Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), en el que reitera que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, en el que participaron autoridades federales, y del 27 y 41 Batallón del Ejército, estatales y municipales en contubernio con una organización criminal.
Revela que la “verdad histórica” para encubrir el crimen de Iguala se elaboró en reuniones encabezadas por el presidente Enrique Peña Nieto y otras altas autoridades del país.
Encinas indicó que el segundo informe fue presentado a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos el 19 de septiembre y también se entregó a la Fiscalía Especial del Caso Ayotzinapa.
Como en un intento de desmentido a los padres y madres de los normalistas desaparecidos y de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, que denunciaron que el segundo informe de Encinas es muy parecido a la verdad histórica, Encinas planteó ayer que el informe de la Covaj tiene muchas diferencias con la “verdad histórica” con la que el entonces procurador Jesús Murillo Karam, actualmente preso, pretendió cerrar la investigación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la conclusión de que los 43 estudiantes fueron ejecutados, incinerados y desaparecidos por el grupo criminal Guerreros Unidos en el basurero de Cocula. Y destacó tres diferencias.
Otro giro en la posición del gobierno federal es sobre la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Ejército ya había entregado toda la información que tiene sobre la desaparición de los normalistas, que los padres insisten en que las fuerzas castrenses han ocultado documentos de relevancia fundamental. Encinas dijo ayer que la Covaj seguirá investigando y buscando la información que los padres piden.
Como parte del informe, Encinas aceptó que de acuerdo con las investigaciones, el 26 de septiembre de 2014 los normalistas no tuvieron contacto con integrantes de seguridad pública o de Guerreros Unidos, y negó rotundamente que los estudiantes tuvieran relación con algún grupo delictivo.
“En ningún momento los normalistas establecieron comunicación alguna con elementos de seguridad pública ni con números identificados con miembros de Guerreros Unidos. Eso para nosotros es muy importante, porque no existe ninguna prueba o evidencia de que hubiera algún vínculo entre los estudiantes con el grupo delictivo o cualquier otro grupo delictivo que operara en la región como se hicieron algunas acusaciones hoy o ayer. En ningún momento hubo vínculo de estudiantes con ningún grupo delictivo”, afirmó.
El subsecretario Ecinas aceptó, como lo plateó en anterior informe, que no existen pruebas de que los 43 estudiantes normalistas puedan ser encontrados con vida, debido a que los testimonios señalan que fueron desaparecidos y asesinados.
“No hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que estos fueron privados de la vida y desaparecidos”.

Guerreros Unidos , coludidos
con policías municipales, estatal, federal y Ejército

Por su parte, aceptó que el grupo Guerreros Unidos tenía una cooperación con las instituciones de seguridad pública en la región, concretamente con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco.
“Queremos subrayar que Guerreros Unidos mantenía una importante cooperación de las autoridades encargadas de seguridad pública y el combate en narcotráfico en la región, que de diversas declaraciones podemos identificar el contubernio que tenía Guerreros Unidos con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzco”.
Añadió que Guerreros Unidos también tenía el apoyo de la Policía Estatal, la Policía Estatal Ministerial y la Policía Federal Preventiva, involucrando directamente al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
“Así como con la Policía Estatal, la Policía Estatal Ministerial y con la Policía Federal Preventiva”, dijo Encinas.
En el caso concreto de las policías de los municipios de Huitzuco y Tepecoacuilco, señaló que se encargaban de proteger y escoltar a los integrantes de Guerreros Unidos, esto según información brindada por testigos.
“Las policías de Huitzuco y Tepecoacuilco se encargaban de dar protección y escolta a los integrantes de Guerreros Unidos en las ferias y jaripeos de cada municipio, y al mismo tiempo se mantenía un apoyo económico o una cuota que pagaba el grupo delictivo a diversas autoridades”, señaló.
Afirmó que según fuentes recopiladas para el Segundo Informe, existía una vinculación entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el grupo delictivo de Guerreros Unidos. “Se pueden acreditar, además, con diversas fuentes, la existencia de elementos suficientes sobre los vínculos entre elementos del Ejército y Guerreros Unidos. En diversas declaraciones, son declaraciones de gente vinculada a Guerreros Unidos”, aclaró.
A la presentación del Segundo Informe en una conferencia de prensa asistieron integrantes de la Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, el gabinete de la Subsecretaría, integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), además del fiscal especial Rosendo Gómez Piedra y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Tres diferencias
con la verdad histórica

