Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El representante del colectivo de desaparecidos de Chilpancingo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, pidió ayer a los diputados locales y al gobierno estatal que en el presupuesto del próximo año destinen recursos para la creación de un Centro de Identificación Humana, y mayor presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).
Reprochó que a pesar de que Guerrero es uno de los estados con más desaparecidos en el país y estos vienen desde la llamada Guerra Sucia, no se cuenta con un Centro de Identificación Humana como ya los hay modernos y funcionales en Coahuila y Nuevo León, que tienen menos desaparecidos.
Lamentó que haya otros estados donde las cifras de desaparecidos son menores que Guerrero y estén más avanzados en cuanto a identificación humana, como por ejemplo Coahuila que cuenta con un Centro de Identificación Humana modelo a nivel nacional en cuanto al tratamiento de los cadáveres y que incluso trabaja también para los estados de Tamaulipas y Monterrey.
Explicó que en una reciente visita que realizaron a estas instalaciones, se percataron que el tratamiento de los cuerpos es diferente al que se da aquí: “los dividen, por un lado depositan los que no tienen tejido y por otro los que aún tienen tejido, pero están bien resguardados y protegidos y no huele nada”, dijo.
“Nos percatamos que tienen todas las áreas; rayos X, criminalística, medicina forense, odontología y tienen dos aparatos que son los fundamentales para realizar el perfil genético, a partir de la extracción de muestras del ADN”.
David Molina consideró que en Guerrero son necesarias unas instalaciones así, “primero porque Guerrero tiene una deuda histórica en cuanto a identificación debido a la Guerra Sucia, que no fue para menos, y, segundo, porque un gobierno que se dice de izquierda debería construir un Centro así, incluso, yo creo, que hasta otro en Atoyac”.
Pidió que además de presupuesto para unas instalaciones de este tipo, también se destinen más recursos para que la CEB realice con mayor eficacia su trabajo.
Declaró que le consta que el comisionado Arturo Solís Felipe, tiene ganas y voluntad de trabajar, pero que carece de los recursos suficientes, “me consta que a veces saca dinero de su bolsa para que se haga el trabajo en las búsquedas, pero no cuenta con personal suficiente”.
Denunció el riesgo al que ahora se enfrentan los representantes de los colectivos, pues recordó que ya van cinco asesinatos en el país, y alertó que si sigue la impunidad de los casos, dentro de poco “ya nadie va a querer buscar a sus familiares desaparecidos”.
Ello luego de que el 6 de noviembre la defensora buscadora María Carmela Vázquez Ramírez fue asesinada en Abasolo, Guanajuato. Ella pertenecía al Colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo y buscaba a su hijo Óscar Zuñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio de este año.
Antes fue asesinada Blanca Esmeralda Gallardo, del colectivo La Voz de los Desaparecidos Puebla, quien buscada a su hija Betzabé Alvarado de 24 años, desaparecida en la autopista México Puebla. Blanca fue asesinada el 4 de octubre pasado.
En tanto que Rosario Rodríguez Barraza, fue levantada el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mientras integrantes de los colectivos marchaban en distintos estados del país. El cadáver de la presidenta de Corazones sin Justicia de Sinaloa, quien buscaba a su hijo Fernando Ramírez, fue encontrado al día siguiente.
Ana Luisa Gallardo del colectivo Ana Karen Vive de Morelos, fue asesinada en su local el 27 de enero en Temixco, Morelos. Ella buscaba a su hija Ana Karen Huicochea.
Brenda Jazmín Beltrán, de Guerreas Buscadoras de Cadáveres, de Cajeme Sonora, fue asesinada el 21 de julio y buscaba a su hijo Luis Heraldo Beltrán Jaime.