La integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Ana Yeli Pérez Garrido denunció que en Guerrero no hay voluntad de las autoridades para tipificar feminicidios, porque pese a que cuenta con una buena legislación, ésta no se traduce en una mejor clasificación del delito.
Del asesinato de la activista de los derechos de la mujer, María Luisa Ortiz Arenas, ayer en Taxco, Pérez Garrido señaló que en estados con contextos de crimen organizado como Guerrero, las autoridades sólo tipifican feminicidios cuando hay indicios del hecho en su entorno familiar.
Consultada al término del juicio popular que se instaló en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia en la capital, para analizar cuatro casos de violaciones a derechos de mujeres indígenas, explicó que “lamentablemente” en estados como Guerrero, los asesinatos de las mujeres tienen particularidades relacionadas con el crimen organizado, por la extrema saña, pero la violencia de género no se reduce al ámbito familiar.
Dijo que, precisamente “estas dinámicas delictivas impactan en los feminicidios, en las formas o razones en que las mujeres son asesinadas”. Sin embargo, añadió que en los estados con mayor violencia feminicida, las autoridades no consideran feminicidios a las muertes donde se presume intervención de la delincuencia organizada, y condenan a las víctimas al hacerlas participes del crimen.
Aclaró que esa condición no exime al gobierno de investigar la muerte violenta de una mujer como feminicidio, al contrario, le da mayor responsabilidad de visibilizar los escenarios delicados en los que ocurren las agresiones contra las mujeres.
Añadió que las cifras de las fiscalías o procuradurías de homicidios dolosos o feminicidios son casos en investigación o en proceso, consignados en el anterior o el nuevo sistema penal, donde la regla general, es que las sentencias condenatorias son mínimas.
Aseguró que “tramposamente”, en algunos estados los asesinatos de mujeres que sí tienen relación con feminicidios, son tipificados como homicidios dolosos. Sólo aplican feminicidio a casos del ámbito privado.
De Guerrero, detalló, no hay cifras públicas de los casos que se consignan, cuántos se procesan y cuántos llegan a sentencia condenatoria, a pesar de que fue el primer estado de la República que tipificó el delito de feminicidio, hizo una reforma de mejora en 2012, y en 2014 homologó la legislación con la Constitución, “tiene un buen tipo penal”, aseguró.
A partir de los informes de la alerta de violencia de género de Guerrero, y de los datos de Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, tienen datos para establecer que se acreditan muy pocos feminicidios, dijo.
Tras la homologación de la Ley, en 2014 se reconocieron 16 feminicidios, 13 en 2015, 14 en 2016 y 13 en 2017, el ultimo año se habían contabilizaron 219 muertes violentas de mujeres.
Opinó que no hay voluntad de la Fiscalía para acreditar el delito de feminicidio, pues en el análisis del observatorio, encontraron que hay correspondencia de un buen tipo penal (legislación local), con la acreditación alta del delito. Donde no hay un buen tipo penal, la acreditación es nula.
En este sentido, declaró que si el tipo penal es bueno y la acreditación de feminicidios es casi nulo, como en Guerrero, el problema es de voluntad política y de capacidades técnicas.
También indicó que la alerta de violencia de género que se decretó en Guerrero el año pasado es un mecanismo noble, que permite a la sociedad civil exigir que la federación, como garante de derechos, coordine con autoridades estatales las cosas que no se hacen en la entidad, “si las cifras de muertes no disminuyen, es que no hay medidas implementadas ni hay una medición para cuantificar la efectividad de las mismas”, agregó.