Haga clic aquí para ver el video: https://youtu.be/YQGk7e1Q91A

Familiares de presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla y de organizaciones sociales de la capital marcharon en el centro de la ciudad para informar de la sentencia de amparo a favor del consejero regional de la institución comunitaria de seguridad y justicia, Arturo Campos Herrera, encarcelado desde hace tres años y dos meses.
Denunciaron que con la sentencia federal quedó evidenciado el manejo “faccioso” de las instituciones de justicia del estado, para perseguir a los pueblos que se organizan para ejercer su derecho a tener su propia seguridad y justicia.
Encabezaron la protesta de unos 300 manifestantes Agustina García, esposa del consejero Arturo que está preso en Ayutla, Beatriz Gálvez, mamá del policía Comunitario de Zitlaltepec Samuel García Gálvez, y una hija del promotor de la CRAC Gonzalo Molina González, los últimos tres integrantes de la CRAC detenidos en 2013 y que siguen presos por actos enmarcados en las funciones de seguridad pública comunitaria.
Las acompañaron organizaciones que conforman el MPG en Ayutla de los Libres, municipio donde Arturo Campos tiene liderazgo y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además de una representación de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán.
Las actividades comenzaron a las 11 de la mañana con un acto de denuncia en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, donde formalmente se informó de la sentencia en favor de Arturo, que la Cuarta Sala Penal debe acatar en un plazo de tres días a partir de hoy, 3 de marzo.
Es decir, que “deje insubsistente la resolución que confirmó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro y en su lugar dicte una nueva donde determine que en la causa penal no se acredite el delito de secuestro”, y mandate su libertad inmediata e incondicional.
Campos fue detenido el 2 de diciembre de 2014 en Chilpancingo por policías ministeriales después de un mitin político, y ayer su esposa Agustina García invitó en su idioma tu’un savi (mixteco) y en español a la reflexión de la lucha.
Denunció que para ella y sus hijos el tiempo que lleva en prisión el jefe de familia ha sido una tortura, “ni se imaginan ustedes cómo es vivir dentro de ese lugar, nadie puede imaginar vivir sin un centavo en la bolsa y nadie puede decir cómo están los compañeros o cómo están las compañeras, sin ir a ver como están los niños (los hijos de los presos), cómo está la familia, principalmente a Arturo”.
Añadió que siente coraje de la injusticia contra su esposo y su familia, “de antemano todas las personas que están presentes saben que si no trabajamos un día no comemos, lo poquito que vamos ganando al día con eso mantenemos a las criaturas pero bueno… todos los compañeros hagan conciencia, porque Arturo está preso por organizar y defender a su pueblo, no por cometer delitos”.
Cuestionó que le han dicho que al menos Arturo no sufre por alimento en prisión, y aclaró que en la cárcel de Ayutla la comida es de mala calidad, “que nunca comemos en la casa, una cosa es que seamos pobres y otra cosa comer cosas que ya no sirven. Aunque sea tortilla con sal recientes, no como lo tratan allá”.
Señaló que tuvo seis hijos con Arturo y desde que está en prisión se convirtió en otro hijo, porque depende de los que están afuera, pues en prisión les piden que lleven despensa de lo que come su familia, “mitad para la casa, la mitad para el preso. Es el motivo de que estemos acá, hagamos conciencia de cómo es la lucha”.
El integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, señaló que el desgaste de las esposas y madres de los presos políticos debe ser reconocido como una forma de tortura, porque también sufren de criminalización quienes luchan por su cultura.
Advirtió que si en México se aprueba la Ley de Seguridad Interior y dé mayores facultades al Ejército en acciones de seguridad pública, además de la posible derogación de la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura Indígena, “estaremos en situaciones como las que ocurrieron en Ayutla a finales de los años 90, de hostigamiento, encarcelamiento y asesinato de luchadores sociales”.
Por separado el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández explicó que el reconocimiento explícito de la Ley 701 por los jueces de Distrito ha permitido obtener amparos en favor de los detenidos de la CRAC, para alcanzar su libertad.
Sin embargo, añadió que el gobierno, sobre todo el Congreso no quiere apoyar la Ley 701 “porque existen ahí negociaciones de otra índole, que ponen en otro plano los derechos indígenas, y esta ley ya expresa de manera muy concreta cómo se pueden proteger sus derechos, pero los diputados, entendemos que no quieren apostarle a seguir fortaleciendo el sistema de justicia comunitario”.
Aclaró que se han hecho propuestas para mejorarla, dado las lagunas legales entre los sistemas normativos de los pueblos con el sistema judicial del Estado, pero los integrantes de la CRAC piden que al menos se mantenga como está, que no desaparezca del marco legal de Guerrero.
Subrayó, que la 701 “ya es el piso básico de la protección de sus derechos y del reconocimiento, y si se ha avanzado en estos amparos es porque hay una ley concreta en Guerrero que reconoce los derechos de los pueblos, y permite que los juzgadores tengan herramientas jurídicas de cómo poder fundamentar el sistema de la CRAC”.
Luego del mitin, a la 1 de la tarde, los asistentes marcharon en filas de tres por la avenida Álvarez, cantando consignas de protesta por la libertad de los presos políticos en Guerrero, rodearon el Zócalo y regresaron a la alameda junto al monumento de los caídos por la avenida Insurgentes.
Ahí representantes de las organizaciones sociales que acudieron se pronunciaron por el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación, y a hacer tareas de seguridad en sus territorios.