Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra afirmó que con la decisión de un juez federal de enviar al fuero común de Guerrero el proceso de un policía municipal involucrado en los ataques y desaparición de los estudiantes “el Poder Judicial federal se desdice de su compromiso de tramitar el asunto de impacto a nivel nacional”.
También, precisó que es preocupante porque no habría imparcialidad en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debido a que hay personajes que están involucrados y son investigados por el caso Ayotzinapa.
Aseguró que no hay condiciones en Iguala para que los abogados litigantes lleven el proceso penal porque “gobierna la delincuencia organizada, no hay poderes formales que puedan establecer el imperio de la ley”.
Este miércoles se informó que el juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos envio? al fuero comu?n de Guerrero un proceso iniciado contra un implicado en el caso Ayotzinapa, Alejandro Tenescalco Meji?a, supervisor de la Polici?a de Iguala que estuvo acusado de disparar contra los normalistas en 2014, y ser parte de los elementos que iban a bordo de una de las seis patrullas en la que se llevaron a algunos jóvenes.
El juez argumentó que debe aplicarse el delito de desaparicio?n forzada y e?ste debe ser sancionado con la ley estatal, porque era la que estaba vigente en 2014, de ahí que reclasifico? el delito de secuestro por el que originalmente fue acusado y le dicto? formal prisio?n por desaparicio?n forzada, además, se declaro? incompetente para continuar con el proceso y turno? el expediente a un juzgado de la jurisdiccio?n local de Guerrero.
Ayer consultado al respecto vía telefónica, Rosales Sierra expuso que hay una gran preocupación porque el juez Ventura Ramos “abre la pauta para que el caso Ayotzinapa sea ahora tramitado por los juzgados del fuero común”.
Reprochó que con esa decisión el Poder Judicial federal “se desdice de su compromiso de tramitar este asunto de impacto a nivel nacional, de suma trascendencia” y deben ser los tribunales federales quienes lleven el caso.
Lamentó que el caso se mande a la competencia del fuero común donde no hay certeza de imparcialidad e independencia pues “hay mucho riesgo en Iguala, por ejemplo, es impensable que los abogados litigantes estén entrando y saliendo, es un lugar donde no hay condiciones para que se evacue en proceso penal”.
Sostuvo que es una ciudad sin condiciones donde “gobierna la delincuencia organizada, no hay poderes formales que puedan establecer el imperio de la ley”, y es complicado que garantizar un proceso imparcial e independiente.
Mencionó que el caso Ayotzinapa marcó en la historia del país un quiebre y tiene un impacto a nivel nacional, por lo que deberían ser los tribunales federales quienes deberían atenderlo, e incluso, las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República y no de la Fiscalía General del Estado.
Sostuvo que en Iguala donde la delincuencia organizada y el crimen están desbordados, “no hay condiciones para llevar un proceso ahí”.
Rosales Sierra manifestó que en el Poder Judicial de Guerrero “hay personajes que están inmiscuidos en el caso, entonces no hay imparcialidad, porque el Poder Judicial tuvo que ver con la destrucción de los videos (de las cámaras externas del Ciudad Judicial de Iguala), entonces sería muy parcial su actuar o por lo menos se presta a que haya a que su actuación sea parcial”.
Afirmó que siendo acusados personajes del Tribunal Superior de Justicia del estado e incluso habiendo órdenes de aprehensión contra la ex presidenta, Lambertina Galeana Marín, y otros dos trabajadores más, Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista respectivamente, “cuál va a ser el criterio de imparcialidad que van a tener en el tribunal, cuando miembros del tribunal están siendo procesados por el caso”.
Las tres órdenes de captura de los funcionarios del TSJ son por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada, y son parte de los 84 mandamientos de captura librados por el juez Enrique Beltrán Santés, en agosto de 2022.
El abogado que también pertenece al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicó que interpondrán los recursos correspondientes para efecto de que tribunales federales emitan una resolución distinta a lo decretado por Samuel Ventura Ramos.
“Nosotros pedimos que el Poder Judicial del estado de Guerrero se excuse de conocer el asunto, y que pida que sea el Poder Judicial de la federación quien conozca el mismo, porque sí hay personas que pertenecieron a esta institución y que están siendo procesadas por su probable responsabilidad en el caso Ayotzinapa”, agregó
Adelantó que en los próximos días se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, y le exigirán que sea el Poder Judicial federal quien siga atendiendo el caso Ayotzinapa.