A un año de haber salido de la cárcel, ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado, quien radica en Estados Unidos, señaló que la criminalización en su contra persiste y que no cuenta con garantías para regresar a México.
La comandanta fue aprehendida el 21 de agosto de 2013 y fue acusada de secuestro y homicidio. Por la noche del 17 de marzo de 2016 le notificaron el auto de libertad que determinó que no existen elementos suficientes para inculparla, y al siguiente día salió libre.
A un año de permanecer en libertad y radicando en el país del norte, mandó un comunicado desde Phoenix, Arizona, donde expresó que la siguen criminalizando, persiguiendo y no tiene garantías de seguridad para regresar a México.
Resaltó que antes de salir de prisión se enteró de que las órdenes de libertad otorgadas a su favor habían sido apeladas por las supuestas víctimas, pero que ha pasado un año y ninguno de los acusantes se ha presentado a ratificar su denuncia, lo que impide que su caso se cierre definitivamente, y por lo tanto abona a que persista la criminalización en su contra.
“A pesar de ello, un día después de salir me reuní con organizaciones sociales para agradecer de manera personal todo el esfuerzo que hicieron para lograr mi liberación y les informé que mi lucha no cesaría, que lucharía para exigir la liberación de los presos políticos en México y por la defensa de los derechos humanos, hoy mi compromiso sigue vigente”, señaló la comandanta.
Abundó que su trabajo y liberación fueron forjados por el pueblo. Además que cada una de las acciones para exigir su libertad en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo hizo posible derribar los muros que le permiten estar ahora con su familia y continuar su lucha.
Sostuvo que los 940 días que estuvo presa “de manera ilegal y arbitraria”, como lo declaró el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, y lejos de la Policía Comunitaria, su familia y la afectación a su salud no serán en vano, que seguirá luchando por su libertad absoluta y para que pueda continuar su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas desde Olinalá.
“Después de toda la fabricación de delitos en mi contra, como asesinato y secuestro, y de la tortura que sufrí desde el primer día en que fui detenida, el 18 de marzo es y será uno de los mejores días de mi vida”, recalcó.
Finalmente señaló que junto con el Movimiento Continental por los Derechos Indígenas y el Comité de Defensa del Barrio Tonatierra Movimiento Macehualli en Phoenix, Arizona, exigirán el cese a la criminalización en su contra, también el alto a las deportaciones de la policía de Estados Unidos y a las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en este país.
“Hoy más que nunca (se necesita) la unión entre nuestros pueblos y la exigencia del respeto a nuestras formas de organización comunitaria desde cualquier parte del mundo”, manifestó.