Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Una jueza federal dictó de nueva cuenta la libertad al ex cabo Ezequiel Carrera Rifas, ahora por el delito de delincuencia organizada, al no existir indicios de que supuestamente colaboró con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Raquel Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, le dictó la libertad por falta de elementos y, tras el fallo, este miércoles abandonó el Campo Militar Número 1, confirmaron fuentes ministeriales.
Con esta resolución, Carrera es el único miembro o ex integrante del Ejército que ha quedado en libertad en dos ocasiones, tras librar las acusaciones que ha presentado la Fiscalía General de la República ante los tribunales, derivado de las investigaciones del Caso Ayotzinapa.
El 7 de marzo pasado fue detenido y encarcelado en la prisión militar con base en una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada, relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo, al revisar la acusación y definir su situación jurídica, seis días después la jueza Duarte lo dejó en libertad por falta de elementos.
El pasado miércoles 3 de julio volvió a ser capturado, ahora por una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada que lo señalaba como cómplice de Guerreros Unidos, el grupo delictivo que desapareció a los estudiantes.
La jueza Duarte, nuevamente a cargo del caso, este miércoles desestimó el caso porque la FGR no acreditó la probable responsabilidad del acusado, es decir, no presentó indicios suficientes para relacionarlo con el crimen organizado.
El 26 de septiembre de 2014, cuando los normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados y desaparecidos en Iguala, Carrera Rifas se desempeñaba como integrante del 41 Batallón de Infantería en Guerrero.
En particular, desempeñaba funciones de “Órgano de Búsqueda de Información” (OBI), como denominan a los militares encubiertos que llevan a cabo acciones de espionaje, infiltración y recopilación de información para el Ejército.
La supuesta complicidad de militares con este grupo delictivo, derivan de los dichos de testigos protegidos como Juan, Carla y Neto, narcotraficantes que aseguran que los miembros de los Batallones 27 y 41 de Infantería eran parte de la “narconómina” de su grupo criminal.