El estudiante de la Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona quien es sobrino del luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez, cumplió nueve días desaparecido sin que las autoridades hayan informado a los familiares los avances de las investigaciones a pesar de que han presentado elementos claves para su localización.
Cortés Carmona de 24 años y originario de Cruz Grande del municipio de Florencio Villarreal desapareció la noche del sábado 28 de octubre en Cuajinicuilapa, región de la Costa Chica, ahí el joven cursaba su seminario de titulación.
Según sus familiares el joven esa noche acudió a una fiesta y desapareció cuando fue a comprar a una tienda de conveniencia.
Consultados vía telefónica, Efrén Cortés Chávez y la secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (organismo que da acompañamiento a los familiares del desaparecido), María Magdalena López Paulino informaron que las autoridades federales y estatales no les han dado a conocer avances de las investigaciones, incluso Magdalena López denunció que hay algunas irregularidades que obstaculizan la investigación.
Denunció que la mesa 8 del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Acapulco en donde los familiares solicitaron un amparo para que las autoridades rindan un informe ante la posibilidad de que Cortés Carmona haya sido detenido por alguna corporación policiaca, se negó a recibir el viernes pasado documentos con los que Efrén Cortés quiso aportar elementos para su localización.
Informó que los trabajadores de ese juzgado argumentaron que esos documentos ya habían sido requeridos en la solicitud de amparo.
Magdalena López informó que los documentos rechazados son copias de lo actuado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los lugares donde pueden ir a buscarlo, entre éstos el cuartel militar de Acapulco.
Informó que en respuesta a la solicitud de amparo el viernes pasado ese Juzgado concedió la suspensión definitiva y les pidió a los familiares que el desaparecido tenía que ir a firmar, lo cual les pareció ridículo, Cortés Chávez les dijo que ante la ausencia de la víctima directa sería él quien firmaría.
Los familiares y la Red solicitaron el 31 de octubre la intervención del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Consultado vía telefónica, Cortés Chávez insistió que las autoridades investiguen la línea política ya que no descartó que la desaparición de su sobrino esté vinculada con su activismo social y político.
Exigió a las autoridades que respondan a los recursos legales y políticos a los que han recurrido para la presentación con vida de Jorge Cortés. “Se tiene que saber lo que pasó y dónde está, no se puede perder una persona así nomás y de esa forma”, expresó.
Dijo que la FGE ya tiene argumentos sólidos y que debe empezar a requerir a todas las personas implicadas o que saben quién se lo llevó, insistió que “nosotros pensamos que puede ser un móvil político, una represalia dirigida hacia mí pero que la estén enfilando hacia mi sobrino”.
Añadió que si no es así el gobierno debe actuar en su localización y deslindarse, “y presentar una investigación seria a efecto de que demuestre que si no son ellos (el gobierno) que presente a los responsables”.
Explicó que la población de Cuajinicuilapa no es muy grande, “allí todo mundo se conoce y a nosotros nos ha llegado información de que puede estar por acá (en Cuajinicuilapa), pero es la fiscalía la que debe de ver qué es lo que pasó”.
Admitió que aunque no tienen mucha confianza en la FGE ven que está investigando, “pero sí queremos que la agilice porque mi sobrino todavía no aparece, y si la fiscalía estatal no tiene la capacidad para resolver el caso, que intervenga la Procuraduría General de la República (PGR) porque se necesita que se avance”.
Declaró que ya entregaron a la Fiscalía estatal información valiosa que se debe rastrear, por ejemplo los teléfonos del desaparecido y de las personas que estaban con él el día que desapareció. “Hay personas que si no son culpables sí deben de saber qué pasó”, insistió que la FGE ya tiene toda esta información, pero que no hay avances.