Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El informe que entregó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, demuestra que el actual gobierno no investigó nada del caso, y, como consecuencia, no hubo avances, “por el contrario, hubo retrocesos”, declaró el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra.
“Es un informe del cual se tenían expectativas muy amplias. Se creía que se iban a presentar resultados, sobre todo porque se trata de un informe que se está rindiendo en la última recta de este gobierno y se esperaba que hubieran novedades respecto al paradero de los jóvenes”, dijo.
Sin embargo, agregó que “vemos que es todo lo contrario, es un informe con nulos resultados”.
Explicó por teléfono que en este documento sólo se enumeran 15 entrevistas que se hicieron con personas detenidas, 280 excavaciones en las búsquedas, 45 acciones judiciales y una ley de amnistía, “esa es la novedad que nos trae el informe”, cuestionó, el abogado.
Criticó que esas acciones no están seguidas de resultados, “es decir, las entrevistas y la ley de amnistía que tendría por objetivo encontrar información del paradero de los estudiantes, en el informe no se da cuenta de ello”.
Indicó que lo importante, sería que se informara cuántos testigos dieron información y si esa información derivó en resultados tangibles, “pero no hay nada”.
Precisó que de la ley de amnistía, hasta ahora, no se han visto los resultados, “no se ha dicho en qué resultados ha derivado, cuántos testigos tienen y si ya se rompieron los pactos de silencio”.
“Lo que sí venos en el informe, es un alegato demente del presidente de la República en defensa del Ejército mexicano, exculpándolo totalmente de su responsabilidad en el caso Ayotzinapa”, reprochó Rosales.
Indicó que en su narrativa insiste que el Ejército no tiene responsabilidad, que no hay pruebas en su contra y que, más bien, hay intereses de organizaciones y de gobiernos extranjeros, así como de las organizaciones sociales del país y de abogados “que queremos afectar al Ejército mexicano”.
Con respecto al señalamiento del presidente de que cuando pidieron las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no se señaló al Ejército de su participación y que ahora sí, Rosales Sierra explicó que no lo hicieron porque en ese momento no tenían elementos de prueba en su contra.
Recordó que las medidas cautelares las pidieron del 27 al 30 de septiembre de 2014, “y en esos momentos era lo que jurídicamente teníamos que hacer, y desplegamos esos actos legales sólo para salvaguardar la vida de los estudiantes”.
Explicó que los elementos de prueba en contra del Ejército surgieron en el curso de la investigación, a partir del 2021 y 2022, “cuando empieza a encaminar la investigación fueron saliendo los hilos que nos condujeron a la responsabilidad militar y se fue haciendo el señalamiento y hoy, si se señala, es porque existen y tenemos los elementos”, insistió.
Entre estos elementos reiteró el hecho de la infiltración de dos estudiantes en la Normal de Ayotzinapa, y que desde la salida de la Normal en Tixtla los soldados infiltrados estuvieron reportando las actividades.
“Y no es verdad lo que se dice en el informe que ellos tenían permiso para estudiar, hay elementos de prueba de que estos soldados estuvieron haciendo reportes, hay una bitácora de las actividades que estuvieron informando a sus superiores”.
Aseguró que nunca dejaron de pertenecer al Ejército y que siempre se estuvieron reportando, y en este caso su superior jerárquico estaba en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, “hay nombres y datos concretos, esta no es una aseveración política, sino que esos datos están en la investigación, si hubieran sido estudiantes con permiso, ¿por qué iban a estar haciendo reportes semanales?, cuestionó.
Dijo que los reportes de estos militares infiltrados se hacen hasta cuando los estudiantes ya van saliendo de la Normal de Ayotzinapa, pero ya no se tienen los que hicieron durante las agresiones a los estudiantes, y que es esa información la que también están requiriendo, “es decir, lo que reportaron en el momento crítico”, pero hubo un corte deliberado de la información que estaban reportando, denunció el abogado.
