Niños nahuas de comunidades de Chilapa celebraron el Día del Niño este 30 de abril con una marcha y un mitin para demandar paz en sus pueblos a los tres órdenes de gobierno y justicia por las víctimas de la violencia que en tres años ha dejado, al menos, 29 ejecuciones y asesinatos.
Con una manta al frente en la que se leía: “Nuestras armas de verdad son estas: “No nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos”, los menores, de entre 5 a 15 años, caminaron más de 2 kilómetros por la carretera Heycantenango-Chilapa, de la entrada de Alcozacán, viniendo de Hueycantenango, al centro del poblado.
En el trayecto corearon repetidamente: “justicia, justicia”, así como: “ni pistolas, ni amapola, queremos ver las olas”. Además: ni con tanques ni metrallas, a los niños no los callan”.
La mayoría de ellos portaba pancartas con peticiones como: “Alto a la violencia contra las comunidades”, queremos viajar libremente y sin miedo”, “alto a la guerra contra los pueblos”. Los menores fueron resguardados por policías comunitarios armados, desplegados a lo largo de la carretera, y acompañados por sus padres.
La marcha fue convocada por las agrupaciones Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRA-PF) de la Casa de Justicia de Alcozacán, y Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
En la convocatoria se anunció que los niños marcharían armados, pero durante el mitin, los dirigentes de las agrupaciones explicaron que sólo quisieron llamar la atención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que atiendan el problema de violencia que viven 24 pueblos nahuas de la zona cercados y permanentemente hostilizados por los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rojos.
Explicaron que, en realidad, las armas de estos niños debieran ser los juguetes porque tienen derecho a vivir, jugar y ser felices.
Al final de la caminata y el mitin todos recibieron un juguete de plástico que les repartieron los dirigentes de las agrupaciones y policías comunitarios.
Uno de los dirigentes de la CRAC-PF informó que los juguetes que se repartieron fueron enviados por el Ayuntamiento de Chilapa.
El dirigente de la OCSS, Luis Bustamente, denunció que hasta ese día ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno se había comunicado con las autoridades de los pueblos para conocer el problema de violencia que viven en la zona.
La marcha inició poco después de las 11 de la mañana con poco más de 50 niños, pero en el trayecto se fueron sumando más, y ya durante el mitin en la cancha techada de la explanada de la Comisaría Municipal eran entre 350 y 400.
En total entre niños, adultos y policías comunitarios armados se reunieron entre 700 y 800 manifestantes.
Los organizadores informaron que fueron convocados los niños de las 24 comunidades que pertenecen al Cipog-EZ, pero sólo llegaron de unos 10 pueblos, y mayoritariamente participaron los de Alcozacán, Xolotepec, Xocotlan y Tula.
En la cancha techada donde se realizó el mitin se colgaron matas con las exigencias: “Alto a la Guerra contra las comunidades Zapatistas del EZLN”, “Nos matan el abandono, el hambre, el narco, los paramilitares, la Covid-19. Los pueblos indígenas exigimos una vida digna”.
El Cipog-EZ y la OCSS que asesoran a la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán, pertenecen al Congreso Nacional Indígena (CNI) y a la Sexta Declaración del EZLN, y por diferencias con los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna, fundadores de la CRAC-PF, la agrupación se dividió y ahora tiene dos casas, una en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango) y la de Alcozacán.
La CRAC-PF de la Casa de Justicia de Ayahualtempa presentó el 10 de abril, en el aniversario del asesinato de Emiliano Zapata Salazar, a 35 niños armados y uniformados que se incorporaron a la Policía Comunitaria, hecho que condenó la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán.

