Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la ejecución de cuatro policías comunitarios en el barrio de El Fortín de Tixtla, el caso no se ha esclarecido y los responsables siguen sin castigo por la colusión de autoridades de los tres niveles de gobierno con el grupo delictivo que opera en esa ciudad, denunciaron ayer ex integrantes de la Policía Comunitaria y la dirigencia del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
En un comunicado, con motivo de los cinco años del asesinato de Javier, Pedro, Ignacio y Alexis, ocurrido el 26 de noviembre del 2015, por un grupo de hombres armados, cuando salieron de la Casa de Justicia de El Fortín a atender una denuncia de la presencia de un grupo de civiles armados, ex policías comunitarios y el MPG exigieron justicia.
Recuerdan que ese día, mientras los policías comunitarios salieron a corroborar la denuncia, en la Casa de Justicia recibieron una llamada telefónica “amenazante, en la que “con palabras altisonantes amenazaron con atacarnos si no los dejábamos transitar libremente, y pocos minutos después se escucharon las ráfagas de alto poder que asesinaron cobardemente a cuatro compañeros”.
El documento sostiene que la razón fue que la Policía Comunitaria La Patria es Primero, de la Casa de Justicia de El Fortín “no iba a permitir una incursión en territorio comunitario del grupo delictivo”.
“No sólo asesinaron a compañeros combativos, también a padres de familia, esposos, hermanos, hijos. Asesinaron la esperanza de ver una ciudad libre de inseguridad”.
Refiere que han pasado cinco años “de este lamentable hecho y a nuestros compañeros caídos les decimos que no los olvidamos, estarán presentes siempre en nuestros corazones con la esperanza de volver a construir un mundo libre de violencia, corrupción e impunidad”.
Sostiene que en el ataque hubo “colusión y complicidad de los tres niveles de gobierno con el narcotráfico”.
Recuerdan que la Policía Comunitaria La Patria Es Primero que se encontraba entonces en Tixtla en agosto de 2013 fue parte de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, pero que después ésta le dio la espalda junto con la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla.
En seguida se vino la persecución por el gobierno y en noviembre de ese año fue detenido el promotor Gonzalo Molina González en Tixtla, y el 1 de diciembre fue apresado Arturo Campos Herrera en Chilpancingo, después de un mitin para exigir la libertad de sus compañeros presos.
“El 19 de marzo de 2014 se lanzó un operativo masivo para detener a los policías comunitarios que se encontraban resistiendo en el Fortín de Tixtla, como no pudieron detener a nadie más, comenzaron una nueva estrategia”.
Denuncian que en el 2015, la violencia se recrudeció en Tixtla “con un nuevo grupo de la delincuencia que ingresa a Tixtla de Guerrero, auspiciado por los tres niveles de gobierno”.
Sostienen que a pesar de los enfrentamientos y peticiones de “cooperación” de los civiles armados, “la Policía Comunitaria se mantuvo firme y dejó muy claro que jamás trabajaría ni con el gobierno ni mucho menos con un grupo delincuencial”.
Recuerdan que diferentes cuerpos policiacos habían prácticamente sitiado Tixtla, y no permitían que grupos muy grandes transitaran a Chilpancingo a protestar, pues revisaban el transporte público “y si algún estudiante viajaba era severamente revisado”.
“El 26 de noviembre de 2015, la Policía Comunitaria recibió una llamada, en la que nos dijeron que un grupo armado estaba transitando por unas calles aledañas a la Casa de Justicia en el Fortín, y se decidió ir a monitorear la zona y al llegar al lugar conocido como Los Filtros se corroboró la información de la presencia del grupo armado”. Ahí fueron atacados los policías comunitarios.
Sostienen que a partir de 2016, el grupo delictivo Los Ardillos “se instaló en las entrañas de Tixtla y lo ha convertido en un baño de sangre, mujeres, niños, ancianos y hombres han muerto en estos cinco años sin que nadie diga nada”.
Denuncian que en ese municipio la Policía Municipal y grupos armados que “se ostentan como comunitarios” están coludidos con el narcotráfico, mientras que la violencia no cesa “y el control que ejerce dicho grupo armado es total”.
“Tixtla, a sólo 14 kilómetros de la capital del estado, se ha convertido en una zona de silencio y de impunidad”.