El abogado agregó que otra prueba en contra del Ejército es que ellos (los militares) intervinieron las comunicaciones de perpetradores claves de la desaparición de los estudiantes, como Francisco Salgado Valladares, el ex jefe de la Policía de Iguala.
“El Ejército pudo escuchar a perpetradores y a otras personas que están hablando de lo que estaba ocurriendo esa noche del 26 de septiembre en Iguala”, dijo.
Incluso, informó que en el último documento que les dio el gobierno se señala que al menos 11 normalistas fueron llevados a una fosa en la colonia del Sol de Iguala. Indicó que esta es información que salió del Ejército la noche del mismo 26 de septiembre.“Hay muchas escuchas que el Ejército mexicano hizo porque tenía intervenida a una diversidad de personas, ¿y esa información por qué la cayó?, ¿por qué no intervino?”.
Otro de los datos que indica la participación del Ejército, según el abogado, son los vínculos que tenían con el grupo delictivo Guerreros Unidos de quienes militares recibían dinero, “pero hoy se quiere minimizar esa situación, ¿Cómo se quiere minimizar el hecho de que los mandos militares se reunían, recibían dinero y le facilitaban el trasiego de drogas a un grupo delictivo sanguinario y que desapareció a cientos de personas en Iguala y que desaparición a los 43 estudiantes?”, cuestionó.
Agregó que otros elementos en contra de militares es la declaración del testigo Juan que de manera directa dice que 25 estudiantes fueron llevados a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala donde fueron torturados, y algunos no resistieron y murieron.
Dijo que ese es un señalamiento directo de un testigo por lo tanto es una responsabilidad directa en la desaparición, “no es una prueba indirecta, como dice el presidente”.
Para el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos todo ello ameritaría una investigación exhaustiva en contra de elementos del Ejército mexicano y corresponde hacerla al gobierno a través de sus aparatos de investigación, pero recriminó que es a lo que se opone el presidente López Obrador.
Reprochó que el presidente les pide a ellos las pruebas, “es decir ahora invierte la carga de la investigación a las víctimas”.
Añadió que aunque no tuviera las pruebas, hay todo un conjunto de elementos que salieron de la investigación que apuntan a la probable responsabilidad del Ejército, y lo que se tiene que hacer, en todo caso es dilucidar si fueron o no ingresados 25 estudiantes al interior del 27 Batallón de Infantería.
Sin embargo dijo que en el informe que entregó el presidente a los padres no se dice nada de este señalamiento de los 25 jóvenes llevados a esas instalaciones militares.
“¿Entonces, los padres de familia se van a quedar con la duda de que 25 estudiantes pudieron haber sido ingresados y asesinados en el 25 Batallón?, cuestionó Rosales, ¿México se va a quedar con esa duda?”.
Con respecto al señalamiento de que los abogados se reunieron a escondidas con el presidente Enrique Peña Nieto el 29 de octubre, dijo que el presidente miente, porque esa reunión fue pública y en ella estuvieron también los padres.
Añadió que con respecto al convenio que dice que se firmó con las anteriores autoridades, es real y que también fue público y abierto pero que fue para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trajera al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Añadió que eso es legal y legítimo y un derecho de las víctimas “y es una obligación del Estado que un organismo internacional colabore en la asistencia técnica en una investigación”.
Dijo que el presidente cuestiona que el convenio se firmó con Lía Limón, quien después fue delegada panista en la Ciudad de México y adversaria política del actual gobierno, “pues sí, porque era del anterior gobierno, representaba a una institución, nosotros no firmamos el convenio con su partido político, se firmó con una representante del Estado mexicano de entonces, a la luz de lo que establece la Convección Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política, ¿que de malo hay en eso?, ¿por qué el presidente dice que fue un acuerdo oscuro y bajo la mesa, cuando todos los medios de comunicación la documentaron?, cuestionó.
El abogado indicó que con la postura que manifiesta el presidente en este informe, los padres y sus abogados van a la reunión del próximo 29 de julio sin muchas expectativas y que van sólo para presentarse con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbam Pardo, a fin de comenzar con ella las pláticas y que, tal vez, sea el último encuentro con López Obrador.