La comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, fue notificada de tres órdenes de aprehensión en su contra, pendientes de ejecutar desde agosto, luego de que recibió tres autos de libertad porque su actuación como autoridad comunitaria está avalada por la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena.
Las nuevas denuncias son por el homicidio de dos ganaderos implicados en abigeato, cuyas muertes derivaron en la detención del entonces síndico de Olinalá, Armando Patrón, llevado a proceso de reeducación en el sistema de justicia comunitario, cuando se le encontró en el Ministerio Público de Huamuxtitlán, reclamando una vaca que iba en la camioneta de las víctimas, identificada como robada.
Nestora Salgado también fue acusada de privación ilegal de la libertad y robo de equipo y armas de un grupo de policías municipales y el director de seguridad pública, detenidos por los comunitarios por encontrarse en estado de ebriedad durante su servicio, informó el sobrino de la luchadora social Giovanni Torres Salgado.
La tercera es una ampliación de las acusaciones de secuestro, por las cuales la coordinadora de la Policía Comunitaria recibió tres autos de libertad este lunes, informó la abogada defensora, Amanda Rivero Espinoza.
De las notificaciones de aprehensión, Rivero Espinoza indicó que al regresar a la prisión de Tepepan, de los juzgados de la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde recibió las notificaciones de libertad de tres causas penales por el delito de secuestro, le dijeron que vía fax llegaron los escritos de las órdenes de aprehensión, que le notificaron oficialmente ayer.
Los nuevos procesos penales que enfrenta, corresponden a la  causa penal 050/2014-II por los  delitos de robo específico y privación de la libertad personal ante el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa, la causa penal 67/2014 por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza y la causa penal 59-1/2015 por el delito de secuestro ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla.
Indicó que esperan que salga en libertad tras definirse su situación legal porque han reunido pruebas de descargo para un juicio de amparo en un Juzgado de Distrito. En el caso del delito homicidio, indicó que tienen evidencia de que Salgado García se encontraba en una conferencia de prensa  en Tixtla cuando ocurrieron los hechos.
Sobre el robo y privación de la libertad de funcionarios públicos (de los policías municipales y el robo de su equipo y armamento), informó que hay convenios de coordinación con autoridades estatales en materia se seguridad, así como de la entrega donación de equipo y armas de armas, por lo tanto la posesión de las armas no fue ilegal.
En cuanto al delito de secuestro, indicó que van a llevar las mismas pruebas que llevaron a los procesos anteriores, incluidos los autos de libertad, porque corresponden al mismo tema de detenciones en el marco del sistema de seguridad y justicia comunitaria, amparado en la Ley 701.
Por la tarde, en un comunicado, el equipo de abogados explicó que el 5 de marzo de 2016, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, puso a disposición de los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlan y Ayutla de los Libres, a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, en cumplimiento de tres órdenes de aprehensión.
Por lo anterior, esperan que los juzgados de Guerrero soliciten mediante exhorto, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el efecto de que un juez penal recabe las declaraciones preparatorias y posteriormente sean devueltas a los jueces de Guerrero para que éstos puedan resolver su situación jurídica, lo cual podría acontecer entre los días 14 o 15 de marzo, martes o miércoles de la próxima semana.
De las órdenes de aprehensión, Giovanni Torres recordó que los homicidios de los ganaderos y de la detención de Armando Patrón, llevó a la incursión de policías federales, estatales y militares a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres,  para liberar a los detenidos que tenía la CRAC,  y detener al coordinador, consejeros, policías comunitarios y a los líderes más visibles de ese momento: Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera, que siguen detenidos en prisiones de la Ciudad e México, Chilpancingo y Ayutla, respectivamente.