta se declare incompetente y sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que atraiga el caso, pues dijo que hay materia legal pues se trata de un delito de desaparición forzada y tortura.