Las diferencias del segundo informe de la Covaj con la verdad histórica del gobierno anterior, que expuso Encinas en la conferencia de prensa, fueron destacadas ayer en un boletín de prensa difundido pr la Presidencia de la República.
Alejandro Encinas destacó tres puntos: “La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la Covaj refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre”. “La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la Covaj reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
“Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la Covaj detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería”.
“Por ello, la verdad histórica fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones para dar carpetazo al caso”, insiste.
“Pretendió presentar las sentencias de los responsables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, con lo que se evitaba abordar lo sucedido desde la perspectiva de la desaparición forzada. Trató de crear una versión de los sucesos, limitándose a señalar la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal.
No consideró la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando solamente a las autoridades locales”.
Expone que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde su salida de la Normal de Ayotzinapa hasta su desaparición.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, señala.
“Los estudiantes eran objetivo de inteligencia militar de manera regular desde años atrás de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

La verdad histórica se fabricó en Los Pinos, el 27 Batallón del Ejército e Iguala y la FGR

Encinas expuso: “La verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal a partir de lo que él (el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio) denominó la Junta de Autoridades. Esta Junta de Autoridades, estas reuniones se llevaban a cabo en la residencia oficial de Los Pinos y en la Zona Militar de Iguala, Guerrero, así como en las oficinas de la Procuraduría General de la República”, explicó.
En una imagen expuesta en la conferencia, aparecen Enrique N, Miguel Ángel N, Salvador N, Vidal N, Jesús N, Aurelio N, Eugenio N y Jorge N. Estos nombres se refieren al presidente de la República Enrique Peña Nieo, los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de Defensa Salvador Cienfuegos y Marina Vidal Francisco Soberón, el procurador general Jesús Murillo Karam, el jefe de la Oficina de la Presidencia Aurelio Nuño, el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) Eugenio Imaz y el de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Además de acreditar la participación en las reuniones de autoridades de Guerrero, Ángel N, Ernesto N, Leonardo N, Iñaki N, Ricardo N, Alejandro N, que se refieren al gobernador Angel Aguirre, al representante del Gobierno del Estado Ernesto Aguirre, al secretario de Seguridad Pública estatal Leonardo Vázquez, al procurador general de Justicia del Estado Iñaki Blanco, el subprocurador Jurídico y el director de la Policía Ministerial del Estado, además de mandos de seguridad pública.
“Son quienes condujeron y donde se discutió la versión final de la Verdad Histórica. Por supuesto con eso, de todas las personas que participaron en la reuniones, llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería, de las cuales tenemos las minutas de estas reuniones del 7 y el 8 de octubre de 2014, donde estaban firmadas por el entonces Procurador General de la República y participaban autoridades estatales, el propio gobernador, el ex procurador, autoridades militares y distintas corporaciones federales”, mencionó Encinas.
Se le preguntó sobre algún tipo de acción judicial que pueda ser impulsada contra los mencionados, pero aclaró que quien asumió ser responsable de la creación de la llamada verdad histórica, fue el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien se encuentra detenido desde agosto de 2022.
“Hay que hacer una aclaración puntual. Quien ha asumido la responsabilidad personal, política y jurídica de la verdad histórica, es el ex procurador general de la República, expresó en sus propias declaraciones. Sin embargo tendrá que hacerse esta investigación, qué papel desempeñó la Junta de Autoridades tanto en Los Pinos como en la Procuraduría como en el 27 Batallón de Iguala”, respondió.

“No hay distanciamiento” dice Encinas sobre relación con los padres

El subsecretario Encinas aceptó que después de la revisión de carpetas, ya no encontraron más información y que no existe ningún distanciamiento y que la Covaj mantiene la relación con los padres y con todos los representantes.
“Absolutamente no hay ningún distanciamiento, mantenemos nuestra relación no solamente con los padres y madres de familia, con sus representantes, sus abogados, las organizaciones que acompañan”, dijo.
Señaló que la principal inconformidad que tienen los padres, colectivos y representantes legales, fue la respuesta que brindó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que no quiere generar falsas expectativas a los padres.
“No queremos generar falsas expectativas. Se me hace muy poco humano generando falsas expectativas a los papás, desde que se encuentran en vida hasta que vamos a encontrarlos por lo que pudiera aparecer en una información de la Secretaría de Defensa Nacional. Yo creo que nosotros no tenemos el derecho a generar mentiras, engaños y falsas expectativas. Siempre le hemos dicho a los padres y madres de familia, que les diremos la verdad por dolorosa que ésta sea”, mencionó.