El vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, indicó que en la reunión del viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la que fue invitado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, solicitaran que se “limpie el sistema judicial” para avanzar en las investigaciones del caso Iguala.
Este martes durante el conversatorio “La desaparición forzada en México en el escenario de la pandemia” el abogado de los padres de los 43 desaparecidos que pertenece al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que un juez negó las 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero y solo está activa la del ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio.
Ayer, en declaraciones por teléfono Felipe de la Cruz dijo que los padres de los normalistas desconocían que las órdenes de aprehensión anunciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 30 de de junio fueron suspendidas, y que fue por la información que se difundió en este diario como conocieron la noticia.
El vocero expresó su preocupación por cómo se sigue negando la justicia a los padres y madres de los normalistas desaparecidos a casi seis años de los ataques de Iguala, así como detener a quien esté involucrado en el caso.
Dijo que la FGR ha estado haciendo todo de su parte y que quienes están deteniendo que se llegue a la verdad son los jueces “cómo es posible que el Poder Judicial a través de estos jueces lo siga ocultando”.
Ante esta situación dijo que es necesario que se limpie el sistema judicial, hacer una revisión con la Judicatura Federal, porque es ahí donde persiste el pacto de silencio que desde el actual gobierno se ha tratado de desmontar “el compromiso de los amigos, de los compadres de la administración anterior, porque con elementos se sigue negando las aprehensiones”.
Informó que en la reunión de este viernes en Palacio Nacional con los Integrantes de la Comisión Presidencial, el presidente López Obrador, así como el fiscal Alejandro Gertz Manero y el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, los padres van a insistir en solicitar que se limpie el sistema judicial, lo que ya habían planteado en la reunión del mes pasado.
Felipe de la Cruz dijo que la exigencia será directa al presidente de la Suprema Corte, porque el gobierno federal sobre todo el presidente López Obrador “está poniendo todo de su parte” para conocer la verdad y el paradero de los normalistas.
En los jueces hay un juego para no retomar los asuntos de los desaparecidos de Ayotzinapa

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra informó que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de apelación por la negativa de un juez de girar las 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero por el caso Iguala y solicitará junto con los padres de los 43 la creación de una jurisdicción homologada donde se lleve el caso para evitar criterios distintos de los jueces.
Consultado por teléfono indicó que este recurso de apelación está en su parte final pero que no tenía mayores elementos para abundar y que quienes sí tienen toda la información y el argumento que dio el juez para negar las órdenes son los integrantes de la Comisión Presidencial, como lo informó ayer durante el conversatorio “La desaparición forzada en México en el escenario de la pandemia”.
El abogado dijo que en caso de que se rechace la apelación que interpuso la Fiscalía de acuerdo al argumento que emita el juez, se tendrá que subsanar esas inconsistencia y la Fiscalía tendrá que volver a judicializar las carpetas de investigación considerando lo que haya señalado el juez.
Rosales Sierra no quiso abundar en el señalamiento que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador del llamado “pacto de silencio” que hay en torno al caso Iguala, ante la interrogante de que si los jueces por amistad o compadrazgos buscan la forma de parar que las investigaciones continúen.
Dijo que se ha visto que los jueces están privilegiando el “formalismo” y hay un juego para no retomar los asuntos del caso Iguala, sobre todo para eludir la responsabilidad de conocerlo y resolverlo.
Ejemplificó que en otros casos se ha visto criterios totalmente distintos de los jueces, por ejemplo unos dicen que como el hecho sucedió en 2014 no es competencia del sistema penal acusatorio actual y se declaran incompetente, y se turna a un juez de corte mixto, y éste señala que como desaparición forzada, es un delito continuado y como es un delito continuado, los hechos se consideran recientes.
Ante esto dijo que va a solicitar con los padres la creación de una jurisdicción homologada, para que sea un solo juzgado el que conozca el caso para que no existan resoluciones encontradas con criterios y símbolos distintos.
Explicó que en el caso de las órdenes aprehensión solicitadas el 30 de junio por la Fiscalía, en el caso del ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio y las otras 46 órdenes son por el mismo delito de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, pero con jueces distintos, uno lo admitió y otro lo negó, cada uno con criterios distintos.