Peniley Ramírez y Guadalupe Irízar/ Agencia Reforma

Ciudad de México

Para proteger a funcionarios de los tres niveles de Gobierno y a criminales de Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, miembros del Ayuntamiento de Iguala, de los Gobiernos estatal y federal y del Ejército, desenterraron los cuerpos de los estudiantes de fosas clandestinas en las inmediaciones de Iguala y los llevaron al 27 Batallón de Infantería.
Así lo revela un informe sin testar de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya copia obtuvo Grupo Reforma.
El informe se hizo público hace unas semanas, con sus partes esenciales testadas; sin embargo, en el documento sin testar, puede leerse una red de presuntos mensajes que intercambiaron funcionarios de todos los niveles, militares, policías e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en los últimos días de septiembre y los primeros de octubre de 2014.
El informe sostiene que la mayoría de los jóvenes fueron asesinados en la madrugada del 27 de septiembre, descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados entre Iguala y Huitzuco.
Los últimos seis estudiantes, agrega el documento, estuvieron cautivos en una bodega varios días hasta que miembros del Ejército “se ocuparon de ellos”.
“Se van a llevar los cuerpos de aquí para manipular a sus anchas”, escribió una persona, que el informe identifica como el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Aquí no se va a poder acer mucho por temas de familiares, prensa”, es otro de los mensajes.
Varios militares que aparecen identificados en los mensajes están detenidos por otros cargos, como delincuencia organizada, no por el caso Ayotzinapa.
El 29 de septiembre de 2014, Abarca, identificado en los mensajes como “A1” habría escrito que estaba negociando con autoridades federales.
Según “A1”, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto “mandó a su sirviente” o “gato” (como identifica a Tomás Zerón), para negociar con Abarca y que “pida licencia y desaparezca”.
Zerón, dice uno de los mensajes “coordinó todo absolutamente y van a crear una historia muy realista”.

La defensa de Zerón dijo a Grupo Reforma que su cliente nunca habló con Abarca antes de que fuera detenido y no negoció absolutamente nada con él.
La oferta para “A1” incluía: “que quede yo como actor intelectual solo unos meses y me saca del País”.
Abarca pidió licencia a su cargo el 30 de septiembre y fue detenido en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2014.
El interlocutor de Abarca, dice el informe, era José Martínez Crespo, un ex Capitán del Ejército, hoy preso.
Zerón era entonces el jefe de la Agencia de Investigación Criminal y ahora vive en Israel, donde busca no ser extraditado a México.
En la misma conversación, “A1” añade que el Gobierno federal también ofreció una negociación a dos células criminales que trabajaban con Guerreros Unidos.
El informe reconstruye, hora por hora, los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes. En esa reconstrucción se expone por primera vez en detalle cuál habría sido la participación de militares, oficiales de seguridad de Huitzuco, el Gobierno de Guerrero, entonces a cargo de Ángel Aguirre Rivero, y el Gobierno federal de Peña Nieto.