Qué nos queda por hacer frente a la muerte

En el mitin del 30 de abril, en nombre de las organizaciones convocantes, la joven Angelina Bartolo Tlalcorral, leyó el pronunciamiento: “¿Qué nos queda por hacer frente a la muerte?”.
En él se cuestiona al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si de verdad está preocupado por la seguridad de los niños y niñas de las 24 comunidades que conforman el Cipog-EZ, “¿o sólo le preocupa que su gobierno se vea manchado porque decidimos salir a la luz pública?”.
Plantean que al presidente le incomoda la verdad “porque que es muy diferente a la realidad que ustedes en su imaginación crean y difunden porque tienen el poder de los medios de comunicación en sus manos, en cambio nosotros, no tenemos el poder para manipular y convencer a través de la repetición de sus mentiras diariamente, en eso que le llaman las mañaneras”.
Denuncian que la realidad que viven estos pueblos es el desprecio, los asesinados y los despojos.
Con respecto al mensaje del presidente a los niños que se arman en estos pueblos, en el que pide que no recurran a la venganza ni a la violencia, le reprochan que no mira las causas.
“No se agarra un arma para tomarse una foto o como le llaman allá en la ciudad una selfie, ni para hacer quedar mal a su gobierno, tampoco para restarle votos a su partido ni para favorecer a otro partido político, se agarra un arma para defendernos de quienes nos quieren quitar nuestras tierras, encarcelarnos, torturarnos, desaparecernos o matarnos, o sea que es una consecuencia del dolor y la muerte”.
El documento, agrega: “Pero, ya no nos quedó claro si cuando dijo que el que a hierro mata a hierro muere” y “ojo por ojo diente por diente” fue una amenaza para que Los Ardillos nos maten, ya ve que parece que usted da la orden de matar, como lo hizo con nuestro hermano Samir Flores (el activista de Morelos asesinado en 2019).
Denuncian, que, por otra parte, el gobernador Héctor Astudillo, quiere “a twitazos construir su verdad”, cuando en realidad no le preocupan la seguridad ni los derechos de los pueblos indígenas”.
Denuncian que los efectivos policiacos que tiene desplegados en la zona, están vinculados con el grupo delictivo de Los Ardillos, “y se hacen los omisos cuando nos atacan, hasta se saludan como amigos”.
Sostienen que hay colusión entre “Ardillos y Guardia Nacional, Ardillos y Policía Estatal, Ardillos y Policía Municipal, Ardillos y partidos políticos; no estamos inventando, eso ya lo verán ahora que salga el informe que está elaborando la Misión Civil de Observación-Sexta, para que no se escuden como siempre, en que no hay pruebas”, anuncian, en referencia a la documentación de la violencia que vino a hacer la agrupación en marzo pasado en esos pueblos nahuas.
Al obispo Salvador Rangel, le responden que no preparan a los niños y niñas para la guerra, “luchamos por la vida en un escenario de guerra que las autoridades estatales y federales, a las que usted pidió que impidieran este desfile y conferencia de prensa, conocen y permiten”.
Cuestionan que “si vivieran las balaceras nocturnas que viven nuestras familias, nuestros hijos e hijas, entenderían de qué hablamos”.
Reprochan que ya no quieren discursos como los del presidente en la conferencia mañanera, “porque mientras usted habla de paz y de que está trabajando, aquí nos están matando; por eso le preguntamos ¿hasta cuándo llegará la justicia para nuestros muertos?, porque en nuestras comunidades se vive el miedo de salir y ser asesinado, de viajar a Chilapa y a José Joaquín de Herrera y ser bajados del transporte y ser asesinados, como pasó con nuestros hermanos (10) músicos en el 2020, año en el que usted ya era presidente, año en el que ya sabía lo que pasaba en nuestro territorio”.
Un ejemplo del nivel de violencia en la zona, dice en el documento, es el ocurrido el 18 de diciembre de 2020 cuando el grupo delictivo asesinó a María Agustín Chino y Amalia Morales Guapango junto a sus parejas.
“Fueron amarradas, torturadas y asesinadas con el tiro de gracia”. María Agustín dejó huérfana a una niña de 10 años.
Le preguntan al presidente López Obrador: “¿Qué le puede decir a esta pequeña?, ¿Que le dará una beca? ¿Que abrazos y no balazos? ¿Que el que a hierro mata a hierro muere? ¿Que no se prepare para la guerra? ¿Que agarre libros y no armas? ¿Que no se deje manipular por el PRIAN? ¿Que obedece a grupos de interés? ¿Se fija que lo que dijo ese día en su monólogo llamado mañanera no tiene sentido?”.
Plantean que en estas tierras las armas son la última opción frente a la muerte pero que los niños no aspiran a ser policías comunitarios, “menos nosotros como padres los orillamos a hacerlo, pero las condiciones de violencia son una realidad que hemos denunciado ante el gobierno federal y en el gobierno del estado y lo único que hemos encontrado son oídos sordos y cómplices del grupo criminal Los Ardillos.
Reprochan que sólo voltean a ver cuando hay niños armados, “esperamos que ahora nos vean también, con esta verdad que hiere cuando hay insensibilidad frente al dolor ajeno, queremos que nos escuchen, no queremos usar armas de esas que matan, queremos vivir”.
Finalmente, responsabilizan al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno de cualquier ataque que pueda ocurrir en los próximos días, “porque se los estamos avisando, les estamos diciendo claro, quiénes nos están matando y en dónde, les estamos diciendo claro las formas en la que nos matan y que nosotros queremos vivir en paz, no en guerra”.

Vigilancia de Policía Estatal, Ejército y hasta de la Marina

En un segundo documento que leyó la indígena Leticia Cruz Orgín, refieren que la situación de estos pueblos son de vida o muerte, “y usted lo sabe y lo permite; Los Ardillos, Los Rojos y los grupos narco paramilitares nos asesinan, nosotros no queremos tomar las armas, queremos vivir en paz, queremos ir a la escuela, queremos jugar, cantar, estudiar, queremos salir sin miedo y tal vez algún día jugar eso que llaman beisbol que usted juega”.
El 30 de abril se observó mucha vigilancia en la carretera de Chilapa a Alcozacán; entre Atzacoaloya y el Crucero del Jagüey, donde tiene su módulo de seguridad el Grupo por la Paz y la Justicia, vinculado con Los Ardillos, había un retén de militares que preguntaban a los automovilistas a donde iban y el motivo de su visita.
En el Crucero de Tula, cerca de donde se han dado los ataques del grupo de civiles armados, a unos 10 minutos de Alcozacán, había un filtro de agentes de la Marina y de la Policía Estatal, y en la entrada a la comunidad se mantuvieron dos patrullas de la Policía Estatal en lo que duró la protesta.